"Miramos dentro de la cárcel y vemos gente pobre. Encerramos a jóvenes
desaventajados de los suburbios sin instrucción ni capacitación laboral". La descripción
corresponde a Alfredo Pérez Galimberti, defensor jefe de la provincia de Chubut que vino a Rosario
a hablar sobre un dato que hoy nadie pone en duda: la selectividad del sistema penal. Mientras los
clientes de los tribunales son siempre los mismos, señala, "hay sujetos a quienes el sistema no
apunta. Los CEO, los altos ejecutivos y las compañías financieras no van a pagar por la crisis. No
hay ley penal para ellos".
El funcionario disertó la semana pasada en el congreso de Derecho Procesal Penal
en un panel sobre justicia penal y exclusión social. Fue uno de los impulsores de la reforma
procesal que tres años atrás inició la provincia de Chubut, similar a la que comienza ahora en el
fuero penal santafesino. Es adjunto del defensor general de la provincia y conoció la máquina de
juzgar desde distintos engranajes: fue fiscal, juez de Instrucción y de Sentencia.
—Santa Fe está ingresando a un proceso de cambio de su sistema penal. ¿Basta la
reforma para que no se juzgue siempre a los mismos?
—No, en absoluto basta. Tenemos que pensar que en Argentina la cuarta
parte de los jóvenes son inviables: no estudian, no trabajan y no van a tener seguridad social. Si
no construimos políticas públicas para esto, no hay manera de controlar la conducta desviada. Ahora
bien, ¿trabajar en el enjuiciamiento carece de sentido? No, porque cada uno debe hacer su parte. Si
el sistema penal es opaco y sin publicidad hay que trabajar para que sea rápido y disminuir la
cantidad de gente en prisión preventiva, lo que genera una ventaja cualitativa importante. Pero que
nadie piense que va a modificar la desigualdad estructural. Para eso hace falta un conjunto de
políticas públicas.
—¿Se están implementando estrategias en Chubut para reducir este efecto de
selectividad?
—Implementamos salidas alternativas. La salida del proceso penal en la
idea de la máquina fordista es la cinta de transmisión: empieza por poner el chasis y las ruedas y
así va produciendo hasta que llega a la sentencia. Esto es carísimo y carece de sentido darle la
misma respuesta a todos los conflictos. No tiene nada que ver la violencia doméstica con el robo de
autos o una defraudación bancaria. Hay conflictos que deberían ser solucionados por otros
mecanismos menos rigurosos. La conciliación, la reparación, escuchar a la víctima es importantísimo
para sacar una gran cantidad de casos de la línea de Ford. De los casos que ingresan a la oficina
judicial de Esquel, el 60% se resuelven por salidas alternativas.
—¿Y esto en qué contribuye a evitar que la penalización alcance a un mismo sector
social?
—El efecto concreto es que cada vez que una persona es puesta en prisión
preventiva entra en contacto con una sociedad criminal. De manera que es pésimo poner en prisión a
gente por delitos de baja lesividad. Si logramos no encarcelarlo en esos episodios, evitamos que
forme parte de esa sociedad criminal.
—¿La selectividad es sólo responsabilidad del sistema penal o también la sociedad es
responsable cuando reclama mano dura contra un sector específico de la población?
—El delito que molesta a la sociedad es el delito grosero: el homicidio,
el abuso sexual, el robo. Pero también existe el delito de cuello blanco. Si yo vendo zapatos y
logro abaratar mi producto aunque sea ilícito, otros van a hacer lo mismo para no perder la
posición en el mercado. Porque así es el mundo de los negocios, aunque seamos padres de familia
correctos.
—Pero esto no es percibido como delito.
—Eso es percibido como una conducta comercial incluso lícita y razonable.
La criminología en un momento se empezó a preguntar quién hace las leyes: los que juegan al golf
con los bancarios. Y los jueces que las aplican están también ahí. La ley está hecha para que no se
cumpla: es más fácil perseguir a los pobres que a la criminalidad organizada y los mercados del
delito. En Argentina hace diez años que tenemos una ley de lavado de dinero y no hay una sola
condena. En muchos años no tuvimos una sola condena por evasión impositiva. La enorme masa de
dinero que es detraída del Estado, que podría operar sobre ella para brindar seguridad social,
desaparece. Esta mala junta entre el dinero y el poder que detrae dineros en beneficio de unos
pocos genera exclusión y desigualdad social. Por eso no se debe pensar la seguridad como una cosa
autónoma y desconectada del problema de exclusión. Queremos un sistema penal más eficiente, pero
esto no debe traducirse —como en Chile— en el doble de encarcelamiento. Queremos más
transparencia, pero no acentuar la selectividad ni que el sistema penal se convierta en la panacea
porque no resuelve los problemas sociales.
