Imputaron a un agente de Prefectura por un crimen pero seguirá en libertad

La audiencia se celebró ayer en el Centro de Justicia Penal. A esa hora, allegados de la víctima junto a organizaciones de Derechos Humanos y de la Multisectorial contra la Violencia Institucional ya estaban instalados frente al edificio acompañando a la mamá de la víctima, constituida en querellante y representada por Salvador Vera y Guillermo Campana, abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Larga lucha

Fue gracias al seguimiento que estas organizaciones hicieron de la causa que hoy —a tres años y medio de ocurrido el hecho— pudo llegarse a una imputación. Bartocci es la tercera fiscal que interviene en la causa. El primero fue Miguel Moreno, que en marzo de 2017 solicitó el archivo de la causa. El expediente se desarchivó y pasó a manos de Rafael Coria, quien en julio pasado, antes de ser nombrado juez, volvió a archivar la causa nuevamente. Frente a los sucesivos reclamos de arbitrariedad, el fiscal regional Patricio Serjal reabrió el expediente y nombró a Bartocci, de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, a cargo de la investigación.

Maximiliano Zamudio fue asesinado el 27 de mayo de 2015 en barrio Tablada. Según expuso ayer la fiscal, ese día cerca de las 22.50 Zamudio estaba parado frente a una vivienda de Patricias Argentinas al 4300 (entre Ameghino y Uriburu) cuando Condori Apaza llegó al lugar conduciendo un Ford Falcon color blanco.

Según contaron algunos vecinos del barrio, en cuyos testimonios se basó Bartocci para delinear la imputación, el prefecturiano llamó a Zamudio con la mano. El adolescente se acercó y mantuvo una discusión con Condori Apaza. En ese momento se produjo la primera detonación que le ingresó al chico por debajo de la axila izquierda.

Después el agente se bajó del auto y, cuando Zamudio ya estaba en el piso, lo remató de un tiro en la cabeza. Luego, lo pateó. Estos últimos detalles los brindó la querella, que coincidió con la Fiscalía en la atribución de los hechos, aunque no en dos cuestiones fundamentales. Para la representante del Ministerio Público de la Acusación, no se trató de un caso de violencia institucional. "Condori no actuó en cumplimiento de sus funciones", dijo, y aclaró que, a su entender, no debía solicitar la prisión preventiva del prefecturiano porque cada vez que se le requirió que se pusiera a derecho, lo hizo.

En tanto, el defensor Horacio Corbacho planteó otra teoría del hecho: que el prefecto disparó al resistirse a un intento de robo por parte de Zamudio.

Decisión criticada

Lo que sí solicitó Bartocci fue que se le impusieran reglas de conducta —la prohibición para salir del país sin autorización e informar a la Justicia cada vez que cambie de domicilio— y que se le embargue un porcentaje del sueldo hasta llegar a la suma de un millón de pesos en concepto de reparación de daños y costas del proceso. La querella criticó que el MPA descartara el pedido de prisión preventiva.

Sin embargo, el juez Juan Andrés Donnola rechazó tanto el pedido de prisión como el embargo, al entender que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio. El magistrado entendió que a pesar de que la querella argumente que el imputado no tiene arraigo en un lugar ya que en forma frecuente debe mudarse de provincia porque su profesión así lo requiere (hoy vive en Termas de Río Hongo, Santiago del Estero), nunca se negó a comparecer cuando la Justicia local requirió su presencia.