El 3 de septiembre de 2003 un hombre irrumpió en un campo de Bouquet al que llegó diciendo ser el nuevo dueño, escoltado por tres acompañantes, con un nuevo candado para la tranquera y sin las llaves del chalet. La denuncia de usurpación que realizó el propietario original del terreno dejó al descubierto una ambiciosa estafa para quedarse con tres estancias a su nombre en las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, por un valor que supera los 40 millones de dólares. Tras un litigio de doce años, la Justicia consideró demostrado que el falso comprador se valió de firmas obtenidas mediante engaño para esgrimir boletos de compra de inmuebles que nunca pagó, por lo que fue condenado a 3 años de prisión condicional.
Esta es la primera condena que recae sobre César Manuel M., aunque su nombre aparece en una serie de investigaciones en curso en Tribunales por estafas con inmuebles de mecánica similar. En una de esas causas se investiga el despojo de propiedades a la familia política de Guillermo Peyrano, el abogado de 59 años que el 18 de mayo pasado fue baleado desde atrás y a mínima distancia cuando llegaba a la esquina de España y Santa Fe. Una bala —se presume que calibre 22— le ingresó por la zona del cuello y se alojó en la mandíbula (ver aparte).
El agresor escapó, pero la pesquisa judicial maneja como única hipótesis que el atentado está relacionado con el expediente penal por la estafa a familiares de Peyrano, en la que él representa a las víctimas. Desde ese rol, el profesional había descubierto que César M. acumulaba varias causas por delitos de guante blanco con el mismo modus operandi. Entre ellas, la estafa millonaria con campos en la que terminó condenado a 3 años de prisión condicional, que se detalla en esta nota.
La condena, que cobró notoriedad tras el ataque al abogado, fue dictada el 26 de junio de 2014 por el juez de Sentencia Nº 4, Julio Kesuani. Los defensores de M. apelaron y en marzo pasado fue confirmada por los camaristas Carlos Carbone, Carina Lurati y Adolfo Prunotto Laborde. Los jueces advirtieron numerosas pruebas de que existió un ardid para desapoderar de los campos a Donato B., el denunciante. César M. se puso en contacto con él a través de dos comisionistas contratados por el hacendado para promover la venta conjunta de tres campos. Uno tiene más de 1.000 hectáreas y está en la localidad de Bouquet. Otro está en Villa Minetti y el tercero en Santiago del Estero. El valor total es de 40.180.000 dólares.
Todos de acuerdo.PUNCTUATION_SPACESegún consideró probado el fallo, M. demostró interés en las propiedades y adujo solvencia presentándose como el director de una sociedad anotada en Uruguay, Tofinex S.A. En medio de las tratativas, los intermediarios promovieron una reunión que se realizó en el Hotel Riviera de Rosario donde se pactaron los términos de la operación.
Allí, B. firmó un boleto de intención de venta por las tres estancias donde se establecía que el precio iba a pagarse antes del 31 de agosto de 2003. Finalizada la reunión ocurrió una cosa extraña: cuando se dirigían al banco para concretar el pago, M. dijo que debía continuar su viaje por compromisos urgentes y se acordó realizarlo en sus oficinas de Montevideo.
Según denunció Donato, la venta nunca se materializó. Pero volvió a recibir noticias de M. en septiembre de ese año cuando ocurrió la usurpación de las estancias de Bouquet. Entonces, M. y tres laderos irrumpieron en la estancia Las Margaritas, colocaron un candado en la tranquera y "pretendieron entrar al chalet por la fuerza", según declaró el casero. Al día siguiente, se produjo una "cinematográfica y delictiva" incursión del hijo de M. y supuestos empleados de Tofinex para tomar posesión de los campos, luego de que su padre se presentara en la comisaría del pueblo "atribuyéndose el título de propietario, sin escritura".
El engaño.PUNCTUATION_SPACECitado a dar explicaciones en la causa penal, M. exhibió en su defensa tres supuestos boletos de compraventa fechados el 13 de agosto de ese año y con la firma de B., en los que se fijaba el monto de la operación y constaba que el vendedor hacía entrega de las llaves de los campos de Bouquet.
Sin embargo, tras más de una década de investigación, la Justicia llegó a la conclusión de que se trató de documentos falsos. Una pericia caligráfica oficial determinó que la firma de B. habría sido obtenida intercalando papeles cuando firmó el boleto de intención de venta.
"La firma obrante en el recibo de pago es factible que se haya logrado por la interpolación de otros documentos", concluyó el perito oficial, quien encontró "llamativas similitudes de textura y configuración con el papel utilizado al firmar B. la carta intención de venta".
Para los camaristas, entonces, lo más probable es que entre las hojas de la carta intención se intercalaran los falsos recibos de pago. Carbone, Lurati y Prunotto revisaron el fallo tras la apelación interpuesta por los abogados de M., Néstor Vico Gimena y Absalón Casas. Los abogados pidieron la nulidad de la sentencia, lo que no prosperó. En cambio, los jueces de segunda instancia encontraron "indicios numerosos, graves y concordantes".
Los jueces partieron de analizar la declaración que brindó M. en su indagatoria. Entonces planteó que se había relacionado con B. a través de dos corredores inmobiliarios y que tras "innumerables tratativas" firmaron los boletos. Dijo que le pegó en mano 4.300.000 dólares a B. por los campos de Bouquet y Villa Minetti en sus oficinas de Montevideo. Y que quedó pendiente el pago de los inmuebles de Santiago del Estero, pero no lo concretó al advertir que B. no era el único dueño.
"Ante la prueba de cargo reunida en el expediente ese relato se demuele y muestra al discurso como un efugio para zafarlo de su responsabilidad penal", contestaron los jueces. Un elemento que tuvieron en cuenta es que M. adujo que había comprado Tofinex para "especulación de capitales en el exterior", pero él mismo admitió que era una sociedad anónima de un solo socio y un presidente (el propio M.) y la única inversión que intentó fue la compra de los campos de B. Un contador declaró que "los libros que le dio M. estaban en blanco" y que "las declaraciones de Iva tampoco tenían movimiento".
"Ninguna operación previa o posterior se registró en los libros contables", remarcaron, y evaluaron que "esto es otro indicio" de que la sociedad sólo se usó para aparentar solvencia. Otro dato es que no requirió informes las propiedades antes de la compra. Se evaluó ilógico que quien desea comprar campos millonarios no se informe sobre su estado.
Sin escribano.PUNCTUATION_SPACE"Llamativamente, el recibo es el único medio con el cual pretende acreditar el pago por la compra de los campos", dice el fallo. Además, se consideró llamativo que no intentara escriturar las propiedades y se conformara con simples boletos. El propio escribano de M. declaró en su perjuicio al revelar que su cliente no le informó del pago y "nada hizo para obtener la escritura de los boletos que vencían el 31 de agosto".
"Resulta incomprensible que su propio escribano de confianza no se haya enterado por boca de éste de semejante pago, contrariando el orden normal de las cosas de cualquier hombre de negocios si en realidad abonó más de 4 millones de dólares y se conforma con un simple recibo, sin la más mínima intervención de su escribano", plantearon los camaristas, para quienes "B. nunca quiso firmar lo que se dice que firmó y fue fruto de un montaje en el encuentro celebrado en el Hotel Riviera". Por último, pesó en su contra la declaración de los comisionistas, que no cobraron un peso por la supuesta operación millonaria.
Atentado contra un abogado
El abogado Guillermo Peyrano, víctima de un intento de asesinato a metros del Paseo del Siglo, recibió luego un escrito anónimo donde se advertía sobre seguimientos a sus familiares: “Señor Peyrano: Deshaga lo que hizo”, rezaba. El profesional representa en una causa penal a una mujer de su familia política que fue víctima de un ardid atribuido a César M. Le iniciaron un juicio de escrituración, a partir de un boleto que se reveló adulterado, por el cual cedía un campo Gómez y un departamento en Rosario por un precio irrisorio.
Sospecha
La fiscal Marisol Fabbro analiza si la persona condenada por estafa tiene relación o no con el atentado al abogado Guillermo Peyrano.
