Carlos “Tuerto” Aranda tenía 49 años y fue hallado muerto la medianoche del jueves en la celda que ocupaba en la prisión de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe, donde cumplía la pena de prisión perpetua como uno de los siete condenados por el crimen de 14 presos rosarinos cometido el 11 de abril de 2005 en la cárcel de Coronda en la masacre más grande que vivió la historia penitenciaria provincial.
Voceros del Servicio Penitenciario (SP) indicaron que el hombre se habría quitado la vida por ahorcamiento y la Fiscalía de la capital provincial ordenó la correspondiente autopsia bajo el Protocolo de Minnesota, que dispone medidas puntuales para las muertes de personas que están bajo custodia del Estado.
De acuerdo con los primeros datos, los carceleros avisaron que cerca de la medianoche del jueves en la última requisa del día hallaron muerto a Aranda en su celda del pabellón de “resguardo físico”. El suboficial a cargo informó a la Dirección del Servicio Penitenciario y desde allí partió la notificación al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que ordenó las medidas de rigor al personal del área Científica y de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En ese sentido, los forenses que llegaron al penal ubicado en el noroeste de la capital sostuvieron que Aranda “tenía una tela alrededor del cuello”. Tras las primeras pericias en el lugar el cadáver fue remitido a la morgue judicial para la correspondiente la autopsia bajo el Protocolo de Minnesota.
Aranda estaba en prisión desde 1997 y fue el segundo de los condenados por la masacre que falleció. En 2018 el que murió fue Oscar “Loco” Gutiérrez tras haber sido operado en reiteradas oportunidades por tragarse cucharas, pilas, tornillos y hasta cuchillos.
Ya han transcurrido 18 años desde la tarde del lunes 11 de abril de 2005 cuando alrededor de 40 reclusos santafesinos alojados en el pabellón 7 tomaron la cárcel de Coronda, donde había 1.400 internos, por casi 12 horas. Los presos redujeron a dos guardiacárceles, Oscar Yosviak y Eduardo Daniel Marchesín, y se dirigieron con armas de fabricación casera hacia los pabellones 1, 3, 9 y 11 donde estaban alojados internos oriundos de Rosario y la zona sur provincial a quienes sorprendieron indefensos. La masacre fue perpetrada con chuzas, golpes y decapitaciones, incluso quemaron vivos a dos reclusos de manera selectiva debido a que buscaron a sus víctimas con nombres y apellidos.
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La investigación de semejante episodio jamás develó el móvil que llevó a los presos a cometerlo: algunas versiones apuntaron a robos entre presos del sur y el norte provincia; e incluso se habló de abusos sexuales cometidos en perjuicio de familiares que llegaba a las visitas. Otra hipótesis habló de que desde un sector del Servicio Penitenciario alentaron las diferencias entre rosarinos y santafesinos molestos por una política dialoguista que por entonces llevaban adelante las autoridades. Mientras una tercera línea investigativa fue que simplemente las autoridades miraron para otro lado.
Las 14 víctimas fatales fueron Diego Hernán Aguirre, de 23 años; Cristian Adrián Heredia, de 27; Walter Enrique Gómez, de 33; José Itatí García, de 29; Juan Manuel Ortigoza, de 27; Amelio Abel Mercado, de 26; Ramón Alberto Duarte, de 27; Sergio Damián Duarte, de 24; Sergio Pablo Frías, de 32; Carlos Ariel Barreto, de 26; Jorge Raúl Yanuzzi, de 27; Juan Díaz y Fabián Ezequiel Benítez, de 22; y Ramón Andrés Valenzuela, de 30 años.
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En diciembre de 2018 el ya fallecido juez Mauricio Frois condenó a prisión perpetua a Carlos “Tuerto” Aranda junto a Oscar “Loco” Gutiérrez, Luis Romero, Rodrigo Romero, Ariel Rojas, Juan Pablo “Chino” Massa y Luis “Salpicado” Romero como “coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito y homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en catorce oportunidades en concurso real”.
Además, los presos Rafael Lemaire, Juan Pablo Cantero y Marcelo Enrique recibieron 10 años de prisión como “coautores de privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito”.
En 2010, Lemaire fue absuelto mientras que dos años más tarde hubo una investigación para determinar el grado de responsabilidad de los agentes penitenciarios que fueron tomados de rehenes, al igual que los ex jefes del penal Oscar Mansilla y Carlos Monti. Pero todos fueron absueltos. Yosviak y Marchesín estuvieron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo, agravado en catorce oportunidades. Mansilla estaba acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público con homicidio culposo en cuatro oportunidades”. Y Monti fue señalado por homicidio culposo agravado en cuatro oportunidades.