Ante la muerte de María Cristina Núñez, acribillada de cinco balazos en su almacén, aparece una multitud de inferencias para el análisis. Una muy expresiva del estado de la época es que la Fiscalía de Homicidios Dolosos y la policía expresaran que el barrio estaba mudo. Por lo tanto sobre lo ocurrido no había explicación oficial. Tal vez fuera una estrategia para protegerlos, si los hubo, a los testigos. Frente a un hecho desmesurado las primeras explicaciones son provisorias, imperfectas, sujetas a redefiniciones. Lo más probable es que no pueda decirse nada certero. En muchos homicidios lo que realmente pasó recién se insinúa cuando la conmoción y el miedo se desinflan.
A seis cuadras de donde mataron a María Cristina, hace 20 meses asesinaron de tres balazos a una quiosquera que se asomó por la ventana de su negocio. Esa mujer era Norma Bustos y había denunciado públicamente a quienes habían matado a su hijo con una ráfaga de ametralladora seis años antes. Si bien no fue enseguida, el escarmiento llegó con un claro mensaje disciplinador: al que habla le pasan estas cosas.
No obstante, ayer en el barrio hubo gente que habló con este diario porque el precio de callar, decían, es perpetuar esta violencia agobiante. Las versiones eran contradictorias. Algunos señalaban que el complejo está cautivo de un pibe que manda en el Fonavi y que es quien disparó y mató a la almacenera que gozaba de cariño y respeto en el vecindario.
La violencia que genera efectos irreparables en la periferia urbana tiene como peculiaridad notable que los que actúan no son desconocidos por el Estado. No hay que descubrirlos. Las agencias del Ministerio de Seguridad, las fiscalías, las escuelas de los barrios, los centros de salud, la Policía de Investigaciones, las comisarías saben quiénes están en los conflictos. Pero producir detenciones no desactiva la trama de violencia desaforada que sigue latiendo cuando las economías delictivas, la brutalidad policial y los hogares donde nacen chicos sin derechos no se desmontan.
Los operadores territoriales de Seguridad Comunitaria reciben llamados de vecinos a las 3 de la mañana y acuden a asistirlos. Los médicos están, los docentes también. Pero el arraigo de una conflictividad que no se frena ante la vida comunitaria es un hecho para el cual el Estado está presente con herramientas obsoletas y de una manera ineficaz.
Los hechos que llegan a la prensa son de una violencia desaforada pero siempre la precariedad es la que está en la base de todos ellos. No tanto en la fragilidad material, que también está, sino en la de los modos de convivencia donde lo que no se soporta es al otro semejante, que viene de un pasado endeble.
En noviembre hubo una pelea a tiros entre bandas en Nuevo Alberdi donde cinco nenes de 10 a 14 años terminaron internados con balazos. En Santa Lucía hubo hace un año tres homicidios en 36 horas. Bajo la escalofriante muerte de Guadalupe Medina, de 12 años, en Villa Banana, detienen a tres chicos, uno de los cuales comparece en ojotas temblando de frío ante la jueza Dolores Guarrochena.
En todos los casos hay grupos que se denuncian recíprocamente generando un derramamiento de sangre del que no se ve el final. En la zona donde el sábado murió la almacenera las pujas son entre Alexis Caminos, hijo del Pimpi, con los hermanos Funes, querella que lleva media docena de muertes. El último incidente fue hace un mes cuando en un pasillo mataron a un chico de 25 años, Eugenio Solaro, e hirieron en la cabeza a un nene de 11. "Se hace trabajo con los chicos que por su conflictividad son vulnerables pero no podemos parar el nivel de violencia", dijeron entonces a este diario operadores territoriales municipales y de Seguridad.
La forma de la violencia urbana, que no termina cuando las urgencias materiales empiezan a ser resueltas, empezó a mostrarse con novedades que afectan los comportamientos sociales. De una manera despareja y discontinua se normalizan hábitos violentos que hace 15 años no eran comunes. Médicos de hospitales públicos denuncian regularmente agresiones como la que hubo hace cuatro días en un dispensario del barrio 7 de Septiembre que cerró por el ataque a dos enfermeras que se quedaron sin dosis para vacunar a una nena. En dos años tres abogados rosarinos fueron atacados a balazos. Antes, en un barrio conflictivo, los periodistas se exponían a lo sumo a la indiferencia pero ahora es común que en una cobertura los apunten con armas de fuego. En una escuela situada a dos cuadras de donde mataron a Cristina Núñez los chicos no salen a los recreos para no quedar expuestos a las balaceras.
Hay algo de la violencia que se endureció y formó un bloque que será difícil desmontar. La socióloga venezolana Verónica Zubillaga demostró que en Caracas cuando los indicadores de bienestar económico subían en los barrios pobres la violencia crecía con igual ritmo. Durante demasiado tiempo, decía la analista, se había destruido ciudadanía, lo que genera hostilidad exacerbada al vecino percibido como otro diferente. Entonces muchos niños que empezaron a ser salvaguardados con mejor educación, alimento y salud morían con más frecuencia al llegar a la adolescencia en enfrentamientos con sus pares de barrio o con la policía.
Ya nunca funcionará esperar de un testigo la resolución de un caso ni tampoco que cambie sus modos de convivencia al que se condena a la autogestión de su propia vida. El Estado tiene una tarea difícil en identificar aquello de su presencia que ya no funciona para modificar las idiosincrasias violentas que conoce bien. Hay además una tarea de la sociedad civil que piensa que modificar la situación que tiene a veinte cuadras es siempre labor de otros. Este diario publicó ayer que propietarios de autos de alta gama, entre ellos empresarios locales, deben 95 millones de pesos en patentes. Algunos viven a diez minutos de donde el sábado asesinaron a la almacenera. También ahí están bien claros los vestigios de un pacto social roto.
