El gobierno publicará un DNU con más restricciones para salir del país

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, trabaja en un decreto de “necesidad y urgencia”, DNU, que impondrá nuevas restricciones a los vuelos hacia y desde el exterior para intentar detener el ingreso de las nuevas cepas de Covid-19. Las medidas, según se afirma en la Casa Rosada, fueron acordadas con los gobernadores. “Habrá nuevas restricciones, sobre todo con los vuelos. En lo interno todavía no se prevén cambios”, afirmaron desde el entorno del presidente.

Se decretará que aquellos que decidan irse del país deberán pagar el examen PCR a su regreso y deberán hacer cuarentena de 14 días en hoteles pagando los costos. Claro que esto no parece totalmente definido todavía. “En algunas jurisdicciones van a tener que hacer aislamiento en hoteles los que den positivo”, dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero en declaraciones radiales. En la Casa Rosada no dan más precisiones sobre el resto de las medidas, pero advierten que, como no planean poner vuelos de repatriación como se hizo el año pasado, quienes salgan del país pueden “tener problemas para regresar”.

La semana pasada, el presidente y los gobernadores acordaron reducir los vuelos desde y hacia el exterior, además de declarar al personal de frontera como “esencial” para que pueda ser vacunado. Con buenas cifras de la temporada veraniega, el presidente acordó también no restringir el movimiento turístico interno, al menos hasta después del feriado largo de Semana Santa. “El DNU puede tardar unos días, hay muchos ministerios que intervienen”, señalaron.

Este lunes, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, encabezó una reunión virtual con una decena de gobernadores de provincias fronterizas, para afinar los detalles de los nuevos controles, que-serán “más estrictos” tomando en cuenta que Brasil, Chile y Paraguay están aumentando los casos y con nuevas cepas más peligrosas, en el caso de Brasil.

Los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y Transporte, Mario Meoni, estuvieron junto a De Pedro. Se acordó “reforzar con fuerzas de seguridad las fronteras para evitar el tránsito no habilitado”, con especial en las fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia, muy difíciles de controlar. También se “evaluaron los corredores seguros vigentes para el reingreso de argentinos provenientes del exterior” y “posibles nuevas medidas de control sanitario”, asunto del que no trascendieron detalles.

Cafiero dijo en una entrevista radial que los gobernadores deben hacer un “seguimiento” de quienes regresan al país y deben hacer cuarentena. En la reunión se recordó que “es responsabilidad de las provincias y la Ciudad” llevar a cabo esos controles. “La única manera segura 100% sigue siendo cumplir con los 7 días de aislamiento después de viajar al exterior”, afirmaron desde el Gobierno nacional. El ministro Meoni informó que se lleva a cabo un “ordenamiento de vuelos para garantizar la vuelta de argentinos en el exterior de forma ordenada y segura”, en relación a los cerca de 27.000 argentinos que hoy están fuera del país con intenciones de regresar.

En tanto, en el frente de las vacunas, ayer fue un buen día para el gobierno. Para celebrar que en la provincia de Buenos Aires se alcanzaron el millón de vacunados, el presidente Alberto Fernández visitó un puesto de vacunación en la Universidad Nacional de Lanús. “Lo que hace falta es preservar la salud, antes que la renta”, expresó el primer mandatario. El presidente dijo no concebir a la vacuna “como parte de un comercio”, sino que la entiende como “un bien global al que todo el mundo pueda acceder”. Luego de hacer notar que ya hay más de tres millones de inoculados en todo el país, exclamó: “¡Vamos por más millones!”.

Pero este es precisamente el gran problema. En cuanto a lograr más vacunas en un futuro próximo, desde Ezeiza, adonde fue a recibir el octavo vuelo proveniente desde Moscú, la ministra de Salud Carla Vizzoti, declaró que “se trabaja para que haya la mayor cantidad de vacunas lo antes posible”, y agregó “estamos trabajando fuertemente para que eso suceda, sin tiempo y sin previsión exacta”, en algo que pareció una confesión bastante insólita. “Calculamos que entre las 300 mil dosis que llegaron la semana pasada y estas 500 mil (de este lunes), por lo menos una semana de vacunación tenemos asegurada, y seguimos trabajando para tener más”, aventuró la titular de la cartera sanitaria nacional.

El PRO pide a Pfizer

En este contexto de alta incertidumbre, diputados nacionales del PRO propusieron una modificación de la legislación para adquirir vacunas de Pfizer. “Frente a la incertidumbre que generan los mensajes contradictorios del Gobierno y la indignación social por los vacunados Vip, hacemos saber que nuestro bloque, con sus 54 integrantes, está dispuesto a legislar en la materia para adquirir las vacunas del laboratorio Pfizer que tantos resultados positivos está dando en otros 78 países”, indicaron los legisladores en un comunicado. Los diputados del PRO hablan de un “plan fracasado” en relación a la vacunación contra el coronavirus, y consideraron: “Ha faltado previsión e idoneidad en la gestión de los funcionarios de Salud para lograr acuerdos con distintos laboratorios. Es momento de actuar sin demoras en la compra de vacunas y sin politizar la escasa inoculación aplicada hasta el momento”.

El ex ministro de Salud, Ginés González García, manifestó en el Congreso, ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que la compra de vacunas Pfizer se había frustrado por una negativa del Gobierno a “condiciones inaceptables” que presuntamente exigió el laboratorio. Al parecer esas exigencias inadmisibles no se hicieron en el caso de los 78 países que en este momento aplican o ya han firmado contrato con Pfizer. “Resulta imperioso revisar el articulado y retomar el diálogo para proveernos de las vacunas que nos hacen falta”, consideraron los parlamentarios opositores. Para concluir, los legisladores del PRO remarcaron que la voluntad de colaboración con el Poder Ejecutivo “siempre se mantuvo intacta. Deseamos alcanzar las soluciones que la sociedad les demanda al gobierno y al Estado por ser los responsables directos en garantizar el derecho humano a la salud”.