El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, seguirá detenido en el marco de la causa en la que está imputado por ser parte de una asociación ilícita que regenteaba el juego clandestino en la provincia de Santa Fe. La medida fue dictada en la tarde de este lunes por una jueza que resolvió mantener la medida cautelar de prisión domiciliaria que pesa sobre el ex funcionario.
Serjal, apresado el 11 de agosto de 2020 y a quien le concedieron el arresto domiciliario por problemas de salud en febrero pasado, seguirá en esa condición hasta el 1º de marzo de 2022 acusado de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, omisión de persecución penal y peculado de servicios en carácter de autor.
Así lo dispuso la jueza de primera instancia Eleonora Verón en el marco de una audiencia en la cual se revisó la medida cautelar impuesta al ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron que se prorrogue la detención por noventa días en función de los avances de la investigación, en tanto que la defensa se opuso y solicitó medidas alternativas menos gravosas.
En ese orden los defensores Ignacio Carbone y Renzo Biga señalaron contradicciones en las declaraciones de distintos testigos y aseguraron que ya no existen los mismos presupuestos judiciales que meses atrás llevaron a disponer la prisión domiciliaria. Asimismo aludieron al proceso personal que cursó su defendido, a salidas terapéuticas que le fueron concedidas y a la dificultad para acomodar su situación laboral estando detenido.
Luego plantearon ante la jueza que Serjal podría presentarse a acreditar su presencia en la ciudad con una firma periódica en la comisaría 2ª. Además ofrecieron la prohibición de salida del país, de “cualquier tipo de contacto con personas que se relacionen con los hechos que ha presentado la Fiscalía”, el pago de una fianza, la promesa jurada de someterse a proceso y la entrega de su pasaporte. Con el ofrecimiento de esas medidas alternativas a la prisión preventiva solicitaron la libertad del ex fiscal.
La magistrada consideró que no corresponde atenuar la modalidad de arresto porque, según entendió, se dan los presupuestos para prorrogar la detención de Serjal por tres meses. Así, resolvió mantener prorrogar la prisión domiciliaria hasta el 1º de marzo de 2022.
La causa tuvo también como imputado al fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad, quien recuperó la libertad luego de haber sido condenado a tres años de prisión en un procedimiento abreviado donde se lo reconoció como imputado colaborador y aceptó su responsabilidad como integrante de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal, en cuyo marco recibió coimas e incumplió sus deberes de funcionario público. En este caso el ex funcionario estuvo 14 meses preso en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
>>Leer más: Juego clandestino: Leonardo Peiti aceptó responsabilidades y apuntó a la política
El jueves pasado aceptó condena Peiti, quien reconoció haber entregado montos millonarios a actores de la política, fiscales y policías para desplegar su emprendimiento. Además de la rebaja de seis a tres años de cárcel el acuerdo abreviado incluyó el pago de más de 42 millones de pesos de multa como parte de la pena.
En sus declaraciones en la causa Leonardo Peiti confesó haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia. Aludió asimismo a pagos a otros senadores de la provincia con el mismo fin. En su declaración dijo haber pagado más de 250 mil dólares para tal propósito.
“Habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. El no me los pidió pero yo se los fui dejando para la campaña. Y él se los llevaba”, dijo Peiti en su testimonio.
También sostuvo que se allegó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y ex piloto de Fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, consiguió que lo recibiera el ex gobernador Miguel Lifschitz en la Casa de Gobierno. Sostuvo que en esa ocasión Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri. "Nos habrá atendido diez minutos, o sea al señor Larrauri, yo no entré, quedé afuera. Y lo sacó, lo limpió en diez minutos, le dijo que el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego y no tuvimos ninguna clase de chance ni éxito", sostuvo.