Etica, ¿estás?

El descuido de la ética pública y la ausencia de mecanismos que la garanticen explica y predice que actuales o potenciales funcionarios públicos sean tentados a caer en prácticas de corrupción, por lo que el rescate y fomento de la ética construye, reconstruye, fortalece, motiva y crea una identidad en la administración pública que conduce a una mayor responsabilidad funcional, contribuyendo a evitar o disuadir actitudes y posicionamientos reñidos con la ética y la corrupción, así como, consecuentemente con ello, la recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones públicas.

La ley 25.188 de ética en la función pública regula el ejercicio de la misma, estableciendo un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades. Específicamente, verbigracia, en el caso del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el mismo se integra con siete miembros, de los cuales las corporaciones cooperativas y mutuales imponen cuatro, esto es la mayoría decisoria; obviamente algo de inusitada gravedad ética e institucional.

En efecto, la ausencia e incumplimiento de una de las características valorativas como "la imparcialidad" en la aplicación de justicia administrativa cooperativa y mutual atraparía a varios integrantes del actual directorio de dicho organismo de aplicación nacional, con lo cual nos desviaríamos ilegalmente del concepto ético. Convergentemente, la ley 25.188 ha contemplado en su artículo 13 y cc. expresas "Incompatibilidades y conflicto de intereses", prescribiendo: "Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades…".

Ante la evidencia de la situación deficiente en que se encuentra la administración pública en general y la creciente demanda social a favor de un mayor sentido ético y de servicio en la gestión pública, la supremacía del artículo 85 y cc. de nuestra Constitución nacional institucionalizó un sistema de control externo del sector público mediante una Auditoría General de la Nación, la cual debiera expedirse claramente para asegurar -en este caso- una gestión ética, legal, transparentemente imparcial en la fiscalización pública cooperativa y mutual.

Preconclusivamente, ¿cómo no preguntarnos entonces si todos los que desde el Inaes ejecutan cooperativismo y mutualismo responden a las exigencias legales sobre "Incompatibilidades y conflicto de intereses" y a las claves éticas de independencia, imparcialidad e integridad?

Finalmente, cada amable lector puede repasar si esas condiciones se cumplen (¡o no!) en las personas que ocupan cargos públicos (nacionales, provinciales y municipales), en este caso puntual referencial remitimos a los miembros del directorio de Inaes, del cual dependen derechos y obligaciones cooperativos y mutuales de 17.818.197 personas asociadas de buena fe en 8.618 cooperativas y otras 10.129.547 integrando 3.039 mutuales registradas ("Actualización nacional de datos de cooperativas y mutuales", que difundió recientemente el Inaes por intermedio del registro respectivo).