Asimismo, el fallo de la Sala A de la Cámara ratificó los procesamientos de cinco agentes acusados como partícipes secundarios, mientras que les dictó la falta de mérito a nueve policías que habían recibido la misma imputación. Finalmente, en cuanto a las acusaciones de encubrimiento por las cuales habían sido procesados cinco efectivos de Asuntos Internos, este fallo revocó la resolución para tres de ellos y la mantuvo para los otros dos.
De esta manera, serán 18 los uniformados (11 de ellos en prisión preventiva) que se sentarán al banquillo de los acusados en el juicio que dirima las responsabilidades sobre el asesinato del joven bonaerense de 23 años que fue hallado 22 días después de haber desaparecido de la comisaría de Cafferata al 300.
La muerte
Franco había llegado a Rosario para visitar a unos familiares en Empalme Graneros. Planeaba tomar un tren a Retiro el 6 de octubre de 2014, pero nunca llegó. Cuando sus familiares lo buscaron en comisarías, en la 7ª les retacearon información. Cuando se halló su cadáver en el río Paraná, con signos de haber sido torturado, la investigación pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada.
A partir de la investigación del fiscal Marcelo Degiovanni, en octubre pasado el juez Federal Carlos Vera Barros procesó a 30 policías. Bajo distintos grado de participación, les atribuyó el delito de desaparición forzada agravada por la muerte. Se trata de un delito complejo que comenzó con la detención irregular de una persona y el ocultamiento de información sobre su paradero agravado por su aparición sin vida.
Para el juez había elementos suficientes para inferir que el joven había sido detenido la noche de 6 de octubre de 2014 y sometido a torturas en un calabozo de la 7ª, por lo que procesó a 25 policías que entonces prestaban servicio allí como coautores de la desaparición forzada de Casco. A tres de ellos, incluido el entonces jefe Diego José Alvarez, les agregó el delito de torturas seguida de muerte; a 15 los ubicó como partícipes secundarios. Y los cinco empleados de Asuntos Internos fueron procesados por encubrimiento.
Coautores
La resolución de Vera Barros fue apelada por las defensas y las querellas, por lo que fue analizada por los camaristas Barbará, Pineda y Gallino, quienes organizaron los treinta procesamientos en tres grupos: los coautores de desaparición forzada y tormentos; los partícipes secundarios de la desaparición forzada; y el encubrimiento.
En primer lugar analizaron la situación del entonces jefe Alvarez, Cecilia Ruth Elisabet Contino y Walter Eduardo Benítez, quienes habían sido nombrados por catorce testigos como quienes intervinieron en las golpizas cuando Franco estaba en un calabozo. Los jueces consideraron válidas las imputaciones como coautores de desaparición forzada e imposición de tortura, delitos que agravados por la muerte de Franco, prevén penas de prisión perpetua.
También ratificaron los procesamientos como coautores de desaparición forzada a los policías César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Daniel Silva.
En este grupo incluyeron, además, a Fernando Esteban Blanco. , quien fue procesado como partícipe secundario pero le dictaron la falta de mérito en cuanto a la comisión de torturas. Del análisis de la prueba "se acredita su presencia la noche de la detención y también que estuvo en la zona del pabellón de presos" donde Franco fue golpeado. Por ello, lo procesaron como coautor de la desaparición forzada y de imposición de torturas y ordenaron su prisión.
En cambio, para Silva, los camaristas confirmaron su falta de mérito en el delito de torturas. "A diferencia de Alvarez, Contino, Benítez y Blanco, Silva no es expresamente señalado por testigos por haber intervenido en las torturas", señalaron.
Secundarios
De los 15 policías procesados como partícipes secundarios, los jueces confirmaron la resolución para Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Belkis Elisabeth González y Walter Daniel Ortiz, a quienes les atribuyeron haber colaborado con un hecho criminal del que no tenían dominio.
Al chofer Ortiz, por ejemplo, le achacaron haber participado del falso sumario elaborado para ocultar lo sucedido. Sobre Murúa, si bien su presencia en la seccional no coincidió con la de Franco, dijeron que ocultó información a los familiares. Algo similar evaluaron sobre Martínez. Díaz y Zorzoli, en tanto, "no podían ignorar lo sucedido".
En cambio, los camaristas revocaron los procesamientos de nueve efectivos procesados como presuntos colaboradores de la desaparición. Se trata de Cristina Ida Riesco, Susana Beatriz Carreño, Ariel Waldemar Saucedo, Gisela Viviana Giménez, Claudia Roxana Barbieri Galván, Juan José Acuña, Yanina Gisella Arévalo, Romina Mailén Brítez y Yamila Alejandra Valdez, para quienes no hallaron elementos de cargo suficientes ya que, más allá de figurar en la nómina del personal que estuvo en la comisaría, no se precisó el aporte concreto de cada uno.
"El mero hecho de prestar funciones en esa comisaría no implica que esos agentes hubieran incurrido en la responsabilidad penal. Para ello es necesario realizar una conducta reprochable que deberá ser acreditada sobre elementos de convicción concretos. Pero no se acreditó que hayan estado en la comisaría en el horario en el que ocurrieron los hechos o hayan tenido que ver con la detención ni con el ocultamiento de la desaparición forzada", señalaron luego de analizar cada caso.
Encubridores
Para abordar las situaciones de los cinco agentes de Asuntos Internos, los jueces evaluaron sus conductas, hechos por los cuales fueron acusados de encubrir al personal de la comisaría que debían investigar. Los camaristas sostuvieron que tres de los cinco policías cumplieron las órdenes recibidas de los fiscales de la investigación y revocaron los procesamientos de Aníbal Candia, Sergio Damián Pieroni y Carlos Alberto Ríos dictándoles la falta de mérito.
Sin embargo, hubo un hecho que dejó lugar a dudas. Fue una entrevista que los agentes Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar realizaron a un detenido que aludió a "un tal Franco" como quien había sido golpeado el día antes de la desaparición. Como los empleados no consignaron ese dato en el acta, los jueces no descartan que hayan incurrido en encubrimiento. Por eso, en el marco de la probabilidad requerida en esta etapa procesal, decidieron confirmar sus procesamientos para que sus conductas sean analizadas durante el juicio.
Embargos
Finalmente la Cámara ordenó modificar los embargos trabados contra los bienes de los imputados, originalmente establecidos en 20 mil pesos para todos los procesados. Lo hizo en virtud de requerimientos de las querellas que representan a los familiares de Franco, quienes consideraron exiguos ese monto.
Así, ordenaron fijar los embargos en 200 mil pesos para los principales acusados: Alvarez, Contino, Benítez, Acosta, Gysel, Greiner, Guerrero, Gianola Rocha, Hernández, Silva y Blanco. En tanto, para los partícipes González, Zorzoli, Murúa, Ortiz y Díaz se ordenó la suma de 100 mil. Y para los miembros de Asuntos Internos Siscaro y Escobar se fijó en 30 mil pesos.
pedido de justicia. En las marchas por la muerte de Casco siempre se atribuyó responsabilidad a la policía.
Por Gonzalo Santamaría
Por Matías Petisce