Qué muestran y qué ocultan los índices sobre delito

La demanda por seguridad ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los argentinos. En tiempos en que la economía funciona mejor, la seguridad crece como preocupación. Por el contrario, cuando la economía muestra problemas, este pasa a ser el principal asunto a resolver, dejando atrás el de la seguridad.

Teniendo en cuenta el lugar que ocupa la seguridad en la agenda pública, la gran pregunta que se hacen consultores, políticos y académicos es qué ocurre con la profusión de delitos: si hay más o menos casos respecto de meses o años anteriores; si la tasa que los mide sube o baja; si la situación general mejora o empeora.

Cuando se le hace la misma pregunta al gobierno nacional, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich responden que hay menos delitos en Argentina, que se evidencia una baja en su número y que esa situación favorable mejora año tras año.

Para afirmarlo, el gobierno nacional acude a las dos grandes fuentes de conocimiento del delito: los registros policiales y judiciales, y las encuestas de victimización. Con los primeros se mide el delito denunciado, y con los sondeos mencionados se consulta las veces que la población fue víctima de delitos en un período de tiempo determinado, aun cuando éstos no hayan sido denunciado ante las autoridades.

Ahora bien, en nuestro país tanto el delito registrado como las encuestas de victimización presentan serios problemas. Podríamos empezar por mencionar que las estadísticas oficiales —compuestas por información aportada por policías y fuentes judiciales— no contemplan el delito no denunciado. Además, las diferentes policías provinciales no registran de la misma manera ni se utilizan sistemas informáticos homogéneos.

Para salvar esta falta se utilizan, entre otras cosas, las encuestas de victimización. No obstante, para que estas sean de calidad deben llevarse a cabo de manera sostenida en el tiempo, en muestras cuyo tamaño sea relativamente grande, y sobre todas las cosas deben ser realizadas por organizaciones confiables e independientes del poder político.

Nada de esto sucede en Argentina: el delito no denunciado se estima en más de un tercio a nivel nacional y las encuestas de victimización generalmente no cumplen con los requisitos mencionados.

Frente a estas dificultades, y otras que exceden ampliamente las posibilidades de análisis de este artículo, en Argentina lo que se suele hacer para ver dónde estamos parados en materia de seguridad es contar el número de muertos en situaciones violentas. Es decir, a partir de un recuento de los homicidios y de la confección de las tasas correspondientes se intenta "ranquear", premiar o castigar gobiernos en su responsabilidad de brindar seguridad según el área geográfica donde aquellos se registren.

Tomando estos parámetros, en Argentina si hay más homicidios, estamos más inseguros. Si hay menos homicidios, estamos más seguros.

Esta suerte de regla de oro, que a simple vista parece algo incuestionable, tiene un serio problema llamado "muerte por causa externa de intención indeterminada". ¿De qué se trata esto? Cada vez que alguien muere, el ex Ministerio de Salud de la Nación registra el deceso según distintas categorías: muertes causadas por enfermedades y muertes causadas por factores externos. Las causadas por factores externos se dividen a su vez en accidentales y no accidentales. En este último subtipo se contabilizan los homicidios, los suicidios y las defunciones de intención no determinada, que son aquellas en las que no se puede determinar su causa.

Al observar el último informe estadístico (correspondiente a 2017) de la Dirección de Estadística e Información de Salud (Deis), del ex Ministerio de Salud, se observa que en Argentina se registran alrededor de 342.000 muertes anuales. De este total, unas 4.300 defunciones por causas externas corresponden a eventos de intención no determinada.

Esto último significa que el Estado nacional no sabe cómo ni por qué murieron 4.300 personas en 2017. Es decir, el gobierno de Macri tiene en claro y hace público a través del renovado Sistema Nacional de Información Criminal (Snic) que la tasa de homicidio para todo el país fue de 5.2 cada 100.000 habitantes en 2017, al contabilizar 2.279 víctimas de homicidio en todo el territorio nacional. Pero nada dice sobre esas 4.300 muertes caratuladas por causas violentas externas e indeterminadas. Resulta difícil saber cuántos de esos más de 4.000 muertos fueron víctimas de un homicidio.

Días atrás, el director del Centro de Estudios sobre la Inseguridad y la Violencia (Celiv), el investigador Marcelo Bergman, se preguntaba en una columna aparecida en un periódico de tirada nacional si esto era normal. En esa nota, Bergman comparaba nuestro país con la región, preguntándose cómo podíamos tener hasta el doble de este tipo de muertes que países como Brasil o México, conocidos por sus severos problemas de violencia e inseguridad.

También detallaba cómo en Argentina desde 2003 a 2007 los homicidios bajaban en casi mil casos, de 2.779 a 1.736; mientras que las muertes por causas externas de intención indeterminadas subían en casi 1.400 casos, de 7.397 a 8.737.

Sobre el final de la nota, Bergman afirma que existen buenas razones para dudar de la publicitada baja del robo en Argentina y de las tasas de homicidio "europeas" que el Ministerio de Seguridad de la Nación muestra de manera orgullosa de un tiempo a esta parte.

Mientras tanto, el gobierno de Santa Fe es criticado desde algunos sectores por el comportamiento de la tasa de homicidios en territorio provincial, tasa que, en el orden nacional, la gestión kirchnerista falseó y ocultó deliberadamente durante largos años (2008 a 2015) y que ahora la gestión macrista no termina de explicar.

Algo ocurre en Santa Fe por cierto, y desde el punto de vista político: la realidad, por dura que sea, se muestra, se enfrenta a diario. Las autoridades provinciales de Santa Fe dan a conocer, para su publicación, el ciento por ciento de los casos. No ocurre lo mismo en otros distritos del país. Con acciones concretas, políticas de Estado y pensamientos estratégicos, gobierno y ciudadanía de Santa Fe procuran mejorar las cosas y cambiar para bien. Por difícil que se muestre en algunos aspectos, la realidad en Santa Fe no se oculta. Las tres últimas gestiones provinciales se han caracterizado por sincerar todas las variables que miden los comportamientos de la sociedad en el plano de la seguridad. Sin atajos. Sin engaños. Sólo así, y con un abordaje integral que va mucho más allá de las políticas punitivas, es posible pensar un futuro más inclusivo. También más seguro.