El juicio a los policías acusados del crimen de Jonatan Herrera, baleado hace casi dos años mientras lavaba el auto en la puerta de su casa por efectivos que perseguían a un ladrón, deberá comenzar a más tardar en diciembre, para evitar que se agote —en enero próximo— el plazo de la prisión preventiva para tres de ellos. Así lo decidió ayer un juez en la audiencia de apelación a la preliminar del juicio oral y público en la que también se ordenó la unificación de las querellas que representan, por un lado a la madre del joven de 23 años, y por el otro a su viuda.
En la audiencia de ayer también se decidió que los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez y Luis Alberto Sosa sigan detenidos hasta el juicio, luego de que el juez Alfredo Ivaldi Artacho rechazara los planteos de excarcelación o morigeración de prisión presentados por sus defensores. Junto con ellos podría sentarse en el banquillo la agente del Comando Radioeléctrico Gladys Galindo, detenida hace tres meses y para quien la semana pasada se pidió prisión perpetua acusada de haberle disparado un balazo letal en la cabeza a la víctima. En este caso, la defensa pidió el sobreseimiento y resta que el juez se expida.
En tanto, queda por resolverse la situación del cuarto efectivo de la PAT acusado por el caso, Alejandro Gálvez, quien la semana pasada fue liberado por orden de un juez luego de que su imputación quedara en dudas a partir de un fallo de la Cámara Penal que rechazó un acuerdo abreviado.
Acusaciones. Herrera fue asesinado el domingo 4 de enero de 2015 en Seguí y Ayacucho. El estaba lavando su auto cuando policías del Comando Radioeléctrico llegaron detrás del sospechoso de haber robado una juguetería a unas cuadras. Los cuatro agentes de la PAT acusados iban en un colectivo al que hicieron detener para bajar y participar del procedimiento.
Si bien los efectivos del Comando ya tenían retenido al sospechoso, los agentes de la PAT dispararon y mataron a Herrera, que recibió tres disparos: uno en el cráneo y otro en el muslo fueron letales; el restante en el pie izquierdo. Las pericias determinaron que el balazo en el muslo fue disparado por Rosales.
En junio pasado se realizó la audiencia preliminar del juicio y el fiscal de Homicidios Adrián Spelta formuló las acusaciones y solicitó las penas. Para Rosales pidió prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por su calidad de miembro de una fuerza de seguridad. En tanto, para Rodríguez y Sosa solicitó 12 años como autores del mismo delito en grado de tentativa, ya que no se probó que alguno de esos plomos hirió de muerte a la víctima aunque se considera que le dispararon.
La situación del cuarto, Gálvez, quedó en una nebulosa luego de que se intentara realizar un juicio abreviado que terminó desdibujando su imputación. Es que hasta el momento no está claro para la Justicia si disparó en dirección a la víctima o no (ver aparte). Por ello, la semana pasada fue liberado aunque no desvinculado de la causa, y está a la espera de que el fiscal reformule su acusación.
Y si bien hasta hace tres meses no se sabía quién había disparado el balazo a la cabeza de Herrera, el resultado de una pericia condujo en junio —un año y medio después del asesinato— a la detención de Galindo, para quien también se pidió prisión perpetua.
Pedidos. Ayer en Tribunales se realizó una audiencia de apelación de la preliminar del juicio. Teniendo en cuenta que las calificaciones de los delitos ya están fuera de discusión, el debate de más de tres horas se orientó en torno a dos pedidos de Sara Fátima Marcos, abogada de Sosa y Rodríguez, y Guillermo Alexander, patrocinante de Rosales.
En primer lugar, los abogados solicitaron que se les otorgue a sus clientes la libertad o una prisión domiciliaria para cuyo cumplimiento presentaron distintas propuestas. Además solicitaron que se unifiquen las querellas.
Los planteos fueron rechazados por las otras partes: el fiscal Spelta, los querellantes por la viuda de Herrera, Paul Krupnik y Gustavo Feldman, y quienes representan a la madre, Analía Abreu y Cintia Garcilazo. Señalaron que la situación de estos tres policías no ha variado y que las acusaciones están listas, por lo cual deben seguir en prisión preventiva.
Resolución. Luego de un cuarto intermedio de una hora, el juez Ivaldi Artacho sostuvo que la causa está muy avanzada, que las acusaciones ya están admitidas y que las penas en expectativa son muy elevadas. Y como el juicio es inminente y las prisiones domiciliarias son fáciles de vulnerar, resolvió que los acusados sigan presos, aunque fijando un plazo en virtud del prolongado tiempo -veinte meses- que llevan con prisión preventiva.
"En enero de 2017 las detenciones van a cumplir dos años. Son períodos propios del viejo sistema", criticó el magistrado al ordenar que el juicio se realice en diciembre. "Ante la entidad de la pena, confirmo la denegatoria de la libertad y de morigeración. A la vez, para que las víctimas y los imputados y sus familiares tengan una respuesta del sistema lo más rápido posible, en diciembre debe iniciar el juicio oral y público".
Luego, al resolver sobre el pedido de unificación de las querellas, el juez recordó que la fiscalía ya lo había solicitado al juez Gonzalo López Quintana, quien falló en contra. Pero en este caso Ivaldi hizo lugar al pedido de la defensa.
"Hay una necesidad de unificar personería que al tribunal le queda muy claro", dijo, teniendo en cuenta que las dos querellas podrían "afectar el derecho de defensa con múltiple fuego cruzado que pueda llegar a tener en cuanto a acusaciones, sus alternativas, los exámenes y contraexámenes, alegatos de apertura, alegatos de clausura, estimación de la pena, modificación de teorías del caso, aunque sean sutilezas".
Sugerencia. "No estamos ante distintos herederos cuyos objetos sean disímiles", sostuvo el magistrado, y se refirió a "innumerables problemas que surgen por el desdoblamiento de las querellas en un juicio con múltiple prueba. Retrasa y complejiza el trámite y la marcha del proceso".
"Van a tener que hacer un esfuerzo para unificar criterios", sugirió el juez, para quien "no se advierten intereses contrapuestos" entre los querellantes. En ese sentido, Ivaldi adelantó que "la unificación se va a disponer en la modalidad que se fije en primera instancia. Se va a realizar una audiencia para unificar personería. O se ponen de acuerdo o el tribunal actuará de oficio".
Nebulosa
Tras 20 meses preso, el agente de PAT Jonathan Gálvez fue liberado la semana pasada luego de que la Cámara rechazara un juicio abreviado por abuso de armas, figura que no se ajusta al relato de los hechos y puso un manto de ambigüedad sobre lo que realmente se le imputa. Su situación está a la espera de que la fiscalía reformule la acusación contra él.
