La Cámara Penal confirmó la resolución que imputó a dos comisarios, un abogado y un agente comercial como integrantes de la asociación ilícita liderada por Esteban Alvarado. El nuevo fallo fijó nuevos plazos de prisión preventiva para tres de estos acusados en tanto que hoy se revisará la situación del penalista para saber si permanece o no privado de la libertad.
La decisión del camarista Daniel Acosta valida la idea de los fiscales, avalada por la jueza Melania Carrara, de que un abogado y dos comisarios históricos del área antinarcóticos de la provincia eran parte de un grupo criminal que encabezaba Alvarado. A éste se lo acusa de haber generado mediante delitos violentos un entramado de al menos cinco empresas, que a la vez financiaban nuevos emprendimientos delictivos.
Uno de los policías que habían sido imputados es el comisario Javier Makhat, jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario hasta noviembre del año pasado. Para esa fecha en una casa de Alvarado allanada, donde se cometió el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, se hallaron recibos de impuestos de 14 propiedades a nombre de Alvarado o personas de su entorno. Una de esas boletas era una constancia de expensas del departamento de Condominios del Alto donde entonces vivía Makhat.
A Makhat le imputaron permitir que se use su nombre para la circulación de bienes de la asociación ilícita de Alvarado, ocultar los verdaderos dueños de esas propiedades y permitir el usufructo de ellas. También fue acusado de incurrir en una maniobra de lavado para ocultar el origen ilícito de bienes de la organización. Esa operación, dijeron, significó en un tiempo menor a dos años transferir bienes que luego fueron usados por la asociación ilícita. Entre ellos un departamento, dos cocheras y una baulera de Condominios del Alto.
Solvente
El camarista Acosta confirmó la prisión preventiva de Makhat por 60 días y señaló que la evidencia en su contra era solvente en esta etapa del trámite. Asimismo convalidó la prueba contra el comisario Cristian "Chamuyo" Di Franco, al que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery acusaron por haber tomado parte en la banda desde 2012 cuando era subjefe de la comisaría 3ª de Carcarañá. En dos meses de 2012, según una investigación del fiscal bonaerense Patricio Ferrari, a Di Franco le atribuyen mil cruces telefónicos con Alvarado. Se le adjudica desviar investigaciones judiciales, aportarle información a la banda y omitir investigar sus delitos.
En la audiencia Acosta fue explícito al señalar que con los elementos reunidos hasta el presente en la causa penal es muy probable que los dos comisarios reciban una pena de prisión de cumplimento efectivo. Planteó como trascendente el aporte que supone a una organización delictiva la colaboración policial y destacó que ambos acusados eran policías jerárquicos.
Otro punto importante en la audiencia fue el análisis de la situación de Claudio Tavella, abogado histórico de Esteban Alvarado. Los fiscales le imputaron cometer al menos cinco delitos en su rol de defensor para demostrar que en realidad es miembro del grupo. Uno es que en 2012 cuando lo van a detener Alvarado ofreció dinero a personal policial que no acepta para evitarlo. El segundo hecho es gestionar en 2014 el ingreso al Heca con identidad falsa de Jorge Laferrara, presunto miembro de la banda, que estaba herido y tenía entonces un pedido de captura.
Un tercer hecho es haber redactado un boleto de compraventa mediante el cual se transfirió una casa contra la voluntad de su dueño en favor de Alvarado. El cuarto es haber ofrecido al policía Pablo Bancora un millón de pesos para omitir detalles del allanamiento de la casa de Alvarado y su esposa en Funes Hills el 29 de noviembre de 2018. El quinto delito imputado es haber comentado a uno de los fiscales que en unos celulares secuestrados había evidencia que desincriminaba a Alvarado del crimen de Lucio Maldonado. Se presume que esos teléfonos fueron plantados por dos jefes policiales, hoy presos, para desviar la investigación. En ese momento los teléfonos no estaban peritados por lo que el abogado, dicen los fiscales, sólo pudo saber qué contenían por su contacto con la banda.
De peso
El camarista no prestó especial atención a los contactos telefónicos entre Tavella y Alvarado por su fuerza probatoria. Pero sí a "las decenas de comunicaciones" entre Tavella y otras personas a las que no representaba y eran de la banda, como el comisario Di Franco, "en virtud de no ser su cliente y ser un jefe policial con vínculo con su principal cliente". Aunque Acosta señala en la conducta del abogado apariencia de responsabilidad en el caso de plantar falsa evidencia con los teléfonos. También que la mayor parte de la evidencia tiene "un peso convictivo innegable". Y que la pregunta de si el ejercicio de la profesión de abogado fue un probable instrumento para la comisión de delitos "amerita una clara respuesta positiva". La prisión preventiva de Tavella, que fue confirmada, vence hoy. Para el camarista no hay evidencia de peligrosidad procesal lo que hace presumir que hoy puede habilitarse su salida de la cárcel de Piñero.
Por último a Jorge Benegas le confirmaron la imputación de pertenecer a la asociación ilícita y su prisión preventiva será revisada en 45 días.
Dos de las personas demoradas son menores de edad y en los procedimientos también se incautaron armas de fuego, municiones y un auto con pedido de captura
Por Luis Castro
Por Florencia O’Keeffe