Hay un afianzado modo de ser que a la rosca política le viene bárbaro. Consiste en que las discusiones entre poderes que impactarán fuertemente en la sociedad civil sean poco descifrables para ella. Una parte importante de la Legislatura y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) están emperradas en que Marcelo Sain, que ya no es ministro de Seguridad, sea desplazado como director del Organismo de Investigaciones (OI), cargo que ganó por concurso en ese cuerpo que se encarga de investigar para los fiscales delitos complejos, en especial económicos y violentos.
Sain se ocupó él solo de volver poco o nada fecundas las relaciones políticas con distintos actores del Estado. Incluso con funcionarios del mismo OI al que acaba de retornar. Un asunto es cuánto puede aportar en ese lugar luego haber asumido una tonalidad hostil, a veces con lógica y otras sin ninguna, con muchos protagonistas de la sociedad política santafesina. Pero otra cosa es si tiene o no derecho a estar ahí. En un cargo que ganó avalado por un tribunal evaluador, del que se fue con una licencia temporaria que le concedió la Corte Suprema y que ningún legislador ni la máxima autoridad del MPA objetó antes.
Lo que está en debate con todo esto es de lo que se trata la política que es, ni más ni menos, la lucha por el poder. En este caso la lucha por el poder se juega en Santa Fe acaso menos en las elecciones generales que en momentos atávicos donde el poder, la verdad de su estatuto, aparece descarnadamente en escena. En esto eso se ve y se siente.
Se habla de un exministro mientras Armando Traferri, que está sospechado en la investigación de dos fiscales de ser engranaje del juego ilegal en la provincia, recupera el lugar central en la escena política del que en estos meses de escándalo fue desplazado. Los fiscales quisieron acusarlo pero no pudieron porque la mayoría de sus colegas en el Senado de Santa Fe rechazaron su desafuero. Terminado esto el Senado le solicitó al juez del caso que archivara la causa. Los fiscales habían pedido que se declarara inconstitucional la norma que impide que se pueda imputar a un legislador en un delito si no es desaforado. La jueza de Rosario Eleonora Verón rechazó que esa ley que impide solamente en Santa Fe imputar a un senador de un delito mientras tenga su banca sea inconstitucional.
El beneficio provisorio de ese fallo, sumado al corrimiento de Sain, le dieron a Traferri una momentánea carta de triunfo que el senador decide usar a fondo. Primero denunció a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario públicos por negarse a archivar la causa en su contra. Pero el miércoles pasado apareció sin aviso en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que preside el radical Fabián Bastía para hacer lo mismo y pedir contra ellos la apertura de un proceso disciplinario.
Las cuatro juezas
En esa martingala de pasar de acusado a acusador arrastró además a cuatro magistradas. Traferri destacó que en el año 2020 estos dos fiscales tuvieron entre ambos 101 audiencias en total y que casi el 70 por ciento de las mismas fueron ante cuatro juezas en particular sugiriendo que podrían haber tenido algún tipo de interés que afectara su imparcialidad.
¿Quiénes son esas cuatro juezas?, se preguntó Traferri. Y dio esta respuesta expresa: Silvia Castelli, Valeria Pedrana, Melania Carrara y Eleonora Verón. De Castelli dijo que es ex fiscal y actual pareja del fiscal David Carizza de la misma unidad que Schiappa y Edery. De Pedrana, que es una ex fiscal y que en esa condición actuó en causas del padre del capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti hoy preso con quien se acusa de estar vinculado al mismo Traferri. De Carrara, que se excusó en una audiencia manifestando amistad con el abogado del fiscal preso Gustavo Ponce quien es denunciante de Traferri. De Verón, justo quien falló en contra de la pretensión de los fiscales, dijo que es la más imparcial.
Es muy interesante lo que pasó en esa audiencia de la comisión de Acuerdos. Al soltar el toro contra los fiscales que quieren imputarlo por un delito, en el que se habló de financiamiento espurio de la política, el senador sanlorencino también lo hace contra el Colegio de Jueces que puso a presidir esas audiencias a las magistradas, para él sospechosas de parcialidad. El golpe termina siendo para la Corte Suprema que es el órgano de control de los actos del Poder Judicial.
¿Todo por qué? Porque son los resortes que participan de una estructura que recibió el planteo aún en trámite, que se escuchó por lo menos en cinco audiencias, de que el senador que formula recriminaciones contra todos ellos debe, con todas las garantías que concede la ley, sentarse frente a un juez por ser parte de una estructura de juego ilegal que entre otras cosas financia la política.
Traferri afirma que existe una fuerte interna dentro de su propio partido que atraviesa su acusación. Es cierto. También lo es que si fuera un ciudadano común y no un senador ya habría entrado a un estrado acusado de un delito. Y que hay una maquinaria muy poderosa, de la que no participa solo su partido, que busca blindar a los legisladores de cualquier tipo de acusación. Hace tres años, cuando cinco senadores entre los que él estaba fueron denunciados por enriquecimiento ilícito, la respuesta en bloque de toda la Legislatura, unánime y sin debate, fue sacar una ley para cambiar el régimen disciplinario de los fiscales, que pasaban a estar en manos de los legisladores. El fiscal que investigaba a los senadores, Sebastián Narvaja, fue sacado del medio y terminó denunciado por un ilícito.
Puede ser que el régimen disciplinario de los fiscales necesitara una revisión. Pero la Legislatura se otorgó ese poder sin debate justo al mes de que cinco senadores fueran señalados por delitos económicos. Rápidos los músculos para dar el mensaje de qué les pasa a quienes quieran revisarlos. Después hubo dos modificaciones sobre esa ley, la 13.695, que extiende el control a todos los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA-Fiscalías) y del Servicio de Defensa Provincial. La última permite que las denuncias contra los fiscales y defensores las hagan, además de los órganos internos de MPA y Defensoría, los propios legisladores.
Traeme la plata
Es lo que está haciendo ahora Traferri. Algo que ocurre ante la inminencia de una decisión que definirá el destino de estos esquemas de poder real en la provincia. En no más de cuatro semanas la Corte Suprema de Santa Fe fijará posición sobre la constitucionalidad de que sean los legisladores los que sancionen, suspendan o destituyan a fiscales y defensores. El mensaje ya viene siendo claro. El fiscal que inició la investigación por enriquecimiento a cinco senadores terminó con una denuncia pendiendo sobre su cabeza durante tres años antes de que la cerraran por inexistencia de delito. Ahora Traferri acusa a sus acusadores por cometer delitos y pueden ser sus pares, senadores y diputados, los que terminen definiendo qué pasa con los fiscales que hablaron de dinero del juego financiando campañas políticas. En la investigación hay un audio donde el ex secretario Legislativo del Senado Ricardo Paulichenco, que falleció hace un año y fue apoderado del PJ, le dice al empresario de juego Leonardo Peiti el 23 de agosto de 2017 a las 6.32 de la tarde: “Che, para el viernes traeme plata”.
Al mismo tiempo Traferri impugnó en bloque a por lo menos tres juezas que participaron en su caso porque las cree parciales para intervenir en un caso donde se pretendía juzgarlo a él.
La mayoría de los senadores ya le evitaron el incómodo momento de estar frente a un magistrado. Ahora la Corte decide si los legisladores tienen la capacidad sancionatoria de quienes pueden investigarlos. Hace once años dos ministros del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, se opusieron férreamente a que el MPA y la Defensa Pública tuvieran la potestad disciplinaria de fiscales y defensores en desmedro de la Corte Suprema. Habrá que ver cómo se pronuncian ahora cuando lo que se pide es que esa facultad quede en manos exclusivas de los legisladores.
La Legislatura cambia leyes para que a sus miembros no los toquen. Un senador pide a sus colegas que abran un proceso para sancionar a dos fiscales que lo acusaron. Y los legisladores acerca de Traferri no dicen nada. Los de la oposición, el Frente Progresista en especial, prefieren hablar de Sain, que ya no es ministro, que de alguien que aún con distinciones como dice Joseph Conrad en Lord Jim “es uno de uno de los nuestros”. Por miedo, respeto, conveniencia o talante corporativo. Los del PJ tampoco abren la boca. En definitiva más allá de que se hable de pacto de Estado y delito todas las partes del peronismo, según el dictado de su congreso partidario, concurrirán unidas al proceso electoral.
En un momento en que se definen los mecanismos de control sobre los representantes del Estado, la Legislatura calla, pero hace. Y un político sagaz e inteligente que sigue siendo el dueño de todos los equilibrios del parlamento santafesino vuelve a tomar la iniciativa. En este caso para ir en contra de dos fiscales que esclarecieron delitos de Esteban Alvarado y de Guille Cantero, que aclararon los atentados contra el Poder Judicial y la corrupción del destronado ex fiscal regional de Rosario. ¿Estarán con esa trayectoria obsesionados en tumbar a un senador por fines políticos? Si fuera así en ningún lugar quedaría más claro que en una audiencia judicial.
Como dice el analista político porteño Martín Rodríguez, el poder parece concentrarse en una redistribución inversa: se le da más al que más tiene. Una cantidad de pactos de cúpulas no se descifran, pero se reflejan en los hechos. Los factores de poder real pueden traquetear un poco pero en Santa Fe nada se mueve de su lugar. Tan agraviada por los modales de Sain, para hablar de estos otros modales la política no parece tener nada.
