Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías que quedaron presos

Una mujer de 46 años fue condenada por vender drogas al menudeo en el barrio Parque Casas y por sus vínculos con policías. Estaba presa desde noviembre de 2024, cuando quedó bajo investigación junto a un grupo de agentes, que ya están presos, para quienes colaboraba aportándoles información. Su vínculo con los efectivos de la fuerza provincial comenzó cuando le hicieron custodia luego de ser víctima de amenazas y de balaceras contra su casa.

Sandra Verónica Álvarez, de 46 años, aceptó en un procedimiento abreviado la condena a 5 años de prisión por comercio de estupefacientes y por cohecho pasivo que homologó este martes el juez Mariano Alliau. El fiscal Pablo Socca la había acusado por vender drogas en su casa de la zona norte y por su rol de informante para policías de la Brigada Motorizada que están imputados, algunos ya condenados, por armar causas.

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Durante la investigación se corroboró que Álvarez vendía drogas en su casa de Castagnino al 1200, barrio Parque Casas. En ese marco fue que durante 2023 y 2024 su vivienda fue blanco de balaceras y ella recibió amenazas. A partir de entonces tuvo custodia policial, lo que afianzó su vínculo con agentes con los que luego colaboró aportándoles información. En uno de los casos ventilados les avisó sobre un hombre que vendía armas de fuego, a quien los policías extorsionaron exigiéndole dinero a cambio de no detenerlo.

Venta de drogas en su casa

La acusación por narcomenudeo indica que Álvarez trabajaba con otras personas. Uno es Cristian “Culón” Moreyra y está prófugo con pedido de captura. Los demás no fueron identificados. Según la investigación, vendían en el barrio Parque Casas y alrededores. Siendo Álvarez quien se ocupaba de la venta de cocaína y marihuana en la zona de calle Castagnino, donde está su casa, y las vías linderas.

La mujer se encargaba de fraccionar y vender al menudeo a vecinos y clientes de la zona. En ese marco, según consta en las conversaciones que mantenía con Culón Moreyra, contrató a un joven que conocía para que le avisara desde la calle si la policía se acercaba a su casa. En esas charlas denominaban “búho” al chico al que le pagaban mil pesos para que alertara ante la presencia de agentes en la zona.

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Pero con el tiempo Álvarez hizo buenas migas directamente con agentes policiales. Fue a partir de una serie de hechos violentos contra su casa, tal ve consecuencia de la bronca con otras bandas, por los cuales tuvo custodia fija. Uno de esos hechos ocurrió en mayo de 2023, cuando desde una moto le balearon otra casa en la que vivía entonces. En 2024, ya en el domicilio de calle Castagnino, le dejaron un cartel con una amenaza firmada por “la mafia” en la que le sugerían que abandone la casa. Secuencia que se repitió días después pero con una amenaza a viva voz de parte de un hombre que frenó en un auto le mostró un arma.

Informante de policías

Uno de los policías con los que generó vínculo mediante la custodia fue Jesús Armando Soria, ahora entre los imputados en la misma causa. Respecto del delito de cohecho, el fiscal Socca le atribuyó a Sandra Álvarez haberle informado a los agentes en noviembre de 2024 que un hombre que conocía estaba ofreciendo armas de fuego. A partir de esa información los policías se organizaron para abordarlo en la vía pública y extorsionarlo.

Días después los agentes Jesús Soria, Tomás Ramírez, Dylan Pérez y Lucila Bellizzi interceptaron en la calle dos personas que llevaban consigo dos armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Allí solo aprehendieron a uno y al otro, apodado Rana, lo dejaron libre luego de acordar un pago de dos millones de pesos.

Entre la información proporcionada por Álvarez estaba el número de teléfono de Rana, a quien el suboficial Dylan Pérez le escribió haciéndose pasar como posible comprador de las armas de fuego. Así fue que coordinaron encontrarse en el domicilio de Álvarez, pero lo interceptaron en el camino. Fue el 22 de noviembre pasado cerca de las 18.30 en la zona de Antequera y Fournier, donde finalmente pactaron un pago de 2 millones de pesos para no detenerlo.