Condenan por falsos secuestros a tres hermanos y quedan en libertad

A una semana exacta de la muerte en prisión de un miembro de la comunidad gitana, tres de sus hijos detenidos por una serie de falsos secuestros telefónicos aceptaron una pena a tres años de prisión condicional en un procedimiento abreviado. A raíz de la medida, que se firmó en un inusual marco de reserva y sigilo, los tres acusados fueron liberados. En el acuerdo sólo aceptaron ser miembros de una asociación ilícita, por lo que siguen abiertos procesos en su contra.

El procedimiento se presentó el viernes aunque trascendió ayer por la reserva en que se concretó. Por eso, pese a producirse en el ámbito del nuevo sistema oral y público que aspira a la transparencia de los actos judiciales, se desarrolló sin presencia de la prensa. Tuvo un trámite veloz, en una audiencia cargada de tensión que duró sólo ocho minutos.

Es que el acuerdo se cerró en un momento de alta sensibilidad tras la muerte de Gustavo "Masacote" Miguel, quien sufrió un infarto el mismo día en que iba a recuperar la libertad, y entre rumores de amenazas. En ese contexto el fiscal de Investigación y Juicio Nicolás Foppiani y el defensor particular Marcelo Piercecchi pactaron una pena de 3 años de prisión condicional para los tres hijos de Miguel.

Acuerdos. Masacote era el principal acusado, junto a varios miembros de su familia, de integrar una banda dedicada a extorsionar por teléfono a personas de quienes obtenían dinero y bienes tras simular el secuestro de un familiar. El hombre de 51 años estuvo detenido once meses y murió la madrugada del pasado viernes 27 de mayo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la Unidad Nº 3 de Rosario. Esa mañana iban a llevarlo a Tribunales para dar su conformidad, junto a sus tres hijos, a una pena de 3 años de prisión efectiva.

De ese acuerdo abreviado nada se informó oficialmente porque no llegó a presentarse. Pero según trascendió de fuentes del caso, la figura de Gustavo era clave: los hijos se aprestaban a firmarlo para que su padre recuperara la libertad. Algo que le hubiera correspondido por el tiempo que llevaba en prisión preventiva. El hombre padecía varias afecciones de salud por la que cuatro veces había solicitado cumplir la detención en su domicilio. Pero las cuatro veces los pedidos fueron denegados, con informes de médicos forenses que indicaban que podía seguir su tratamiento en prisión.

Con su muerte "la situación cambió" y también se modificó el resultado del acuerdo, que de prever prisión efectiva pasó a imponer penas en suspenso a los tres hermanos. Aunque no se explicita en el acuerdo, todo indica que el cambio se fundó en razones "humanitarias" y la consideración de que los hijos sufrieron una suerte de "pena natural" con la muerte del padre mientras era sometido a proceso.

Los acusados son Gustavo Aníbal Miguel, de 30 años, y sus hermanos Adrián Ezequiel, de 26, y David Marcelo, de 24. Los tres dijeron ser comerciantes al brindar sus datos personales. El viernes al mediodía se dispuso su inmediata salida de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, donde estaban alojados.

El abreviado se presentó ante el juez Juan Carlos Curto, el mismo que presidió la mayoría de la veintena de audiencias ligadas a la banda. En escasos minutos el fiscal planteó los términos de las condenas, los acusados prestaron su consentimiento y el magistrado dictó el fallo.

Así, los tres hermanos recibieron 3 años de prisión condicional como miembros de una asociación ilícita. Les impusieron las reglas de conducta de rutina, como fijar domicilios y "abstenerse de acercarse o tomar contacto de cualquier tipo con las víctimas".

Las condenas no cierran todas las causas registradas contra ellos. Los hermanos Miguel aceptaron integrar una asociación ilícita pero siguen abiertos otros legajos por el delito de extorsiones reiteradas. Les imputan entre cuatro a nueve hechos a cada uno, en los que aún se deben probarse roles concretos.

Compleja. No es la primera condena a la que se arriba en la compleja investigación que Foppiani encaró en 2015 ante la desmedida reiteración de secuestros "virtuales" en la ciudad. En base a evidencia colectada en la pesquisa EM_DASHescuchas, seguimiento de antenas de celulares, allanamientosEM_DASH en junio del año pasado fueron detenidas 17 personas, casi todos integrantes de la misma familia gitana. Se secuestraron autos, armas, alhajas, celulares y unos 3 millones de pesos. La Fiscalía les endilgó unos veinte hechos de los más de cien detectados.

En diciembre otra integrante de la comunidad, Yanina Miguel, firmó tres años de prisión efectiva por una tentativa de extorsión a una mujer que el 2 de junio de 2015 recibió un llamado asegurando que tenían secuestrada a su hija. La víctima constató que su hija estaba bien pero siguió con la conversación y acordó la entrega de dinero y joyas en un volquete de Mendoza al 500, lo cual permitió su detención.