"Las expresiones del ministro de Seguridad han sido poco prudentes y además infundadas", dijo ayer el ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta en respuesta a las expresiones de Maximiliano Pullaro, quien tras conocer que el imputado por el homicidio de Fabricio Zulatto era un ex convicto que gozaba de libertad condicional expresó que los responsables "en los temas de seguridad no nos podemos hacer los boludos", y en ello echó parte de culpas al Poder Judicial al decir que "una persona condenada a 13 años de prisión por un homicidio calificado y agravado por el vínculo estaba en la calle y volvió a matar porque para algún juez garantista 13 años son sólo 6".
Erbetta remarcó que "los jueces no son quienes diseñan políticas generales o específicas de seguridad, ni estrategias de prevención situacional del delito; tampoco tienen a cargo la investigación penal que hoy llevan los fiscales. Tampoco son responsables de los 23 homicidios ocurridos en los últimos 30 días".
En declaraciones a La Capital, Erbetta expresó que "esas políticas son responsabilidad del ministro de Seguridad. A él también le compete conducir a la policía, que es un capítulo decisivo del problema. Los jueces no tienen competencia en temas de seguridad; sólo están adiestrados para intervenir en un caso individual y resolverlo conforme a los principios y la ley aplicable. Por ello, el espacio de decisión de cada juez es sagrado y ni un juez de revisión, ni de la Corte, pueden indicarle a otro juez cómo resolver un caso o qué pena aplicar. Mucho menos puede hacerlo un funcionario de otro poder del Estado. No sólo porque carece de competencia funcional y profesional, sino porque en un estado de derecho tiene prohibido hacerlo. Y ello porque la independencia de un juez es una garantía del ciudadano, no un privilegio del juez".
Cambio de sistema. Acerca del caso en particular al cual Pullaro se refirió, es decir la libertad condicional que gozaba Andrés Soza Bernard, imputado de matar a Fabricio Zulatto, Erbetta dijo que "es un caso del sistema penal anterior", y remarcó que "el nuevo sistema ha significado un avance enorme, no sólo en producción cuantitativa a pesar de que faltan cubrir cargos, sino también en cuanto a la calidad del proceso de los casos y de las decisiones. También ha sumado publicidad y transparencia y ha fulminado la delegación de funciones. Hoy fiscales, defensores y jueces dan la cara a la sociedad y deben resolver en audiencias públicas con todo lo que eso significa", dijo Erbetta, antes de citar que "en Rosario hay más de 45 audiencias orales por día y los camaristas tienen entre 4 y 6 audiencias diarias. Por eso es irresponsable que a jueces que trabajan de esa forma se los maltrate públicamente o se los estigmatice como enemigos de la sociedad y mandarlos a la hoguera pública".
Acerca de la interpretación que los jueces hacen de las leyes, también criticado por Pullaro, el ministro de la Corte dijo que "para afirmar eso hay que tener elementos y hacerlo causa por causa. Cada decisión puede ser revisada, y si un juez incurre en una irregularidad hay recursos institucionales para removerlo. Lo único que no se puede pretender es que los jueces violen la ley que deben aplicar, salvo que se pretenda que los jueces fallen en contra de la ley". Y explicó que "un juez antigarantista es una contradicción ya que el garantismo es el sometimiento del juez a la Constitución y la ley, y como tal es bifronte, protege los derechos de la víctima y los derechos del imputado".
Sin slogans. "Aquí nadie es ingenuo y todos sabemos lo fácil que es construir sentido común en base a slogans, explotando el dolor de las víctimas y las necesidades de seguridad totalmente justificadas de la sociedad", dijo Erbetta, "pero el problema de la inseguridad es mucho más complejo y no reconocer esa complejidad es la causa de tantas frustraciones; como también lo es, tal lo denunciado por el Papa Francisco, el creciente desprecio por el saber de los especialistas y por todo dato de la realidad que permita conocer el problema a solucionar. Yo puedo decir lo que el destinatario quiere escuchar, pero 30 años de docencia y mi cargo me obligan a actuar responsablemente aunque ello me genere incomodidades".
Erbetta dijo que "nunca el aumento de las penas tuvo como correlato la disminución del delito porque la pena se aplica cuando el hecho ya ocurrió. Pero si eso tranquiliza a alguien, le digo que con el sistema penal nuevo aumentó la tasa de presos, lo cual abre otra alarma para el Poder Ejecutivo, porque de mantenerse ese crecimiento se va a poner en crisis el sistema penitenciario y de comisarías".
"Es cierto que el discurso de las penas duras tiene mucha eficacia política y aceptación social porque canaliza pulsiones de venganza que todos tenemos. Es la misma matriz del discurso medieval, pero Torquemada no tiene un solo monumento en ninguna escuela o universidad pública de países democráticos. Y por eso no hay que engañar a la sociedad. Ese no es el camino, y los jueces no tiene ninguna posibilidad de trazar el camino para darle a la gente más seguridad", dijo Erbetta.
Finalmente, el ministro de la Corte dijo estar "preocupado porque, en suma, estamos poniendo en discusión nada más y nada menos que una cuestión central del estado de derecho como es la vigencia de la Constitución y las leyes. Y si algo no puede hacer quién tiene responsabilidades institucionales es demonizar en el otro o hacer nombre propio".
