La investigación a una red de extorsiones y juego clandestino en la que terminó preso el ex fiscal regional Patricio Serjal por cobrar a cambio de protección desembocó esta tarde en las primeras dos condenas a integrantes de la organización. El ex comisario Alejandro Torrisi fue sentenciado en un juicio abreviado a 3 años de prisión condicional y, en una cláusula novedosa, al pago de 270 mil pesos para compensar los gastos de la investigación penal que demandó allanamientos y tareas de inteligencia en distintos puntos de la provincia. En tanto que Flavia Broin, sindicada por manejar el dinero de las extorsiones, aceptó la misma pena y la compensación a las víctimas en 30 mil pesos.
El impacto de las condenas, más allá de resolver la situación procesal de dos implicados y cerrar sus cuentas con la Justicia, es que la prueba obtenida en la causa fue dada por válida por un juez. Esto convalida la investigación sobre una trama de extorsionadores y una red de juego clandestino que, tras las primeras detenciones y audiencias, terminó abarcando a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y al propio fiscal regional Patricio Serjal.
Los dos fueron imputados y actualmente se encuentran en prisión preventiva por cobrar una mensualidad de 4 mil dólares al capitalista de juego Leonardo Peiti, quien al declarar como “arrepentido” involucró a los fiscales como quienes se habían comprometido, a cambio del soborno, a evitar que lo rozaran causas penales. Esto provocó primero el allanamiento y detención de Ponce Asahad y luego la destitución de Serjal.
La investigación partió del atentado de enero al casino City Center, donde un apostador resultó asesinado en una balacera al edificio. Entonces se detectó la existencia de un grupo de extorsionadores, ligados a la banda de Los Monos, que entre otros destinatarios de sus aprietes tenían a capitalistas de juego.
Así se llegó a el empresario de juego Peiti y al comisario mayor retirado Alejandro “Pipi” Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución y quien fue detenido al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo en un sobre.
El acuerdo abreviado que él consintió esta tarde le asigna haber integrado una asociación ilícita dedicada a la explotación de casas de juego ilegales que funcionó al menos desde el 27 de junio de 2018 al 8 de agosto pasado. Ese día fue detenido David Alejandro Perona, el hombre sindicado como el “rey” del juego ilegal de Rafaela y ligado a la red que administraba “casinitos” en esa localidad, Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
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Al policía jubilado Torrisi le asignan haber sido quien concurría a los locales a retirar la recaudación que “luego repartían entre las distintas personas integrantes de la organización”. También fue condenado por la tenencia ilegal de una pistola 9 milímetros dentro de su camioneta Ford Ranger además de una pistola Bersa calibre 22 y un revólver calibre 32 largo en su casa de Dorrego al 1300 de Funes. Como parte del acuerdo, las armas fueron decomisadas para su posterior uso por parte de agentes del Organismo de Investigaciones.
La calificación legal del acuerdo aceptado por Torrisi lo ubica como integrante de una asociación ilícita en concurso con el delito de administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente y tenencia ilegítima de arma de juego de guerra. Tras constatar el consentimiento del comisario, el juez Alejandro Negroni dictó la sentencia.
Novia
Otro acusado de integrar la organización es Maximiliano “Cachete” Díaz, detenido en enero tras el ataque al Casino. Su novia, Flavia Broin, también fue condenada en un abreviado a 3 años de prisión condicional y a reparar a las víctimas en 30 mil pesos. Aceptó esa pena en un juicio abreviado que la consideró integrante de una asociación ilícita dedicada a “obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas invocando el vínculo que mantiene el organizador (Cachete) con Ariel Máximo "Guille" Cantero”.
Según se consigna en el acuerdo, la mujer de 30 años se encargaba del “manejo del dinero recaudado con las maniobras extorsivas” y además era quien retiraba los pagos de los casinos.
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