La imposibilidad de comprar agua mineral en las barras, un único puesto de hidratación, ausencia de ventiladores, una excesiva cantidad de gente y falta de agua en los baños fueron las condiciones que un fiscal federal consideró comprobadas a lo largo de la investigación sobre una fiesta electrónica en la que murieron dos personas en el complejo Punta Stage de Arroyo Seco, el 31 de diciembre de 2016. Con el acento en esas irregularidades el fiscal Federico Reynares Solari acusó a cuatro organizadores del evento por el facilitamiento del espacio para la venta y consumo de drogas y a un exintendente de esa ciudad por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La lectura de la requisitoria de elevación a juicio de los cinco acusados insumió gran parte de la primera jornada del juicio oral iniciado el martes en los Tribunales Federales de Rosario, donde se debaten presuntas responsabilidades penales ligadas a la logística de la fiesta. Si bien la investigación se originó por las muertes de la rosarina Giuliana Maldovan, de 20 años, y del nicoleño Lucas Liveratore, de 34, el fiscal aclaró que el asunto a discutir es si los organizadores de la fiesta facilitaron el uso de drogas químicas, sin estrategias para atenuar los riesgos de su consumo.
Sólo uno de los implicados aceptó declarar para despegarse de las imputaciones. El resto se presentó formalmente ante el tribunal oral integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez Ferrero y Eduardo Rodríguez da Cruz.
La próxima audiencia será en una semana, el miércoles 26 de marzo, cuando se espera que comience la presentación de pruebas de las partes. Está prevista la declaración de alrededor de treinta personas, entre ellos testigos de carácter reservado. Las restantes jornadas serán los días 9, 16, 23 y 30 de abril y el 14 de mayo.
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La instrucción del caso estuvo a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto con la participación de Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad. En la instancia de juicio lleva adelante la acusación Reynares Solari, quien en la jornada de apertura leyó el escrito de elevación a juicio. Una pieza de 70 páginas donde constan los nombres de los acusados, qué delitos les imputan, un repaso de las pruebas y las declaraciones previas de los imputados.
Fiesta mortal
En su exposición de apertura, el fiscal recordó que la investigación se originó a partir de notas periodísticas que daban cuenta del fallecimiento de dos personas como consecuencia de la ingesta de drogas sintéticas en la fiesta electrónica “Sasha New Year Eve’s” realizada entre la noche de 31 de diciembre de 2016 y el 1º de año de 2017 en el complejo Punta Stage, frente a la rotonda de acceso a Arroyo Seco en la autopista Rosario-Buenos Aires. Ya entonces los testimonios referían la venta de drogas químicas en la fiesta así como situaciones de hacinamiento, falta de bebidas y maltrato policial.
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Así, recordó el fiscal, se corroboró que la organización de la fiesta estuvo a cargo de la empresa productora Live Art Producciones, en manos de Alan David Van Brook y Gino Piazzese Scaglia, creada en 2015 y ligada a actividades de música electrónica. El predio fue alquilado por Germán Pablo Dalinger como dueño de la empresa Yameli SRL, quien “asumió un papel preponderante, tanto en la relación comercial como en el marco de la organización de la fiesta”, indicó. Los tres fueron acusados por facilitamiento del espacio para la venta y consumo de estupefacientes.
Por el mismo delito se suma al banco de acusados Esteban Gómez, encargado del mantenimiento y la logística del local, quien estuvo presente en la fiesta y “era responsable de los controles ante las autoridades municipales y de requerir servicios de policía adicional”. En la audiencia de apertura se expuso que Gómez estaría en tratativas para resolver su situación mediante un procedimiento abreviado, pero el trámite aún debe sortear instancias de revisión.
Por último, a quien fuera intendente de Arroyo Seco por esos días, Nizar Esper, se le atribuyen presuntas responsabilidades “teniendo en cuenta el deber de control que la municipalidad debe ejercer en eventos de estas magnitudes”. En su caso, se le reprochó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Límites
Las pruebas recabadas a lo largo de casi diez años de investigación constan de notas periodísticas, extractos de redes sociales, informes policiales, copias de contratos y declaraciones testimoniales de asistentes al evento. Los testigos contaron que se dificultó la hidratación de las personas y refirieron maniobras de comercialización de estupefacientes que “podrían haberse desarrollado con conocimiento de quienes manejaban el lugar investigado”, apuntó Reynares Solari.
“Hace ocho años que voy a fiestas electrónicas y nunca vi una cosa como esta”, dijo uno de los testigos citados en el escrito judicial. “No había espacio para una persona más”, apuntó otro asistente a la fiesta. También constan declaraciones de personal médico y de un enfermero presente en servicio sanitario en la fiesta, quien atendió a personas con cuadros de hipertensión y posible ingesta de estupefacientes.
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“La pesquisa logró determinar que los principales imputados se esforzaron para que a la fiesta asistiera la mayor cantidad de personas posibles, sin importar el límite estructural del inmueble, creando un ambiente propicio para el uso y comercio de sustancias estupefacientes, todo ello con el claro objetivo de maximizar los réditos económicos del evento”, señala el planteo fiscal.
La prueba reveló que el límite máximo real de personas que podía soportar el predio era de 1.850 personas en una superficie de 2.872 metros cuadrados. Un límite que surge de una ordenanza municipal mencionada en la acusación. Al respecto Dalinger, el dueño predio y único imputado que aceptó declarar, se despegó de las acusaciones e indicó que se había gestionado una “habilitación especial para 3.200 personas”.
