Imputados de una fallida estafa telefónica donan cuatro millones a instituciones

Dos hombres oriundos de Mendoza fueron acusados de intentar estafar a un vecino de Esperanza. Los imputados, detenidos porque la víctima se dio cuenta de que la estaban intentando engañar, fueron liberados merced a un acuerdo que incluyó una reparación económica de más de cuatro millones de pesos a instituciones de bien público.

Según indicaron fuentes de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Héctor Fernando T., de 26 años, y Pablo Enrique A., de 33, fueron imputados la semana pasada de una fallida estafa telefónica. El hecho ocurrió el viernes 30 de agosto cuando un hombre que vive en Esperanza atendió un llamado telefónico en el que una mujer pretendió hacerse pasar por familiar.

“La mujer trató de engañarlo —contó el fiscal Alejandro Benítez— con el ardid de que una serie de billetes de dólares están por salir de circulación. En tal sentido lo instó a recoger los dólares que tenía en su casa para que se los diera a una persona que pasaría por su casa a retirarlos”.

Tal vez por ser un ardid conocido desde hace tiempo, la víctima entendió enseguida que la llamada era un engaño. Entonces, comentó el fiscal, tomó otro teléfono con el cual se comunicó con la central 911 para denunciar lo que sucedía mientras intentaban timarlo. En ese marco la víctima dio vuelta la situación y les hizo creer a los estafadores que había caído en el ardid.

Así, agregó Benítez, la Policía montó un operativo cerrojo en las inmediaciones de la vivienda con la intención de atrapar a quienes fueran a la casa del hombre a buscar los dólares que éste supuestamente les iba a entregar. “Alrededor de las 13.30 (del viernes) los uniformados vieron llegar a dos hombres a bordo de un auto Renault Logan quienes resultaron ser los que iban a buscar el dinero. Así fueron detenidos”, explicó el fiscal.

Los sospechosos, oriundos de Mendoza, fueron imputados el miércoles de la semana pasada como coautores de una tentativa de defraudación por estafa.

Pero para la discusión de la medidas cautelares, en una audiencia prevista unos días después, las partes llegaron con un acuerdo ante el juez Pablo Ruiz Staiger quien, a partir de ello, dictó una serie de medidas cautelares no privativas de la libertad.

Entre las reglas de conducta que deberán cumplir, los imputados deberán fijar domicilio en la provincia de Mendoza y tienen prohibido el ingreso a la ciudad de Esperanza. Pero además tuvieron que concretar una serie de reparaciones económicas por 4.300.000 a instituciones esperancinas de bien público.