"Cuesta mucho comprender que el Estado participa del negocio criminal"

Para Saín, que presentará su libro en Rosario pasado mañana (ver aparte), la delegación civil de los asuntos criminales en las fuerzas de seguridad es el núcleo compartido que iguala a sectores que se manifiestan en veredas opuestas. "En la política contra el narcotráfico se ve en el fondo la misma acción. Mientras que el kirchnerismo ocultaba el problema Cambiemos lo sobreactúa teatralizando una suerte de activismo estatal con operativos que no van a fondo con el fenómeno", dice.

Esto no supone que todos los actores de la administración pública avalan los emprendimientos criminales. Pero sí que éstos se despliegan en base al amparo de oficinas estatales. Los ejemplos no son esporádicos sino rutinarios. Saín trabaja tres casos atractivos para probar su tesis. Uno es el análisis del crimen de Candela Rodríguez, de 11 años, que devela el empeño judicial y policial para encubrir que ese homicidio provino de una guerra entre facciones de narcotráfico del conurbano bonaerense con directa implicancia policial. Otro caso es el del jefe policial del partido de San Martín, José Luis Santisso, captado en escuchas con narcos. El último es el del jefe bonaerense Pablo Bressi, desplazado por vínculos con el narcotráfico y sobornos para proteger a mafias de ese distrito.

Para referirse a la seguridad Saín habla de pacto o contubernio. "Los actores directos y activos del contubernio son la policía, que controla el territorio, y los narcos que necesitan de esa protección y hacen una inversión muy importante para eso. Ese pacto brinda a cada parte previsibilidad, seguridad en la provisión de la mercancía y tranquilidad pública. La policía gana en el control sobre el territorio, sobre la circulación de mercancías y personas, en mantener el crimen en una invisibilidad necesaria y en apropiarse de parte de la rentabilidad. Las organizaciones criminales ganan en capacidad para desplegar su actividad", sostiene.

Pero un tercer actor decisivo, según Saín, es el gobierno. "No es un actor directo en la mesa de negociación, pero cuando el gobierno delega a la policía la gobernabilidad de la seguridad y le da autonomía para gestionar el territorio, le da consentimiento a que lo pueda hacer en forma ilegal. La policía le permite, a través de este pacto, apaciguar la crisis, moderar la violencia, tener una criminalidad soterrada y no un problema político. Un equilibrio dinámico que se quiebra en ciertas coyunturas, cuando los sectores criminales entran en disputas que no pueden contenerse o cuando sectores policiales compiten por la regulación".

—El mercado de drogas se expandió y fue cambiando. ¿Cómo caracteriza la relación de la policía con el narcotráfico?

—La expansión de la venta de droga tiene que ver con la expansión del consumo de estratos populares, medios y altos, algo traccionado por pautas culturales que no tienen que ver con lo criminal. Pasa que como este negocio es prohibido necesita de acuerdos para desarrollarse. Las organizaciones criminales que se dedican al mercadeo minorista de droga en Argentina, como pasa en Rosario, aprendieron a elaborar la cocaína en su etapa final al comprar pasta base en países de frontera y cocinar. Eso permitió que haya más disponibilidad de sustancia y que se fragmentaran los mercados internos según nivel de producto y de precios. Para asegurar la fase comercial necesitaron del concurso de la policía y que la política dejara hacer.

—El libro alude a una retórica que interpreta la inseguridad como una lucha entre delincuentes y policías, lo que para usted niega la evidencia de que el crimen tiene aval estatal. Explíquelo.

—Es el aspecto más difícil de ser asumido por la política, por la prensa y por el mundo académico. Cuesta mucho comprender que el Estado participa del negocio criminal. Se cree que el crimen organizado crece donde hay vacíos de Estado. No es así, el Estado no es externo al crimen. Lo que hace es comprar una gobernabilidad tranquila de los territorios. Ese es un bien político muy preciado en la Argentina: gestionar la seguridad sin una crisis política que se lleve puesto un gobierno o que esmerile su gobernabilidad. Pero esa gobernabilidad que establece reglas de juego. Lo más duro es entender que no son cuatro o cinco policías sino un dispositivo institucional donde de manera directa o indirecta la política propicia este contubernio para que la policía regule el delito.

—Usted analiza estos mecanismos a través de casos concretos.

—Analizo tres casos del conurbano porque están en un proyecto de investigación. Pero ahora incluimos en Rosario los casos de Los Monos, de Hugo Tognoli y de la comisaría 19ª de Barrio Moderno donde hubo policías condenados por constituir un esquema estable de extorsión que llegaba al secuestro. También de la ciudad de Córdoba donde la completa unidad antinarcóticos terminó presa por proteger a un grupo narco. Toda la trama narco de la Villa 1.11.14 de Flores y la Villa 31 de Retiro tiene fortísima regulación de la Policía Federal. Lo que me propongo como hipótesis mayor es demostrar que en Argentina el vínculo de los gobiernos con los mercados ilegales se da a través de este doble pacto.

   —En Santa Fe y Rosario hubo una crisis política atribuida a disputas del narcomenudeo. ¿Es parecido a lo que describe en el conurbano?
   —La relación entre Estado y delito está llena de ejemplos porque es estructural. En Rosario hubo una convergencia de factores de diferentes niveles y con distinta temporalidad que detonó en una ruptura de acuerdos históricos. Primero hubo un grupo, Los Monos, que consiguió una expansión enorme en el mercado de cocaína a partir de sus destrezas. En diez años llevaron un negocio barrial a uno casi regional. El pacto inicial entre comisaría del lugar y el núcleo original de Los Monos se vio quebrado por la expansión del negocio narco. Eso se conjuga con una disputa entre distintos sectores de la policía para ver quién se quedaba con el botín y el monopolio de regulación. Así se ve cómo Los Monos establecen vínculos, información, provisión de armas y logística en sectores diversos. Esto es el estallido de una regulación anterior que tenía que ver con acuerdos entre la Justicia de Rosario, el PJ y el narcotráfico. En Rosario hay una rearticulación de esos actores originales que Los Monos y sus desafiantes pusieron en crisis.
   —¿Cómo valora el abordaje que hace el gobierno nacional del narcotráfico?
   —Cambiemos hace del "combate al narcotráfico" una sobreactuación. Sacó un gran rédito político instalando que son lo contrario a Aníbal Fernández a quien, de paso, no se le probó ningún vínculo con el narcotráfico. Pero en los hechos la acción de Cambiemos fue idéntica a la del kirchnerismo. Ambos comparten la delegación a la DEA de la regulación del mercado internacional a través de la Argentina y la magnificación de los procedimientos policiales sin tocar en absoluto la connivencia policial con los mercados internos del delito que yo analizo en mi libro. Teatralizan una suerte de activismo estatal en el control del narcotráfico que no es tal. El kirchnerismo ocultaba el problema, Cambiemos lo sobreactúa. A los fines de lo importante yo creo que Aníbal Fernández y Patricia Bullrich son lo mismo, como son lo mismo Sergio Berni y Cristian Ritondo.