Lo detuvieron en la puerta de un garito de apuestas de Villa Gobernador Gálvez con 80 mil pesos en un sobre. Quedó preso como el recaudador de una red provincial de juego clandestino que, se descubrió luego, tributaba a dos fiscales a cambio de protección. Y ayer se convirtió en uno de los dos primeros condenados de esa trama. El excomisario Alejandro Torrisi aceptó en un juicio abreviado una condena a 3 años de prisión condicional como miembro de una asociación ilícita. Si bien había había aceptado compensar en 270 mil pesos los gastos de la investigación que le costó el cargo al exfiscal regional Patricio Serjal, detenido por corrupción hace 29 días, esa cláusula no fue aceptada por el juez.
La condena que aceptó Torrisi a sólo un mes y medio de su arresto tiene un efecto que excede a sus propios intereses: supone el respaldo a una pesquisa con varios implicados en una pirámide que culmina en Serjal. El ex conductor regional del Ministerio Público de la Acusación terminó implicado cuando el capitalista de juego Leonardo Peiti, imputado en libertad al comienzo de agosto, declaró que pagaba una mensualidad de 4 mil dólares al fiscal Gustavo Ponce Asahad, bajo órdenes de Serjal, a cambio de inmunidad en causas penales.
El relato del “arrepentido” contiene precisiones que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acreditaron por otras vías. Ponce y Serjal fueron imputados por corrupción y otros delitos y quedaron en prisión preventiva por 90 días.
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Cuando las causas en su contra recién se inician, dos ya cerraron ayer por la vía de acuerdos abreviados. Es que, casi en simultáneo con Torrisi, otra implicada aceptó una condena a la pena. Se trata de Flavia Broin, novia de Maximiliano “Cachete” Díaz”, considerado jefe del grupo de extorsionadores y detenido en enero tras el atentado en el que murió un apostador en el casino City Center. La mujer de 30 años fue condenada a 3 años de prisión condicional como quien manejaba dinero obtenido de los aprietes (ver aparte).
El punto de partida de la investigación fue el ataque al casino. Entonces se detectó la existencia de un grupo de extorsionadores, ligados a la banda de Los Monos, que entre otros destinatarios de sus aprietes tenían a capitalistas de juego ilegal. Así se llegó a el empresario de juego Peiti y al comisario mayor retirado Alejandro “Pipi” Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución y quien fue detenido el 20 de julio al salir con 80 mil pesos de un casino clandestino de Comandante Espora al 200 de Villa Gobernador Gálvez donde se incautaron otros 58.830.
Captación
El expolicía de 63 años aceptó ayer a la tarde una pena de 3 años de prisión condicional como integrante de una asociación ilícita, la administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar no autorizados y la tenencia ilegítima de tres armas. Una pistola 9 milímetros dentro de su camioneta Ford Ranger además de una pistola Bersa calibre 22 y un revólver calibre 32 largo hallados en su casa de Dorrego al 1300 de Funes. Las armas fueron decomisadas y serán destinadas a agentes del Organismo de Investigaciones.
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El acuerdo preveía que Torrisi pagara 270 mil pesos en concepto de costas del proceso. Es decir, el gasto que le supuso al Ministerio Público de la Acusación la extracción de datos de celulares, tareas de seguimiento, allanamientos en Villa Gobernador Gálvez y Rafaela, trabajos de investigación y traslado del personal. Pero este punto no fue aceptado por el juez Negroni.
Al proponer el acuerdo junto con los abogados defensores Luis y Angelo Rossini, los fiscales destacaron la “voluntad de colaborar con la investigación” del ex comisario, quien en su declaración explicó la información almacenada en su celular. El juez Alejandro Negroni convalidó el acuerdo y dictó la sentencia.
Gestor
Torrisi fue condenado por haber integrado una red de explotadores de casas de juego ilegal en Rosario, Rafaela y Villa Gobernador Gálvez junto a David Perona, detenido como el “rey” del juego en Rafaela, el empresario Peiti y Cachete Díaz. Para la pesquisa, esa organización funcionó al menos desde el 27 de junio de 2018 hasta el 8 de agosto pasado, cuando cayó detenido Perona.
A Torrisi le atribuyen haber actuado como recaudador en los distintos locales. Además “se encargaba de gestionar con personal policial los permisos para abrir las salas y luego les entregaba sumas de dinero por cada sala en funcionamiento”.
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Entre la evidencia, el acuerdo cita una conversación con Cachete Díaz de la que no se puede recuperar el contenido y varias en las que le rinden cuenta del movimiento diario de los garitos, así como otras en las que le piden autorización para la apertura: “Te comento que yo ya conseguí local y cuando quieras ir a verlo no hay drama, me lo guardan para cuando esto mejore y es muy lejos de donde está Verónica así no la perjudico en nada.
En otro audio, David Perona le ordena desde Rafaela: “Hola Pipi querido, ¿me escuchás? Necesito que estés antes de las tres y media en Gálvez así pasás a buscar la plata ahí”. En un audio del 18 de junio, Torrisi le informa a un contacto agendado como “Germán Cañada” sobre la red de sobornos a comisarías de la zona. Esto le dice: “Bueno Germán, ¿vos tenés para anotar ahí cómo quedaría formado el equipo? Arenales 25, Ferre 20, Ascensión 15, Arribeños 15, Comunal 15. Así estarían todas las comisarías cubiertas”. Germán responde que “es medio mucho” pero está dispuesto a pagar ese precio a cambio de exclusividad en esos pueblos.
