Infancia de la provincia recoge el guante ante las duras críticas de una ex funcionaria

No hace falta explicar que una repartición que debe encargarse de niños, niñas y adolescentes abusados, violentados en su entorno familiar, abandonados, que viven en la calle, que consumen drogas y alcohol desde sus primeros años de vida o están armados, es un área sensible del Estado.

Sin embargo, ese área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, ahora a cargo de Danilo Capitani, siempre está en el ojo de la tormenta, en toda gestión: radical, socialista o peronista.

Se trata de una secretaría que tiene bajo su ejido a niños y jóvenes desde su nacimiento hasta los 18 años. Son actualmente 749 chicos institucionalizados en toda la provincia (158 en Rosario) y 300 de todos ellos están contenidos en familias solidarias. El resto son albergados en edificios propios y alquilados: seis en Rosario (la mitad se rentan) y 11 en el resto de la provincia (solo uno de ellos se alquila).

Pero además, es un área que pertenece a un ministerio que cuenta con un pobre presupuesto: desde 2019 a este año nunca se llegó a contar siquiera con el 2% del presupuesto total de la provincia.

En 2019 recibió sólo el 1,44 por ciento (4.006.448.000 pesos); en 2020, menos: 1,63 por ciento (6.772.159.000 pesos), en 2021, subió algo, al 1,93 por ciento (10.023.749.000 pesos) y en 2022 se le destinarán unos puntos más: 1,97% (16.787.797.000).

¿Los reclamos y denuncias sobre esta área? Múltiples.

Que el presupuesto es escaso y se maneja irregularmente, que la burocracia es un paquidermo que demora toda tratativa del Estado, que las adopciones se retrasan y los edificios que albergan a esta infancia y adolescencia vulnerables son patéticos. Se escuchan las voces de quienes trabajan dentro: se dividen entre quienes lo hacen a destajo y unos pocos con ambiciones políticas. O se ve que las iglesias hacen su aporte sin dejar de lado su paradigma de caridad en el tratamiento de los casos.

Algo de todo esto denunció el domingo pasado en una carta abierta la ex subsecretaria Alejandra Fedele, actual militante política y social del Movimiento Evita.

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La militante renunció hace seis meses y su cargo aún está vacante. Pero no todo termina con su crítica misiva. Tras la publicación de la carta llegaron a este diario varios testimonios de actuales y ex empleados de la repartición que no pertenecen al espacio político de Fedele replicando el tenor de sus dichos, que por lo visto trascienden a la actual gestión pero ahora se han agravado.

La Capital entrevistó a la secretaria de la cartera, Patricia Chialvo, una trabajadora social de la provincia desde enero de 1984 en el municipio de Santa Fe, y ex diputada provincial justicialista por cuatro años. La funcionaria aceptó el diálogo pero remarcó, "no lo haré como contestación a Fedele".

Aclaró que solo detallaría cómo estaba trabajando ella y el resto de su equipo, en qué condiciones y qué investigaciones estaban en curso.

La carta de Fedele habló de irregularidades económicas "graves", "edificios en estado lamentable" y desacuerdos sobre cómo se informó a la Justicia el abuso de un celador a una menor de 11 años. ¿Por qué tema querría empezar este diálogo?

Ante todo voy a aclarar que no estoy contestando la carta de Fedele, sí puedo contar cómo se trabaja y por qué y dejar en claro que hay un pre sumario y un sumario administrativo en curso, que la Justicia sigue investigando el caso de abuso de un celador a una menor y que se están estudiando currículums para optar por una persona adecuada a ocupar el lugar que quedó vacante con la renuncia de la ex subsecretaria porque es necesario y estamos tapados de trabajo. Entiendo que lo administrativo nos sobrepasa y es difícil entender desde afuera, por eso quiero aclararlo. Esta es una estructura burocrática de muchos años. Por ejemplo, renovar un alquiler de un espacio de alojamiento puede llevar un año, no solo depende del Ministerio de Desarrollo Social sino de Economía, Catastro...Hay que evaluar el título de propiedad y la situación impositiva, la propuesta del propietario y acogerse a la ley de alquileres. Podemos tener una propiedad alquilada en cien mil pesos y el vecino pide 130 mil. Todo eso lleva tiempo.

Eso se entiende, pero son los padecimientos de cualquier inquilino, ¿el Estado no tiene resortes para agilizar eso cuando hay niños y adolescentes que requieren ser alojados en un lugar digno?

Bueno, el gobernador Perotti emitió un decreto (N.de la R. N° 2649 de noviembre de 2021) que acorta este proceso y autoriza a cada Ministerio a resolver con los propietarios las pretensiones de alquiler, esto a acortaría un tramite de un año a 4 meses. Esta normativa habilita a los ministros a resolver dentro de cada cartera cuando el aumento propuesto supera el 30 por ciento, algo muchas veces complicado en el mercado inmobiliario. Pero además estamos atravesados por otras cuestiones edilicias: trabajamos con Técnica y Arquitectura para evaluar si los edificios están en situaciones adecuadas. Por ejemplo, en Santa Fe hace 15 años que tenemos un centro, al que le construyeron una casa al lado y lo deterioró. Arquitectura nos informa que ese deterioro implica inseguridad para las ocho adolescentes que están adentro. Hay que buscar un lugar alternativo y no es fácil ni rápido, pero es necesario y estamos trabajando para conseguir una propiedad nueva.

Parece necesario y urgente, pero también pareciera que los niños y adolescentes pueden esperar siempre. Como sucede con los alojados en el deficiente edificio del ex Irar (Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario dependiente de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil), que si bien no corresponde a su cartera hace tiempo está en mal estado y poco o nada cambia.

Todos los edificios, propios y alquilados, merecen reacondicionamiento, pero de los que están bajo el ejido de esta cartera ninguno está en un estado grave: están hechos todos los estudios de arquitectura e infraestructura. A fin de año a partir de un ingreso de dinero, hicimos mejoras como cambios de aberturas, en dos de los centros, estamos reparando cosas y tenemos un listado de cosas por hacer.

¿Hay deudas con los alquileres?

Sí. Cuando llegamos a la gestión, el gobierno anterior había dejado deudas pendientes de hasta un año.

¿Y el presupuesto alcanza? Desde 2019 a ahora nunca se destinó a Desarrollo Social ni el 2 por ciento del total.

Siempre es bueno contar con más presupuesto y recursos económicos para Niñez y Adolescencia, porque los problemas son muchos y serios. Desde la provincia nos sumamos a programas de Niñez de la Nación y hacemos convenios con municipios y comunas; tenemos con Unicef un trabajo por delante con siete municipios como Santa Fe, Rosario, Venado, Rafaela, Vera, Reconquista y Tostado, para llevar adelante acciones conjuntas en problemáticas que ponen en riesgo la vida de niños y jóvenes.

Se trabaja codo a codo con las iglesias, católicas y evangélicas. ¿La secretaría dialoga sobre los paradigmas de infancia y adolescencia en juego o impera el de los credos? ¿Se aplica la ley Micaela (ley de 2018 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado) y la perspectiva de género?

Tenemos convenios con organizaciones de las Iglesias, más con las evangélicas en verdad, y eso condiciona por supuesto, pero cada equipo maneja los estándares de niñez establecidos por Unicef y también perspectiva de género, porque acompañamos problemáticas de chicos y chicas muy diversos también desde lo sexual, trans o niñas embarazadas o madres y claro que se ha formado en perspectiva de género y se aplicó la ley Micaela. También dedujimos la cifra de niños,niñas y adolescentes institucionalizados. Al finalizar la gestión anterior eran 1.100 y ahora son 749.

Parece muy necesario aplicar nuevos paradigmas como los de género. más cuando la repartición cuenta con un juicio penal a un celador denunciado por abusar de una nena de once años. Fedele asegura que la Justicia avanzó como pudo con la investigación porque desde la secretaría se protegió al acusado, se entregaron tarde la pruebas y que todo eso ella lo elevó al Ministerio y hasta declaró antes de renunciar.

Insisto en que no le contesto acá la carta a Fedele. Solo diré que hay que diferenciar entre un anoticiamiento o denuncia verbal y una denuncia formal. El 14 de abril de 2021 ingresó por escrito un informe del equipo técnico del dispositivo del alojamiento donde estaba la nena. Fedele le pide verbalmente a la directora, Patricia Virgilio, que haga la denuncia, ella sustancia la denuncia el 15 de abril de 2021. El 21 de mayo, Fedele envía mail al ministro y a mí con copia anoticiando lo ocurrido y, a partir de allí, hicimos un pedido de información pre sumaria. Y el ministro, quien tiene facultades para eso, ordenó la información sumaria. Todo lo que sucedió antes o durante hay que demostrarlo y en ese sentido los funcionarios pusieron sus mails y teléfonos a disposición de la Justicia. Nosotros trabajamos mucho con la gente involucrada con las denuncias ,y la Justicia sigue trabajando en el tema si bien en noviembre del año pasado, la fiscal a cargo (Mariángeles Lagar) decidió desestimar la acusación por demora de pruebas de la denuncia en que supuestamente incurrieron funcionarios.

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¿Hay posibilidades que el cargo de Fedele pueda ser ocupado por algún funcionario cuyo nombre haya estado implicado en el sumario de este caso?

No manejo nombres alternativos, corresponde a las autoridades superiores buscar un reemplazo. Solo puedo decir que están evaluando currículums para ocupar el puesto de la anterior subsecretaria con una persona adecuada porque su ausencia de todos estos meses recargó de trabajo al resto.