Demandan al Estado de California por proponer un plan para ayudar a inmigrantes ilegales

Una organización conservadora pidió a la Corte Suprema de California que se suspenda el plan de darle dinero a los inmigrantes que viven en el país sin autorización y que se vieron afectados por el nuevo coronavirus.

El Center for American Liberty alegó en nombre de dos candidatos legislativos republicanos que el programa de 75 millones de dólares que el gobernador del Estado, Gavin Newsom, anunció la semana pasada está prohibido por la ley estatal y federal.

Newsom ofreció 500 dólares para cada uno de los 150.000 adultos desempleados que quedaron fuera del paquete de estímulos aprobado por el Congreso debido a su situación migratoria. El dinero será distribuido a través de grupos sin fines de lucro, con el fin de proteger a los destinatarios de proporcionar información personal que podría costarles otras prestaciones o aumentar el riesgo de que sean deportados.

La impugnación argumenta que el plan de distribución queda excluido por la prohibición de la Constitución estatal sobre dar regalos a las organizaciones fuera del control exclusivo del Estado.

La petición fue presentada por la abogada Harmeet Dhillon, funcionaria del Partido Republicano que fundó el centro sin fines de lucro el año pasado con el objetivo de proteger las libertades civiles.

Señaló que es inquietante que el dinero sea distribuido por organizaciones desconocidas que no tienen responsabilidad alguna ante los contribuyentes.

La solicitud señala como imputados al gobernador demócrata y al director financiero del Estado, Keely Bosler.

Uno de los dos demandantes es Ricardo Benitez, un republicano nacido en El Salvador que llegó a Estados Unidos de manera ilegal en 1975, cuando era menor de edad. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 1986.