Imputaron al titular de la subcomisaría 21ª por recibir coimas de un búnker de drogas

Un oficial de la policía provincial a cargo de la subcomisaría 21ª de Rosario permanecerá en prisión preventiva por 90 días tras quedar imputado como responsable de recaudar dinero de un búnker a cambio de no denunciar la actividad ilegal y la explotación a la que eran sometidos quienes allí trabajaban.

Se trata del agente Fernando M., de 49 años, a quien la fiscal Viviana O'Connell lo imputó por los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. También por los delitos de desobediencia y amenazas. La jueza de Silvia Castelli le dictó la prisión preventiva efectiva.

O'Connell le atribuyó al agente haber recibido dinero proveniente de un punto de venta de drogas de Rosario, que era atendido por personas privadas de su libertad y sometidas a servidumbre, de modo que la investigadora consideró que el policía no cumplió con las obligaciones propias de su cargo en su carácter de funcionario publico.

Los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2023, cuando Fernando M. se desempeñaba como oficial a cargo de la subcomisaría 21ª, ubicada en Ayala Gauna al 7900, en el barrio Siete de Septiembre.

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De acuerdo a la investigación, el pasado 22 de septiembre, a las 20.30, el imputado insultó y se abalanzó con intenciones de golpear a una persona que lo identificó como quien iba a pedir coima al búnker de drogas. Sin embargo, no logró su cometido dad la intervención de un agente de la comisaría 17ª que había trasladado a la víctima a esa dependencia.

O'Connell también expuso que, al día siguiente de ese altercado, personal de la Agencia de Control Policial (ACP) se presentó en la Comisaría 21 de Rosario alrededor de las 4 de la madrugada con una orden de un fiscal para secuestrar el celular del oficial, quien se negó a entregarlo y adujo que no había motivos para llevar a cabo el secuestro de su dispositivo móvil.

Sin embargo, agentes de la ACP comenzaron a grabar el procedimiento a partir de una nueva consulta con la Fiscalía pertinente y fue así que entregó su celular en el marco de la investigación que se venía llevando a cabo por incumplimiento en sus deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y amenazas.