Para aumentar su participación en el mercado un vendedor mayorista de café de Catania contrató como agente de marketing a Antonio Calderone, un hombre que había sido condenado a seis años de prisión en el célebre proceso de Palermo, donde fueron acusadas las mayores figuras de la mafia siciliana. Este peculiar empleado visitó celosamente bares y restaurantes de toda la ciudad. No demoró en producir resultados milagrosos. Según el diario La Repubblica un total de 280 negocios de los 426 de la ciudad empezaron a vender la marca de café que ofrecía Calderone.
El negocio característico de la mafia siciliana es la venta de protección. Un sujeto o emprendimiento A no se mete con un sujeto o emprendimiento B, no trata de estafarlo ni dañarlo, porque sabe que una agrupación mafiosa protege a B a cambio de dinero, y si lo perjudica estará afectando intereses directos de la mafia, lo que no es recomendable.
Las teatrales palabras de Guille Cantero fueron tan fuertes al iniciarse el juicio por los atentados contra catorce objetivos judiciales que otro evento mayúsculo, de lo que él mismo sería imputado por la tarde del mismo viernes, quedó en plano opaco. Se trata de un segundo trámite en el que Guille fue acusado por manejar a un grupo que extorsionaba a taxistas y por intentar hacerlo en el Casino de Rosario.
El modus operandi fue explicado en la audiencia. Un grupo de personas amedrenta a tiros a directivos del Sindicato de Peones de Taxis con un objetivo. En este caso que les paguen dinero y que abandonen la conducción gremial de la que desalojaron al ex secretario general Horacio Boix. Seis viviendas de los nuevos directivos fueron baleadas en el último trimestre de 2019. El objetivo era que la violencia asegure un rédito económico y además logre el propósito del que paga. Boix quedó con prisión domiciliaria por dos años por contratar a la estructura de Guille Cantero con ese fin.
La misma estructura se propuso hacer lo propio con el Casino. Según los fiscales era la primera vez. Fueron a producir una balacera para dar la idea de que podían arruinar la tranquilidad del negocio y de ese modo forzar a negociar. Pero en esa primera demostración de fuerza mataron a un apostador llamado Luis Encino. Una investigación detectó que la lógica del operativo era generar una transacción. Que alguien que maneja mucho dinero ceda una parte para no ser molestado.
En Sicilia la lista de clientes documentados de la mafia es larga y variada. Terratenientes, ganaderos, cultivadores de olivos y naranjas, campesinos, empresarios, políticos, médicos, comerciantes, contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de armas han pagado protección mafiosa para poder desempeñarse en paz o para que sus competidores no los molesten.
Lo que empezó a pasar en Rosario es que este negocio de Sicilia lo comenzaron a aplicar grupos criminales en extremo violentos que, a diferencia de las complejas organizaciones italianas, no ponen tanto cuidado en reducir daños evitables. El negocio de Los Monos en la actualidad no es el narcomenudeo como supo serlo. La principal mercancía que venden es protección. Extorsionan a pequeñas bandas sí dedicadas al comercio de drogas, a grupos de ladrones, a gremialistas como pasó con taxistas o portuarios, a propietarios de bares o de concesionarias, a comerciantes, a capitalistas de juego clandestino, a dueños de financieras. Incluso se involucran en un delito temido e inusual como los secuestros. Toda la city financiera habla hace un mes de la captura exprés a un conocido agente bursátil que habría pagado 180 mil dólares para su liberación. No se puede ir más allá de mencionar el rumor porque denuncia no existió.
El movimiento escénico de Guille Cantero con sus palabras (“yo contrato sicarios para tirar tiros a jueces”) le pasó por arriba a todo esto que se desplegó en la audiencia del viernes a la tarde, cuando los fiscales David Carizza, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery hablaron de ese nuevo poder extorsivo cuyo reaseguro es una violencia concretada con las balaceras que cruzan la ciudad. Es un problema de orden público pero, sobre todo, un cambio afianzado en el desempeño de esta estructura criminal. Que tiene una complejidad que no solo queda en el campo del delito común.
Los mensajes telefónicos del ataque al City Center, recordaron ayer los fiscales, pusieron al descubierto filtraciones de datos desde una fiscalía a un grupo delictivo. Esto ocurrió porque “Cachete” Díaz, ya imputado por organizar extorsiones para Guille, le pidió al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti que le averiguara sobre la situación de dos personas detenidas cerca del Casino en un control policial con un auto robado y un arma 9 milímetros.
Peiti tenía contactos en una fiscalía y preguntó. Desde la fiscalía le proporcionaron los datos que pedía en un mensaje de Whatsapp. Ese hilo de pesquisa acabó por desnudar que Peiti pagaba sobornos al fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al fiscal adjunto Gustavo Ponce, ambos destituidos y en prisión por ello.
La continuación de esa investigación derivó en el pedido de desafuero del senador provincial Armando Traferri que mañana está citado a audiencia imputativa. Los fiscales dijeron el viernes que una pesquisa que se inició a un sospechoso del atentado al casino condujo primero a la caída del jefe de 80 fiscales y después a la imputación a un senador, porque se descubrió que la plata del juego se ramificaba en el sistema penal y en la política.
La interna
Esto estalla como era inevitable a tres semanas de las Paso. Y la atención se concentra en la interna del PJ no porque sea la única sino porque, por su virulencia y detalles inusuales, es por lejos la más atractiva. Un punto es porque disputan en listas que se enfrentan el gobernador de la provincia Omar Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Esa excepcionalidad se suma al hecho de las estruendosas refriegas de estos días.
Se descuenta que Traferri no irá mañana a la imputativa a la que está citado. Acaba de cosechar un nuevo apoyo del Senado que remarca la vigencia de la inmunidad de proceso para él pese a que el camarista que lo llamó a presentarse dice que esa inmunidad es inconstitucional. De los 19 senadores lo apoyaron siete contándose a él mismo. Estos son Rubén Pirola, Joaquín Gramajo, Osvaldo Sosa y Traferri (por el PJ) y Lisandro Enrico, Orfilio Marcón y Rodrigo Borla (por la UCR). Los cuatro senadores peronistas cercanos a Perotti votaron en contra.
Los fiscales esperan a Traferri para acusarlo de organizador de una estructura ligada el juego ilegal por recibir dinero de Peiti. Hace tres días, el legislador dijo que eso es un invento y una persecución arbitraria orquestada por el exministro Marcelo Sain. Y contragolpeó duro contra sus adversario internos. Dijo que la mujer de David Perona, fallecido capitalista de juego imputado en Rafaela, estaba negociando una prisión domiciliaria. “Es una muestra de declaraciones pautadas que hacen los fiscales”, afirmó. Y señaló que el gobernador, el senador provincial Alcides Calvo o el senador nacional Roberto Mirabella, todos de Rafaela, “podrán saber mejor que yo para quién juntaban fondos”.
Eso lo dijo porque al secretario de Prevención de la Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Maximiliano Postovit, le secuestraron un celular los fiscales que investigan juego clandestino en esa ciudad en la causa contra Perona que era socio de Peiti. Postovit no está imputado aunque sí sujeto al proceso. Pero Traferri pareció querer advertir que puede no ser conveniente intentar sacar ventajas políticas de temas penales.
En el medio de una interna caliente la inocencia es lo último que se pierde. El perottismo con esto se blinda en silencio. Pero las acciones son más que refriegas proselitistas y en el campo penal seguirán jugando. Es factible que si Traferri desiste de presentarse mañana ante la jueza Eleonora Verón en la mesa de entradas del Senado habrá un segundo pedido de desafuero. Esta vez por desobedecer la orden impartida por el camarista José Luis Mascali para presentarse a una audiencia judicial.
Las organizaciones criminales se despliegan consiguiendo para su progreso resortes de influencia. En ese progreso todos obtienen una compensación a sus intereses. Las escenas de quince padrinos sentados en una misma mesa queda para las películas. El empresario Peiti es extorsionado por Los Monos, termina haciendo acuerdos con ellos para seguir su actividad ilícita. Para eso paga retornos a jefes policiales y al funcionario más encumbrado de la fiscalía de Rosario y también rastrea su conexión en la política.
Lo que hace Peiti es algo que Matías Dewey describe con sexto sentido sociológico en su libro “El orden clandestino”: pedir a las instituciones estatales que le vendan la suspensión de la aplicación de las leyes. Cuando se va a fondo con ese eslogan electoral que dice “avancemos cueste lo que cueste contra el crimen organizado” estos despelotes son los que se arman.
La frase de Guille Cantero no se puede minimizar porque se lo juzga por ser ideólogo de 14 atentados a blancos judiciales. Pero si se corre el peso de esa frase aparece lo otro. Se empezó investigando el atentado al Casino y cayó el fiscal regional de Rosario en el mismo legajo. Eso habla de la capacidad tentacular de la criminalidad y sus resortes económicos. También se ve acá un insumo de la criminalidad: el miedo. La venta de protección mafiosa es posible porque el vendedor impone miedo. Se le paga no solo por lo que hace, sino para que no haga lo que es capaz de hacer. De esto también se habló en la audiencia de las extorsiones atribuidas a Guille Cantero.
Si hay un momento de atacar al tipo de estructura que vive de la venta de protección es antes de que se conviertan, como pasó en Sicilia, en una institución social. Cuando la policía supo del mayorista que copó el mercado de café de Catania lo fue a ver a Calderone, el mafioso que había contratado. “Comisario, ¿qué quiere ahora?”, se quejó Calderone. “Cuando yo no trabajaba usted siempre me presionaba. Ahora que tengo un trabajo no me deja en paz”. El comisario se encogió de hombros frente a su superior. “Todo es legal”, le dijo.
