Por Hernán Lascano
Las catorce personas que fueron imputadas por la tenencia de 24 armas de fuego secuestradas hace veinte días por fuerzas federales en Rosario no tienen ninguna relación con las balaceras contra objetivos y funcionarios del Poder Judicial. Las pericias balísticas determinaron que esas armas no fueron usadas en ninguno de esos atentados, por lo que el fiscal a cargo del caso renunció a formular acusación alguna en ese sentido contra quienes las tenían, dado que ninguna prueba lo avala.
Las armas habían sido decomisadas en 35 allanamientos realizados por la Policía Federal en distintas zonas de la ciudad el pasado 2 de mayo en lo que se llamó “Operativo Contrafuego”. Ese día la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó a la ciudad para dar detalles de las acciones. Sostuvo que fueron resultado de una larga investigación, mencionó a 34 personas detenidas en un primer momento, “19 de ellas involucradas directamente en la asociación ilícita de los tiroteos”, contra edificios de la Justicia.
“Hoy podemos decir que todos los sicarios, los tiradores, que dejaban los carteles «déjense de joder con las mafias», esa organización hoy está en manos de la Justicia”, manifestó entonces Bullrich. Sin embargo, los peritajes realizados a las armas secuestradas, sin embargo, refutan el planteo. Los cotejos de las vainas levantadas en los edificios atacados demuestran que las balas no fueron disparados por ellas.
Todos libres
El fiscal Matías Edery dispondrá hoy la libertad de las seis personas, entre las 14 imputadas, que habían quedado presas. No las podrá acusar por las balaceras ya que no son esas las armas usadas. Pero sí lo hará por la tenencia de las armas, lo que les implicará posibles condenas de no más de dos años de prisión, dado que ninguno de los acusados tiene antecedentes penales, ni siquiera causas iniciadas.
La mayoría de los imputados aseguraron además en las audiencias —algunos rompiendo en llanto— que las armas les fueron plantadas. Lo mismo afirmó en reunión en la Fiscalía el referente nacional de la Comunidad Qom Alfredo Angel, dado que varios de los imputados son de la colectividad Toba. Un detalle sugestivo es que, según fuentes de la pesquisa, los videos que por mandato legal deben registrar los allanamientos se interrumpen en el momento de la irrupción sin mostrar nunca el hallazgo de las armas.
Tensión verbal
Esta situación había generado una disputa explícita entre las autoridades de seguridad nacionales y las provinciales, que sospecharon que Bullrich había llegado con un operativo resonante a la ciudad en la semana posterior a las elecciones primarias provinciales con información deficiente o falsa y finalidades de propaganda.
La ministra de Seguridad de la Nación había acusado de mentir al su par provincial Maximiliano Pullaro. Y luego el jefe de Gabinete de la cartera nacional, Gerardo Milman, señaló que era difícil discernir si Pullaro hablaba “como funcionario o como candidato”.
La tensión no volvió a explicitarse pero hace dos días se acrecentó del lado de la provincia. Fue al trascender que la empresa Movistar confirmó al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla que el teléfono que figuraba en la agenda del falso abogado Marcelo D’Alessio, procesado por extorsión y espionaje ilegal, pertenecía a Bullrich.
Meses antes se había divulgado la captura de un chat donde D’Alessio pasaba información a ese número —que ahora se sabe que perteneció a la funcionaria— sobre situaciones de grupos delictivos y conexiones policiales en Santa Fe.
Bullrich replicó que dejó de utilizar el celular en cuestión en 2017, cuando sufrió la intromisión de un hacker, y que desde hace un tiempo lo usaba su nieto.
En el gobierno de Miguel Lifschitz no desean perjudicar las relaciones con la Nación en temas relacionados con la seguridad porque temen que eso pueda complicar niveles de colaboraciones que se necesitan. Sin embargo, están convencidos de que D’Alessio se contactó justamente a ese número para pasar información sobre Santa Fe, donde actuaba sin ningún anclaje institucional, ni orden de juez o fiscal alguno.
Datos concretos
Desde marzo se sabe que D’Alessio tuvo dos reuniones en Rosario con Ramón Machuca alias “Monchi Cantero”, uno de los líderes de Los Monos, durante el juicio al grupo de barrio La Granada. También que grabó en video a Lorena Verdún, ex pareja de Claudio “Pájaro” Cantero, y que transfería datos concretos a la Nación según él mismo señala.
“Vemos esto con extrema preocupación y estamos esperando que la Justicia establezca qué hacía D’Alessio en Santa Fe y para quién trabajaba”, volvió a decir Pullaro ayer, para agregar: “Hicimos dos denuncias públicas al saber que este personaje oscuro estaba haciendo operaciones políticas en Santa Fe. Lo que queremos saber es quién lo mandaba y con qué propósito actuaba”.
En el gobierno provincial descuentan que el falso abogado aportaba información a dirigentes conocidos de la alianza Cambiemos. En sus investigaciones, por ejemplo, el juez Ramos Padilla imputó a las legisladoras de dicha alianza Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic por los contactos con D’Alessio.
Dos errores
En el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaban ayer que el 2 de mayo Bullrich se equivocó dos veces. “Vino a decir que los detenidos tenían relación con los atentados cuando no la tienen. Y además vino a anunciar que se esclarecía un hecho que en realidad ya estaba esclarecido, porque al menos 14 de los atentados están aclarados desde octubre con doce personas detenidas”, indicó una fuente de Fiscalía.
Por Elbio Evangeliste