Un puñado de horas antes de que comenzara la tercera marcha exigiendo Justicia por el asesinato de Joaquín Pérez y seguridad para los vecinos de los barrios rosarinos, el fiscal de la unidad de Flagrancia Pablo Lanza acusó a dos hombres detenidos este martes en ocho allanamientos en el marco de la pesquisa sobre los asesinos del arquitecto pero sin relación, por el momento, con su crimen. Leandro Iván L. y Juan Cruz J., fueron acusados de portar dos revólveres calibre 22 cuando sus domicilios de Génova al 6600 y Olivé al 2000 fueron allanados por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la división Judiciales de la UR II. El juez de primera instancia Gustavo Pérez de Urrechu dispuso la libertad de los imputados con medidas restrictivas. A ambos se les extrajo una muestra de sangre, que hicieron voluntariamente, y mientras se realiza el cotejo de la prueba genética siguen afectados a la investigación por el crimen de Pérez.
“La sensación es que la justicia no está, no puede ser que a los pocos días de matar a Joaquín hayan matado a otro chico (Isaac Moreno) en otra ciudad y robado a una chica acá cerca. La sensación es que los delincuentes tienen vía libre para hacer lo que quieran y nosotros tenemos que estar encerrados en nuestra casa”. Con estas palabras Leandro, el hermano de Joaquín Pérez, sintetizó la tercera marcha en reclamo de justicia y pedido de seguridad realizado este viernes por la noche en Juan B. Justo y Alberdi, a pocos metros del lugar donde el arquitecto fue asesinado el martes de 19 de octubre. En el transcurso de la marcha se pintó una estrella roja, que se suman a otras seis en toda la ciudad, que simbolizan el pedido de “Basta de inseguridad”.
La noticia del crimen del arquitecto fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de los vecinos y encendió la bronca contenida. Tras el sepelio de Pérez, el jueves 21 de octubre, unos 3 mil vecinos se convocaron en la esquina de avenida Alberdi y Juan B. Justo, a 50 metros de la escena del crimen, y bramaron por justicia, mayor seguridad y pedidos de “basta de muerte ”. En esa ocasión el blanco de los insultos fueron el gobernador de la provincia y el intendente rosarino. Una semana más tarde, el miércoles 27 de octubre, una nueva manifestación se realizó en el Monumento a la Bandera donde otra vez se reunieron unas 3 mil personas. Luego de asumir el compromiso con la familia Pérez, el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, se hicieron presentes en la manifestación entre otros funcionarios y concejales. Entonces Perotti y Javkin fueron duramente increpados por la muchedumbre que reaccionó ante la presencia de las máximas autoridades que dieron la cara.
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Joaquín Fernando Pérez tenía 34 años. Trabajaba como arquitecto. Tenía esposa, Indiana, y una hija de dos años. Vivía en Juan B. Justo al 1700, en el barrio Arroyito Oeste. Alrededor de las 22.50 del martes 19 de octubre Joaquín salió de su casa para guardar su auto, un Renault Clío modelo 2006. Se dirigió a la cochera ubicada en pasaje Muñiz al 1200, a unos 70 metros de su casa y cuando se aprontaba a ingresar con el vehículo al estacionamiento fue abordado por al menos dos personas que circulaban en una moto. En circunstancias que aún se investigan, Pérez recibió un balazo en el pecho y otro en la ingle.
Los delincuentes se llevaron el auto de la víctima que poco después abandonaron en Flynn y Olivé, a nueve cuadras del lugar del asesinato. En el interior del vehículo dejaron abandonada una pistola calibre 40 marca Steyr con su numeración intacta. Pérez, herido de muerte, corrió hasta la puerta de su casa donde fue ayudado por su pareja hasta que llegó la ambulancia en la que lo trasladaron al hospital donde falleció.
El fiscal Adrián Spelta solicitó esta semana a la Policía Federal Argentina y a los peritos chaqueños una nueva pericia sobre el proyectil extraído de la víctima para confirmar o no los datos aportados oportunamente en relación al calibre del mismo, según se reportó desde la Fiscalía Regional. Es que, según trascendió extraoficialmente, Pérez habría sido asesinado con un arma calibre 40 y no por dos armas de diferente calibre tal cual se dijo hace 15 días.
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Los acusados
A dos semanas del asesinato, efectivos de Homicidios y Judiciales se desplegaron sobre ocho locaciones para llevar adelante allanamientos ordenados por el fiscal. Fue en Central Argentino (ex Intendente Lamas) al 500, en inmediaciones al parque Scalabrini Ortiz; Pacheco al 600 y Sabin y Olivé (en el barrio Sarmiento); Génova al 6600 y Chaco al 1100 bis (en Empalme Graneros); Sotomayor al 600 bis (Ludueña) y Juan B. Justo al 800 (Arroyito). En los domicilios de Génova al 6600 y Olivé al 2000 fueron demorados Juan Cruz J., de 24 años; Iván Darío L., de 47; y Luis Alfredo V., de 35. Se encontraron en ambos domicilios armas de fuego. Un revólver calibre 22, con tambor de ocho alveolos, marca Galand cargado al primero y un arma de las mismas características, aunque con un tambor de seis alveolos, marca Smith and Wesson al segundo. Y municiones para ese tipo de arma. A los dos se los sometió a una extracción de sangre, que hicieron voluntariamente, para cotejar su ADN con rastros recabados en pericias realizadas en el Renault Clío modelo 2006 que le robaron a Pérez y futuros avances en la pesquisa. En los allanamientos también fueron incautadas dos motos, Yamaha YBR, de similares características a la usada por quienes asesinaron a Pérez.
El fiscal de Flagrancia Lanza acusó a Juan Cruz J. e Iván Darío L., como autores del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En ningún momento de la acusación se hizo referencia al crimen del arquitecto Pérez. El fiscal solicitó una medida cautelar de prisión preventiva por 90 días, a lo que las defensas se opusieron, solicitando la libertad. El juez Pérez de Urrechu dio por admitida la calificación legal presentada por el fiscal Lanza y dispuso la libertad de los imputados con medidas restrictivas: fijar residencia; firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial; caución personal con la promesa de seguir sometidos a proceso; y prohibición de salir del país y entrega de pasaporte.
Hace una semana, el miércoles 27, Cristina M., una joven de 24 años, fue imputada por brindar información falsa sobre el crimen del arquitecto cometido el 19 de octubre pasado en Muñiz al 1200 cuando fue a guardar el auto en una cochera cercana a su casa de zona norte. La sospechosa denunció al 911 que los autores fueron dos hombres, uno de ellos su ex pareja con quien tiene conflictos previos. Tras imputarla por falsa denuncia y falso testimonio, Fiscalía solicitó una medida cautelar en su contra. El juez Carlos Leiva dispuso un arresto domiciliario por 90 días. Otra mujer se encuentra prófuga por el mismo delito.
