Dos de los policías condenados por el crimen de Jonatan Herrera, cometido el 4 de enero de 2015 en la zona sur de la ciudad, recuperaron ayer la libertad después de que un tribunal pluripersonal definiera en fallo dividido que "no hay proporcionalidad entre la pena impuesta oportunamente y el tiempo que llevan en prisión". En tanto un tercer efectivo, condenado como ejecutor del homicidio, deberá seguir tras las rejas después de que los magistrados le rechazaran el pedido de salidas temporarias para estudiar.
El 4 de enero de 2015 Jonatan Herrera lavaba su Volkswagen Gol frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho. Entonces apareció corriendo y con un revólver en las manos Brian Vespucio, perseguido por la camioneta Nº 5035 del Comando Radioeléctrico como sospechoso de haber robado una juguetería de la zona. Antes de llegar al cruce mencionado, los policías Miguel Iturres, Milagros Rodríguez y Gladys Galindo bajaron del móvil y le dispararon. Al mismo tiempo, los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, con escasa y reciente instrucción, bajaron de un colectivo de la línea 133 en el que iban otros diez agentes y se sumaron a los tiros.
Vespucio y Jonatan recibieron tres balazos cada uno. El ladrón (luego condenado a 6 años de cárcel por el atraco) fue detenido. Herrera, de 22 años y padre de un bebé, murió por dos impactos: uno en el cráneo y otro en el abdomen.
Cinco de los 9 policías que abrieron fuego aquella tarde fueron a juicio. Rodríguez, Sosa y Gálvez, por haber intentado matar a Herrera. A Rosales se le atribuyó el crimen tras comprobarse que la bala hallada en el cuerpo de la víctima la disparó él. Y 18 meses después fue imputada Galindo por el tiro en la cabeza.
El juicio comenzó en febrero de este año y el pasado jueves 5 de abril los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón absolvieron a la agente Galindo por falta de pruebas, condenaron a Rosales a 6 años y medio de cárcel por homicidio culposo y sentenciaron a Rodríguez, Sosa y Gálvez a 3 años y 8 meses por abuso de armas.
Transcurrido el tiempo, los abogados de los policías Sosa y Rodríguez, encabezados por la letrada Sara Marcos, solicitaron a la Justicia el cese de prisión de sus clientes, lo que les fue otorgado ayer por los jueces Rodolfo Zvala, Juan Carlos Curto y Alejandro Negroni en fallo dividido al entender que "no hay proporcionalidad entre la pena impuesta y el tiempo que llvan tras las rejas". En tanto, en forma unánime los magistrados le negaron las salidas transitorias al policía Rosales, cuya defensa las había solicitado para que el mismo asista a estudiar.
Las reacciones
La resolución judicial tuvo disímiles recepciones. La abogada Sara Marcos, representante de los policías Sosa y Rodríguez, mostró su "conformidad con lo actuado por el tribunal" y la "satisfacción porque mis clientes han recuperado la libertad en el día de la fecha ya que se les ha dictado el cese de la prisión preventiva con el voto de los camaristas Rodolfo Zvala y Alejandro Negroni, quienes entendieron que no había proporcionalidad entre la pena impuesta y lo que ya han cumplido tras las rejas hasta la fecha".
En tanto, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional, se sostuvo que lo realizado por los jueces, que negaron "arbitrariamente el acceso a la audiencia a integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, sociales, políticas, gremiales y académicas y demás familiares que acompañan el pedido de justicia", no es otra cosa que "consentir una excepcionalidad a la regla que no se utiliza en delitos comunes y avalar que la defensa de Sosa y Rodríguez no cumpliera con todos los requisitos exigidos para obtener la libertad".
En un comunicado difundido tras la audiencia, representantes de la Multisectorial aseguraron que "en Santa Fe la policía mata, altera el escenario de los hechos y se investiga a sí misma mientras el Ministerio Público Fiscal lo tolera y los jueces lo consienten y son condescendientes al interpretar las responsabilidades penales de los policías, en comparación con otras personas que cometen delitos".
En ese sentido ponen como ejemplo que "a Brian Vespucio, el joven perseguido por los policías que asesinaron a Jonatan Herrera, lo condenaron a 6 años de prisión por un robo. En cambio, los policías acusados de matar a Jonatan recibieron condenas iguales, menores e incluso absoluciones. Esas sentencias bajas, que hemos apelado, permitieron a los policías Sosa y Rodríguez salir en libertad".
Finalmente, el escrito dice que "por tratarse de una grave violación a los derechos humanos, por el peligro de fuga y por las amenazas a la vida, a la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan, seguimos exigiendo que los policías condenados cumplan efectivamente las penas recibidas". Y anticiparon que apelarán la medida en una audiencia que se ha fijado para los próximos días 3 y 4 de agosto ante un tribunal conformado por los jueces Javier Beltramone, Georgina Depetris y Bibiana Alonso, aunque el mismo podría cambiar si prospera la recusación presentada contra el primero de los magistrados por el abogado Enrique Font, representante de la familia Herrera, por "enemistad manifiesta".
