El juez federal número 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, elevó a juicio oral y público la causa que tiene como uno de los principales imputados al ex jefe de policía de la provincia, Hugo Damián Tognoli, acusado de "conformar una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes", organización de la que también eran parte el comisario Néstor Juan Fernández, el cabo Carlos Alfredo Quintana y el supuesto narcotraficante de Villa Cañás Carlos Andrés Ascaíni, todos los que quedaron en situación de sentarse en el banquillo de los acusados. El dictamen del magistrado se conoció a última hora del viernes, cuando empezaron a ser notificados los abogados defensores de cada uno de los procesados, pero hasta ayer no se sabía en que momento se realizarán las audiencias en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900. A la causa en cuestión se le anexaron otros tres expedientes que serán ventilados en el mismo proceso y que contemplan la acusación a otras 23 personas, la mayoría de ellas acusadas de tenencia de estupefacientes para su comercialización. En ese grupo se destaca Aldo "Totola" Orozco, otro supuesto líder narco que habría tenido vínculos con Ascaíni y protección policial en su base de operaciones de Firmat.
En un escrito de 41 páginas, el juez Bailaque dispone "clausurar la instrucción" de las causas y remitirlas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que corresponda según sorteo para la realización de las audiencias. También decide "rechazar las oposiciones" de elevación a juicio efectuadas por algunas de las defensas; "rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba" solicitado por el representante de una de las mujeres integrantes de la banda narco; "sobreseer parcialmente" a los imputados Mauro Andrés Miguenz, Andrea Noemí Albelo y Carlos Alfredo Quintana; y "revisar" las faltas de méritos dictadas a seis personas involucradas.
La novedad judicial se conoce a poco menos de un mes que Tognoli fuera condenado por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, el 27 de octubre, a "6 años de prisión y una multa de 40 mil pesos además de una inhabilitación especial por el tiempo que dure la pena, por los delitos de encubrimiento (al narco Daniel "El tuerto" Mendoza) triplemente agravado por tratarse de un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público; incumplimiento de los deberes de funcionario público; e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, en concurso ideal entre sí y en concurso real con el delito de coacciones" en perjuicio de Norma Castaño (líder de la ONG Madres Solidarias).
Idas y vueltas. Hugo Tognoli llega a este juicio después de entregarse en los Tribunales Federales de Rosario el 21 de octubre de 2012, pocas horas después de renunciar a la jefatura de la policía de la provincia y dos días después de que el diario Página/12 publilcara una nota en la que se daba cuenta de una investigación que llevaba adelante la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la cual supuestamente se desprendía que el alto oficial encubría el accionar de Carlos Andrés Ascaíni. Esa investigación era tramitada por la fiscal Liliana Bettiolo y el juez federal Carlos Vera Barros, quien en diciembre de ese año dictó la falta de mérito del jefe policial por la insuficiencia de las pruebas existentes.
Sin embargo, una decisión política de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, llevó a que la fiscal Bettiolo sea separada de la causa por no apelar la falta de mérito y en su lugar se hizo cargo su par Juan Patricio Murray. Este funcionario, con los mismos elementos acusatorios que la causa había recolectado hasta esa instancia, modificó la figura penal y pidió que tanto Tognoli como Ascaíni, Fernández y Quintana sean inculpados de conformar una "empresa criminal conjunta" para la comercialización de estupefacientes, figura que sólo se había utilizado en juicios de lesa humanidad. De esa manera el ex jefe policial fue apresado nuevamente el 5 de marzo de 2013 y desde entonces está tras las rejas, ya que la Justicia prorrogó dos veces su prisión preventiva y el próximo 22 de febrero cumplirá tres años en prisión.
Los roles y la clave. Para el juez Bailaque, Carlos Andrés Ascaíni desarrolló junto a Tognoli, Fernández y Quintana "una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes siendo ese su aporte funcional, mientras que Tognoli se ocupaba de la protección del normal desarrollo de dicha actividad ilícita mediante la evitación de que fuera frustrada tanto por la fuerza policial que tenía a su cargo como por otras fuerzas policiales que eran puestas en evidencia". Además, dice el dictamen, en ese marco Tognoli "convalidó como responsable las consultas efectuadas a pedido" de Ascaíni el 25 de spetiembre de 2009 desde el código "segu210183 asignado a Fernández y luego informadas por Quintana, en cuanto a que los vehículos que lo estaban siguiendo pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permitiéndole evadir la investigación y la acción de la Justicia y continuar con el tráfico de estupefacientes con cuyas ganancias se beneficiaban".
Traducido. Eso significa para el juez que el código "segu210183" con el que los investigadores de la Brigada Operativa VIII de la ex Drogas Peligrosas que entonces conducía Fernández podían acceder a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor, no era responsabilidad de ese comisario sino del propio Tognoli, cuando en realidad éste ya se la había delegado al coimputado mediante sobre cerrado y sin conocer tal código según documentos que obran en la causa.
En cuanto al expediente Orozco, a Ascaíni el juez lo vincula como a otros 16 imputados por la tenencia de estupefacientes para comercialización hallados en diferentes allanamientos realizados en Firmat, Venado Tuerto, Villa Cañás y otras localidades del departamento General López en donde operaba la banda por abril de 2013. Y en este caso, a Tognoli le achaca "el tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, doblemente agravado pro haberse cometido con la concurrencia de tres o más personas organizadas para tal fin y por su condición de funcionario policial".
El mensajero. Otro de los imputados en las causas que se ventilarán en el juicio es el comisario retirado Oscar Alberto "Lobo" Ledesma, a quien Bailaque le achaca "haber omitido (el 21/11/11) mientras se desempeñaba en la Unidad Regional VIII denunciar ante la autoridad competente su conocimiento acerca de las personas que llevaban a cabo actividades de narcotráfico en Firmat (Aldo César "Totola" Orózco y Franco "El venadito" Arias); y en Villa Cañás (Ascaíni) y que los de Firmat «arreglaban» con los de Drogas de Venado y con la Policía Federal a «6000 por mes cada uno», y el de Villa Cañás «30000 directo con Tognoli», circunstancias que puso en conocimiento de la llamada Nilda (Liberata Luques, dueña de un prostíbulo en Venado Tuerto) por medio de mensajes de texto". Al respecto, el mismo Ledesma luego se desdijo de esas acusaciones en entrevistas periodísticas aunque dejó ese mensaje como la única sospecha que parece pesar en el proceso contra el ex jefe de la fuerza santafesina.
Otros imputados
Aparte de Hugo Tognoli, Néstor Fernández, Carlos Quintana, Carlos Ascaíni, Aldo Orozco y Oscar Ledesma (ver nota central), quienes llegan a juicio imputados de ser parte de las bandas y tenencia de estupefacientes para su comercialización serán: Mauro A. Miguenz, Andrea N. Albelo, Alejandro O. Córdoba, María A. Llali, Néstor M. Casalánguida, Fernando D. Bermaz, Michel A. Ballester, Osvaldo D. Núñez, Horacio A. Ortiz, Jenifer M. Domínguez, Aldana S. Farías, Miguel A. Giuliani Torello, Carina V. Leguizamón, Jorge A. López, Gustavo J. Montes, Eduardo O. Romero, Carlos E. Talle, Domingo Avalos, Marcos C. López, Carlos D. Reinoso y Lucio R. Farías.
