Una nueva marcha se realizó en San Jorge para mantener viva la llama de la memoria y el pedido de que las autoridades investiguen a fondo para encontrar al o los responsables del femicidio de Florencia Gómez Pouillastrou ocurrido en esa ciudad del departamento San Martín el 12 de octubre de 2020. Como cada día 12 de cada mes, una actividad se desarrolla organizada por familiares, amigos, allegados y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer. En esta oportunidad compañeros de militancia de Florencia, del Partido Comunista, concretaron un duro reclamo hacia los hombres de la Justicia de Santa Fe para que revean el rechazo de la incorporación del partido como querellante en la causa.
En esta ocasión, se concentraron en la explanada de ingreso al edificio en el que funcionan los Tribunales de San Jorge y luego recorrieron calles de la ciudad hasta llegar a la intersección de Nothebonn y la ruta provincial 13, lugar en el que vieron con vida por última vez a Florencia. En la ochava sudeste montaron un memorial y en un breve acto leyeron el comunicado que el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista de Argentina entregaron en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires al cumplirse 12 meses del femicidio que permanece impune.
“Desde su asesinato, hace casi 13 meses, se realizaron numerosas y concurridas acciones en reclamo de justicia, en San Jorge, en el resto de la provincia de Santa Fe, en el país y en numerosos países que se indignan ante el hecho de que una militante política pueda ser asesinada y un manto de impunidad cubra su muerte”, remarcaron en el documento y recordaron que el crimen “se dio en contexto de pandemia, en un pueblo de 28 mil habitantes, a plena luz del día y en una zona descampada. La víctima era una reconocida militante comunista, quien fuera candidata a concejala en su ciudad y probablemente el 14 de noviembre hubiese garantizado un escaño por la elección popular”.
“Una militante que luchaba contra la concentración económica, la trata, la explotación y las redes de prostitución, los abusos a las infancias, acompañaba a víctimas y organizaba a su pueblo para la acción política. A un año de su femicidio, desde la Fiscalía no existe una línea clara de investigación, y ningún imputado”, destacaron.
Alejados
“El Partido Comunista de la Argentina se presentó a reclamar su derecho como querellante en un país que se presume democrático, respetuoso de los derechos humanos y que ejerce su responsabilidad institucional y política. Este derecho pretende sernos negado por el Poder Judicial santafesino que rechazó nuestra solicitud y dilata los tiempos de resolución de nuestra apelación sin ningún otro motivo que mantenernos alejados de la investigación oficial”, reclamaron.
Tras un repaso de lo ocurrido destacaron que “los femicidios, travesticidios y transhomicidios son crímenes profundamente políticos y por lo tanto son de interés público: los partidos políticos, instituciones públicas y organizaciones sociales que somos actores en la transformación de la realidad debemos tomar parte en la búsqueda de justicia. A esto lo enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus años de lucha por esclarecer qué pasó con lxs 30 mil. Nosotrxs gritamos ¿Qué pasó con Florencia Gómez? Estamos batallando, como ya lo hemos hecho con los juicios por causas de Lesa Humanidad, para que se nos reconozca, nada más y nada menos que nuestro rol en defensa de los intereses de nuestrxs militantes”.
Segunda en femicidios
“Por qué las víctimas de los pequeños pueblos del interior no merecen una investigación acorde a las circunstancias. Por qué sus crímenes valen menos. Por qué tardan 10 meses en ofrecer recompensa a quien aporte datos para la investigación del crimen de Florencia”, cuestionaron y argumentaron que “estas y muchas otras preguntas a un año del femicidio siguen sin respuesta. El gobierno de Santa Fe no desconoce la crisis del poder judicial que atraviesa su propia provincia, no desconoce el entramado mafioso que existe entre el narcotráfico, la explotación sexual y la convivencia del poder policial en esa red. No desconoce que el femicidio es un problema estructural en el país, y Santa Fe es la segunda provincia con más femicidios de la Argentina”.
En la presentación también cargaron contra el fiscal que inició la investigación de la causa, Carlos Zoppegni, y le recriminaron que “a horas del crimen comunicó irresponsablemente a los medios el asesinato desestimando el resguardo que merecían familiares y allegados de Florencia, permitió que la escena del crimen no sea preservada, que hubiese desprolijidades en el levantamiento de muestras y no ordenó ningún tipo de retén en las salidas del pueblo”.
También dijeron que el fiscal comunicó públicamente y en conferencia de prensa oficial el día 13 de noviembre de 2020 que el Partido Comunista de la Argentina sería rechazado como querellante, “todo esto previo a que llegase siquiera notificación de la audiencia con el juez Staiger para tratar nuestra solicitud. Esto no solamente es una falta de respeto y una desprolijidad del debido proceso en el marco de una investigación, sino que es una verdadera provocación”.
“Dicho fiscal informó que no comunicaba avances del caso porque estaba dedicado a investigar. A 13 meses, no hay una sola respuesta de qué es lo que sucedió con Florencia Gómez”, se quejaron y agregaron que “si a un año de investigación se sigue revolviendo la vida privada de nuestra camarada y no hay resultados, debemos inferir que estas sistemáticas faltas en el proceso de investigación y las nulas respuestas responden a una complicidad de la Policía y la Justicia de Santa Fe entrelazadas con las mafias convivientes en la zona”.
Entre otras consideraciones, exigieron una reunión urgente con el gobernador de la provincia, las autoridades del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe para tratar el femicidio de Florencia Gómez. También pidieron que se modifique el Código Penal de Santa Fe que da margen a la Justicia provincial para interpretar a su conveniencia que un partido político no puede defender los intereses de sus militantes constituyéndose como querellante.
