El ex futbolista de Rosario Central Marcelo Toscanelli fue condenado a 3 años de prisión efectiva como coorganizador de una asociación ilícita dedicada a regentear juegos de azar en forma clandestina a través de internet. El ex mediocampista del equipo auriazul, integrante del plantel que se coronó campeón en 1987, reconoció ante la Justicia su culpabilidad en los ilícitos que le atribuyeron y declaró en carácter de arrepentido de manera tal que la pena impuesta fue menor a la que le correspondía por el delito inculpado. La sentencia, finalmente, fue resultado de un proceso abreviado acordado por los defensores Paul Krupnik y Néstor Oroño con los fiscales de Reconquista Nicolás Maglier y Rubén Martínez y homologado por el juez de la ciudad de Vera Martín Gauna Chapero.
Toscanelli, que es contador público nacional, se había presentado a la Justicia en noviembre del año pasado después de permanecer prófugo diez días y lo imputaron el último día de ese mes, cuando le dictaron la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años. Sin embargo, por problemas de salud ya que padece una grave enfermedad colorrectal, el ex futbolista canalla estaba cumpliendo la medida cautelar en su vivienda y hoy, mediante una audiencia que se realizó por zoom, aceptó la pena impuesta que cumplirá en el mismo domicilio y bajo reglas de conducta además del pago de una multa de 2 millones de pesos.
Con Toscanellí ya son dos los contadores públicos con condena en este trámite que investiga una asociación ilícita dedicada a la explotación, administración y organización de sistemas on line de captación de juegos de azar sin la debida autorización y defraudación a la administración pública. Hace un mes fue sentenciada Claudia Luján Prieto, también profesional, como integrante de la asociación ilícita a la pena de tres años de prisión condicional, más el pago de una multa económica. “Ambos fueron condenados en procedimientos abreviados y no irán a juicio oral porque aportaron datos que permitieron corroborar la investigación”, sostuvo una fuente de la Fiscalía de Reconquista.
Toscanelli fue buscado en Rosario en noviembre pasado durante un allanamiento a sus oficinas en el edificio Alto Buró ubicado en Junín al 100, en inmediaciones del Shopping Alto Rosario, pero allí no lo encontraron. Diez días después se presentó de manera espontánea ante la Justicia. En diciembre fue acusado como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe. En esa ocasión el fiscal Nicolás Maglier le adjudicó la autoría de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización y defraudación a la administración pública.
“La persona a la que se le impuso la medida cautelar privativa de la libertad es uno de los dos hombres a los que se investiga como jefes de la asociación ilícita”, sostuvo el fiscal tras esa audiencia. El otro señalado como jefe es Fabricio Eduardo Ciamporcero, un empresario de 45 años afincado en la localidad de Malabrigo, sospechado de haber consolidado una posición multimillonaria con el juego en línea y las máquinas de apuestas en las carreras de caballos. En total para entonces eran 17 las personas imputadas en el marco de esa investigación.
Los movimientos
La causa refirió las acciones ilícitas de una millonaria red de juego on line ilegal que solo en los dos primeros meses de pandemia habría recaudado unos 100 millones de pesos. Los investigadores le reconocen al grupo una estructura regional en Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Además, le atribuyeron a la red un vasto despliegue de actividades: conseguir vendedores, habilitadores de juego y jugadores. También gestionar las claves para ser vendidas para juego ilegal on line a los vendedores distritales en cada una de esas ciudades, todo sin ser bancarizado, exclusivamente a cambio de dinero físico. Según la fiscalía, una estructura similar se desplegó también en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y Entre Ríos, así como en el sur de Brasil, Chile y Uruguay.
La investigación de los fiscales Gustavo Latorre, de la ciudad de Vera, y su par de Reconquista Rubén Martínez se originó en septiembre del año pasado a partir de una denuncia sobre la actividad de dos garitos clandestinos en las localidades de Vera y Margarita. La pista detectó una red de computadoras en línea que funcionaban como casino clandestino. La recolección de información en servidores de internet, seguimiento de teléfonos y tareas de campo desembocó en 40 allanamientos practicados dos meses después en Reconquista, Villa Ana, Wheelwright, Malabrigo, Santa Fe y Rosario.
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Según la hipótesis del fiscal, Ciamporcero y el ex futbolista de Rosario Central encabezaban una red que solo en los dos primeros meses de pandemia recaudó 100 millones de pesos. Además del empresario afincado en Malabrigo y el ex volante canalla fueron acusadas otras 15 personas, entre ellas dos policías de la provincia y un penitenciario. Para tener una dimensión del negocio, las investigaciones más recientes de la Fiscalía sobre juego clandestino indican que el juego legal mueve 1.100 millones de pesos mensuales y que la cifra sería similar a la que circula en negro.
En ese marco, los fiscales Latorre y Maglier comenzaron en diciembre una investigación que puso bajo la lupa a Ciamporcero, Toscanelli y el sitio web Aconcagua Poker, que estaría registrado y radicado en España y habilita a usuarios a realizar apuestas on line de dinero.
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Los fiscales dijeron que “a las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar”. Además, explicaron que “para poder jugar los usuarios eran contactados por personas que integraban otro nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba «cajeros» y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”.
“Un eslabón más arriba que los cajeros —dijeron los fiscales— estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada cajero. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita. Operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final. También tenían a su cargo la administración”.
El fiscal Latorre indicó que la última línea “estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los cajeros”. E hizo hincapié además que “las evidencias recolectadas permiten afirmar, en esta instancia procesal, que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos” y añadió que “dos de ellos eran «cajeros»”.
