Ezequiel Hernández, el fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la Regional Santa Fe, imputó a un efectivo que presta servicio en la policía de esa ciudad por haber sustraído el teléfono celular de una de las seis víctimas de la masacre del barrio Alfonso, ocurrida en 2017 en una vivienda de calle Monseñor Zazpe al 4100, tras ingresar a la escena del crimen.
El funcionario judicial le atribuyó al efectivo de la policía identificado como Walter Attie, el delito de hurto calamitoso tras considerar que el mismo se llevó un celular Motorola modelo Moto C color negro que era propiedad de Franco Lezcano, el único sobreviviente de la matanza femicida desatada por el agente penitenciario Facundo Solís el 29 de diciembre del 2017.
Para el fiscal, la conducta de Attie fue realizada cuando el mismo se desempeñaba como Jefe de la 2ª Zona de Inspección de la Unidad Regional I. En ese sentido, ayer fuentes del Ministerio de Seguridad provincial aseguraron que el efectivo fue pasado a disponibilidad apenas conocida la decisión judicial y que se le abrió el corresponidente sumario administrativo.
En la propia escena
En este sentido, la investigación llevada adelante por la Fiscalía detectó que el funcionario policial ingresó a la vivienda donde fue atacado Franco y asesinada su madre, Sonia Noguera.
Tras el ataque y la posterior retirada de Solís de la escena del crimen, el jefe policial, aprovechando la indefensión de la víctima —según creen los investigadores— se adentró en la vivienda, vio la escena del crimen y "se llevó" el teléfono de Franco.
La imputación contra el efectivo policial llegó después de que los investigadores detectaron que el teléfono Motorola de Franco lo tenía en su poder una mujer identificada como Jésica A., quien dijo haberlo recibido del agente penitenciario. A ella la Justicia llegó mediante un informe de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación que logró establecer que el el aparato estaba en uso. A partir de la obtención de los números de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) se obtuvo la nueva línea de teléfono que se encontraba activa en el aparato el cual se encontraba en la vivienda de esa mujer, la cual indicó luego que dicho aparato había sido proveído por un hombre de la policía santafesina.
El caso además cuenta con otra imputada, Marcela S., la cual también tenía en su poder el teléfono de Mariela Noguera, la ex pareja de Solís y quien también fue asesinada aquella torrida siesta santafesina. Se trata de una vecina de la víctima a la cual en 2018 el fiscal Hernández le atribuyó el delito de encubrimiento.
La masacre
El quíntuple crimen de barrio Alfonso, en la humilde zona suroeste de la capital provincial, ocurrió el 29 de diciembre de 2017 y sacudió a toda la ciudad. El acusado de cometerlo es el agente penitenciario Facundo Solís, quien permanece detenido e imputado por el hecho. Aquella tarde en Santa Fe la temperatura ambiente superaba los 40 grados y según la reconstrucción judicial el violento episodio tuvo su inicio en la propiedad de Mariela Noguera, la ex pareja de Solís.
El agente llegó a la vivienda con la excusa de buscar a sus hijos de 9 y 5 años para pasar el fin de semana con ellos. Entonces irrumpió en la vivienda por el patio trasero, el cual es lindante a las vías del ferrocarril. Llevaba su arma reglamentaria en la mano y sin mediar palabras desató una lluvia de balas con las que mató a Ailén Soto, de 19 años e hija de la pirmera pareja de Mariela; y al novio de la joven, Yoel Airaldi, de 20 años, quien se encontraba en la propiedad en ese momento.
Los disparos calibre 9 milímetros se sintieron en toda la cuadra, confiaron entonces los vecinos, y entre quienes los escucharon estaba la propia Mariela, quien justo en ese momento llegaba de trabajar en una dependencia del gobierno provincial abocada casualmente a atender a víctimas de violencia de género.
Solís la recibió con su ira femicida, la abrazó y le disparó en la cabeza causándole la muerte. Su cuerpo quedó inmóvil, tirado en el frente de su vivienda. Los dos se habían conocido diez años antes y tuvieron los dos hijos que el penitenciario había retirado minutos antes de la casa. Pero a principios de 2017 había llegado el fin de una relación que, según contaron allegados a la familia, siempre estuvo marcada por la violencia y la humillación constante que le hacía vivir el agente penitenciario a Mariela.
El circuito homicida continuó por la vivienda de la ex suegra de Solís, la cual se encuentra junto a la propiedad de quien fuera pareja del penitenciario. Allí, Carmen "Cuqui" Loseco, de 70 años, recibió disparos mortales en su cabeza y quedó tirada en suelo.
Tras ello Solís salió de la vivienda de su ex suegra y como vio la presencia de un importante número de vecinos que intentaron abordarlo, hizo varios disparos al cielo para amedrentarlos. Su plan no había culminado. Le quedaba una víctima más. Sonia, la hermana de Mariela.
Fue por eso que se dirigió hacia la propiedad de esa mujer, en la misma cuadra, y la ejecutó además de intentar hacer lo mismo con Franco —el sobrino de Mariela— a quien el proyectil le impactó en su brazo derecho causándole sólo una herida.
Los vecinos se agruparon entonces y buscaron detener a Solís, pero éste se atrincheró hasta que llegó un sinnúmero de policías, entre ellos el oficial Walter Attie, quien era jefe de la 2ª Zona y estuvo a cargo de parte de la investigación del hecho. Incluso, el barrio se copó de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) quienes neutralizaron a Solís y luego lo trasladaron a la Sección Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.
El asesino
Facundo Solís, el ejecutor de la masacre que tiñó de sangre el fin del año 2017 de la ciudad de Santa Fe, tiene 35 años y el 11 de octubre de 2005 había ingresado al Servicio Penitenciario Provincial por lo que, según su foja de servicios tenía entonces una antigüedad de 12 años y dos meses.
Prestaba servicios como ayudante de 2ª en el Cuerpo General y estaba afectado a la Subdirección de Comisiones, Traslados y Objetivos Fijos del Área Rosario, más específicamente con asiento en la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde extraoficialmente cumplía funciones cinco días por semana y descansaba dos, los que aprovechaba para viajar a visitar a su familia a la capital santafesina.
Según esa misma foja de servicios, en el período 2005-2017 Solís no registró ningún día de suspensión ni apercibimientos, aunque sí recibió 30 días de arresto, lo que no significa que estuvo preso sino que cumplió con sanciones disciplinarias que no fueron especificadas pero que son de índole menor. Tampoco, en ese lapso, Solís recibió algún tipo de mención o felicitaciones de parte de sus superiores.
Un día después del quíntuple crimen, Facundo Solís fue sometido a una audiencia imputativa donde el fiscal Gonzalo Iglesias, junto a sus pares Mariela Jiménez y Cristina Ferraro, lo acusaron por un femicidio agravado por el vínculo, cuatro femicidios y un intento de femicidio vinculado, y el juez le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años.
Desde entonces Solís se encuentra detenido en la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. En tanto, la Fiscalía analiza junto a las dos querellas cómo avanzar en la causa. Es decir, llegar a la instancia de juicio oral luego de presentar la acusación preliminar o quizás iniciar una negociación, con el defensor Mario Guedes para arribar a un posible juicio abreviado de prisión perpetua.
el lugar. Un centenar de policías estuvieron en la escena donde el homicida asesinó a cuatro mujeres y un joven.
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