Deciden que un policía siga en un psiquiátrico

Uno de los policías del Comando Radioeléctrico acusado de participar de la persecución, ejecución y encubrimiento del hecho que terminó con la vida de los jóvenes Emanuel Medina y David Campos el 23 de junio de 2017 en la zona sur de la ciudad, deberá seguir internado en la clínica psiquiátrica donde fue enviado tras la imputación hasta que su defensa, en un plazo que no exceda los 20 días, inste la producción de una junta médica que justifique su permanencia en esa institución asistencial.

Así lo resolvió ayer el juez penal Carlos Leiva al rechazar el pedido del fiscal Adrián Spelta y la abogada querellante Marcia López Martín para que el agente Alejandro Rubén B. sea derivado de la clínica donde esta internado bajo arresto a una cárcel del Servicio Penitenciario santafesino. Al presentar tal solicitud, los letrados lo hicieron acompañando un informe médico del pasado 19 de octubre realizado por un psiquiatra forense quien ayer no estuvo en la audiencia y que avalaba el traslado del recluso.

Asimismo, tanto Spelta como la querella pidieron que el detenido sea conducido a una cárcel donde pueda seguir el tratamiento al que está siendo sometido si así lo requiere y se lo traslade a un efector público cada vez que sea necesario por prescripción médica.

Falta la junta médica

No obstante la defensa del policía, a cargo del abogado Juan Ubiedo, se opuso a la medida solicitada al considerar que se estaba incorporando a la causa una nueva prueba y que magistrados que participaron de la misma anteriormente habían ordenado la realización de una junta médica para su asistido, lo que todavía no se hizo. Y remarcó que lo único que cambió para su pupilo es que en vez de estar en una celda de Piñero se encuentra en una clínica y bajo custodia permanente.

Finalmente, el juez Leiva decidió que Alejandro B. siga en la institución psiquiátrica donde está internado y otorgarle a la defensa un plazo de 20 días para que inste la producción de la junta médica oportunamente ordenada. Tras el cumplimiento de ese plazo las partes quedarán liberadas para la solicitud de una nueva audiencia decisoria. En 2015 habían detectado incapacidad psicológica del 20 por ciento y seguía portando armas en el comando