Una vez más en una investigación penal aparecieron indicios elocuentes de que un grupo delictivo recibe colaboración desde adentro de una fiscalía. Nada más que ahora las sospechas no se dirigen a policías sino a personal civil del mismo Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así se lo expuso hace minutos en la audiencia en la que se ventiló una trama de extorsiones que llevó a descubrir el funcionamiento de una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario, en la que fue acusado un oficial superior retirado de la policía provincial, y personas implicadas en el atentado de enero al City Center donde un apostador resultó asesinado.
En esta investigación hay varios acusados de llamativo perfil. Uno es el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución y con larga trayectoria en el área de Investigaciones de Rosario, detenido el lunes al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo en un sobre. Otro es Maximiliano “Cachete” Díaz, acusado de participar de una cadena de extorsiones al sindicato de Peones de Taxis que incluyeron ataques a balazos, y de ser organizador del ataque a balazos de hace seis meses al casino de Rosario, donde murió alcanzado por un balazo el gerente bancario Enrique Encino. Por estos hechos Cachete está con prisión preventiva por dos años desde el 15 de enero.
La notable revelación sobre la complicidad presunta entre personal del MPA y personas de este grupo delictivo surgió precisamente del atentado al Casino. Dos días antes de este hecho, el 9 de enero, dos personas fueron detenidas con armas en un operativo de Gendarmería. A partir de la apertura de un teléfono de Cachete Díaz, los investigadores supieron que Cachete le pidió a una persona que moviera contactos para lograr la liberación de los dos hombres sorprendidos con las armas.
El que recibió ese pedido debía estar sentado en la audiencia pero no fue hallado. Es Leonardo Andrés Peiti, un hombre de 46 años con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal, buscado ayer sin éxito en varios allanamientos. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que Peiti recibió el pedido de Cachete. Primero se contactó con un policía, en apariencia Torrisi, quien le dijo que no podía hacer nada porque el operativo era de Gendarmería y ya estaba judicializado. Frente a eso, según los fiscales, Peiti se contactó con alguien en el Centro de Justicia Penal.
El llamado fue a alguien que trabaja en una fiscalía. Le pasó el nombre del que había quedado detenido, Hernán Horacio Quinteros, para que intercediera para favorecerlo. Desde adentro de la fiscalía, el consultado respondió con información fina: dijo que Quintero se había comido un encubrimiento por circular en un auto robado al ser detenido y que tenía un arma calibre 9 milímetros por lo que le imputaron portación de arma de guerra. También agregó algo significativo como para señalar que poco se podía hacer para beneficiar al detenido. “No tengo la causa yo”. No obstante dejó ver que haría una última gestión intercalando “un comentario”. Agregó por último que al no tener antecedentes al imputado en un mes podrían darle la libertad.
Peiti recibió el mensaje de su contacto dentro de la fiscalía y se lo reenvió a Cachete Díaz para que le quedara claro no solo que había efectuado la consulta, sino que se la habían respondido.
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Hace dos años estos mismos fiscales descubrieron en otra causa, mientras investigaban a Esteban Alvarado, que tres policías que se desempeñaban con ellos en la misma oficina estaban colaborando con Alvarado para desviar la investigación en su contra o ayudarlo con datos. Lo de ahora tiene de parecido que también un grupo delictivo busca ayuda en una fiscalía. Pero la diferencia es que la contribución esta vez parece provenir de personal civil del MPA.
Lo que se desnudó en la audiencia es la existencia de una compleja estructura dedicada a extorsiones de parte de una organización criminal que hostiga en especial a emprendedores económicos que operan al filo de la ley o que la transgreden y que por esa razón quedan imposibilitados de denunciar los aprietes. La actividad de los chantajistas llevó a descubrir una treintena de casinos clandestinos en la zona de Rosario y área metropolitana, cuyos responsables pagan de manera regular para evitar represalias.
Uno de los dueños de ese emprendimiento es Alejandro Peiti, a quien anoche efectivos del Organismo de Investigaciones (OI) buscaron sin resultado positivo en un allanamiento en una vivienda en Morrison al 8000. En conexión con Peiti está según la acusación el comisario mayor retirado Torrisi. En la audiencia también fue acusado Ottniel Almonte, un dominicano de 32 años que ya está preso como coautor del asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, muerto a balazos en su auto en julio de 2019 en el marco de una disputa por drogas.
También imputaron a Flavia Broin, pareja de Cachete Díaz, a quien le atribuyeron ser encargada de cobrar el dinero producto de la extorsiones.
Los fiscales señalaron que al investigar las tramas extorsivas, en la que está inserto el atentado al City Center de enero, aparece orquestando acciones Ariel “Guille” Cantero, uno de los líderes de la banda de Los Monos. Esto ya se expuso en enero pasado durante la audiencia del ataque al Casino que costó la vida a Enrique Encino. El último de los imputados ayer es José Sebastián Perlo. Los delitos imputados son asociación ilícita, extorsión y violación de leyes de juego.
