Las provincias de Santa Fe y Córdoba llegaron a un acuerdo de trabajo conjunto para “hacer foco en un fuerte estímulo a las exportaciones lecheras, pidiendo una reconsideración de los aranceles para la leche en polvo y los quesos, buscando generar una mayor competitividad en toda la cadena”, tal como lo consignó el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología santafesino Daniel Costamagna. Esto se estableció tras participar de una reunión junto a su par de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, que se realizó en la ciudad cordobesa de San Francisco, junto a los equipos técnicos de las áreas de lechería de ambas provincias en la Sociedad Rural.
“Este encuentro fue el primero de un cronograma que reunirá periódicamente a los equipos técnicos de ambas provincias, con el objetivo de trabajar de manera conjunta”, informó el ministro. Entre otros puntos que se trataron en la mesa, cada provincia se explayó sobre las políticas con respecto a viviendas y caminos rurales; financiamiento para el sector; mejora en la calidad mediante asesoramientos técnicos; fortalecimiento del valor agregado; y control de buenas prácticas, entre otros.
Además, decidieron plantear en forma conjunta ante el Consejo Federal Lechero la necesidad de que la actividad sea considerada como economía regional para encarar mejoras a nivel estructural.
Costamagna estuvo acompañado por la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, María Eugenia Carrizo, y el director de Producción Lechera y Avícola, Abel Zenklusen.
Balance 2020 en rojo
El fuerte crecimiento que mostró la producción de leche el año pasado, que fue la más alta en cinco ejercicios, contrasta con un panorama negativo para los tambos en materia económica y financiera.
Según los datos que releva de manera mensual la Dirección Nacional Láctea, en diciembre pasado los productores cobraron por el litro de leche en tranquera un promedio de entre 21,36 pesos y 21,68 pesos.
De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), ese valor ni siquiera alcanza para cubrir los costos de producción.
Contemplando gastos directos, más gastos de estructura, amortizaciones y retribución empresarial, como mínimo los establecimientos deberían haber cobrado 22,84 pesos, calculó el organismo.
Y si a eso se sumara una lógica rentabilidad exigida al capital promedio operado del cinco por ciento anual, en realidad el precio de equilibrio para el sector debería acercarse a 27,12 pesos.
