Una sentencia xenófoba

En el caso "Hawai vs. United States", la mayoría conservadora por cinco votos contra cuatro ratificó el decreto de Trump, avalando el "Muslin Ban", en la que suspenden el ingreso en el territorio de Estados Unidos por un plazo de 120 días a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Corea del Norte y algunos ciudadanos de Venezuela.

El fallo nos retrotrae al caso "Korematsu vs. Estados Unidos", de febrero de 1942 cuyo origen fue una orden ejecutiva de Roosevelt por la cual el Ejército podía desalojar de sus domicilios a cualquier persona que se considerara un riesgo y recluirla en campos de concentración. La medida se tradujo en la expulsión de la costa Oeste de Estados Unidos de más de 100.000 ciudadanos de origen japonés, incluidos aquellos de nacionalidad estadounidense. Uno de los expulsados, Fred Korematsu, protestó y fue condenado por desobedecer la orden militar. El caso fue tratado por la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual resolvió confirmar la decisión militar. La sentencia ha sido considerada uno de los grandes errores de la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Sonia Sotomayor, de origen hispano, es una de las jueces que votaron en minoría en el mencionado caso "Hawai vs. Estados Unidos". Sostuvo en la argumentación de su voto "que la mayoría del tribunal reproduce la misma lógica peligrosa que subyace en "Korematsu" y reemplaza una decisión equivocada por otra, adoptando un ánimo anti musulmán que resulta evidente a los ojos de cualquier observador razonable...".

El voto de minoría define a Estados Unidos como una nación construida sobre la base de la libertad religiosa.

Los musulmanes de hoy son los japoneses de ayer. La decisión de la mayoría de la Corte ratifica los prejuicios del presidente Trump, amplía sus poderes presidenciales bajo la coartada de la seguridad nacional y lanza un mensaje discriminatorio que es aplaudido por los populistas xenófobos de Europa.

La misma Corte Suprema cuyos decisorios han colaborado con importantes transformaciones de la sociedad estadounidense (el reconocimiento del matrimonio homosexual; la prohibición de la segregación racial en las escuelas; la legalización del aborto), en los últimos meses, con la mayoría conservadora ha dispuesto el veto inmigratorio, convalidado una ley de California que obligaba a organizaciones antiabortistas a dar información sobre el aborto y amparó a un pastelero de Colorado que en 2012 se negó a vender una torta nupcial a una pareja gay.

La Corte de Estados Unidos parece decirnos, nos dice Jorge Galindo en su reflexión "Ampliar la democracia", publicada en El País: "Primero, los nuestros; los otros nos hacen daños…".

La inmigración es uno de los grandes desafíos en el mundo globalizado. La conducta discriminatoria y xenófoba de algunos países de Europa, la sentencia del caso "Hawai vs. Estados Unidos", los movimientos gestados en Polonia, Italia, Turquía, Tunez, Austria, entre otros, afectan y lesionan la dignidad humana.

La exclusión no es textual e institucional, también es física. En Estados Unidos las autoridades, con fines disuasorios, separan a los padres de los hijos.

¿Quien defiende los intereses de una persona que sigue atrapada en una guerra en su país de origen o que está a mitad de fronteras?

Son personas sin derechos políticos ni sociales, verdaderos apátridas. Quienes atravesaron las fronteras son perseguidos o son refugiados excluidos de cualquier proceso democrático. Inmigrantes y refugiados necesitan cómplices ciudadanos que luchemos junto a ellos para convertirlos precisamente en ciudadanos.

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