El femicidio de la docente Vanesa Castillo ocurrido en febrero de 2018 es otro de los tantos casos que ponen en cuestión el rol de los organismos del Estado en materia de protección a las víctimas de abuso y en este caso, a sus denunciantes.
Por Paula Busnadiego
El femicidio de la docente Vanesa Castillo ocurrido en febrero de 2018 es otro de los tantos casos que ponen en cuestión el rol de los organismos del Estado en materia de protección a las víctimas de abuso y en este caso, a sus denunciantes.
La familia de Castillo junto a organizaciones sociales y gremiales no solo persisten en el reclamo de justicia, sino que además impulsan la aprobación de la ley Vanesa, una legislación que proteja a las y los agentes estatales que denuncien las distintas formas de violencia hacia la niñez.
La docente fue asesinada el 15 de febrero de 2018 cuando salía de la escuela 533 Victorino Montes, ubicada en un barrio de la ciudad de Santa Fe. Días antes, había acompañado a una alumna embarazada a realizar una denuncia por abuso sexual. El acompañamiento realizado por Castillo a su alumna abusada no contó con ningún respaldo institucional. A los pocos días comenzó a recibir amenazas y el desenlace es conocido, fue asesinada por un sicario.
Pasados 3 años del femicidio que conmocionó a la comunidad educativa de la provincia, el proceso judicial solo condenó al autor material del crimen. Para la familia de Castillo el caso está lejos de haberse cerrado, sostienen que se condenó al sicario pero no al instigador del asesinato, por lo cual la querella espera que el Ministerio Público de la Acusación los vuelva a recibir y considere las pruebas presentadas.
El caso de la docente santafesina es emblemático, porque Castillo en su rol de funcionaria pública asistió a una menor victima de abuso sexual en absoluta soledad. Y en ese compromiso asumido como adulto responsable, no recibió ni el acompañamiento ni la protección de ningún organismo el Estado.
El femicidio conmocionó especialmente a los trabajadores de la educación, por lo cual los gremios docentes y diversas organizaciones sociales se han acoplado al reclamo de la familia, y hoy reclaman el avance de la promulgación de una ley que proteja a los denunciantes.
Una de las tantas organizaciones que acompañan este proyecto de ley es el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso Mujer). Cecilia Ancin integrante de este colectivo, dialogó con La Capital y fue contundente a la hora de describir las irregularidades que debió afrontar Castillo previo a su asesinato. “La ley de protección integral de las infancias establece el deber del funcionario público de denunciar estos casos y hay protocolos en ese sentido. Vanesa en su rol docente entendió que así era la ley, accionó protegiendo a la menor, pero en su accionar no recibió el acompañamiento de nadie, no tuvo ni la apoyatura de sus directivos ni del Ministerio de Educación de la provincia”, indicó.
Por su parte, Julia Cerrutti –ecretraria del área de género de la CTA Rosario, de la cual forman parte los docentes estatales– explicó que luego del femicidio de Castillo la organización gremial efectuó una serie de cambios en sus estatutos en defensa de sus trabajadores. “En el marco de las negociaciones paritarias durante el 2019 –recordó–, el gremio avanzó en la modificación de los protocolos que se establecen en el caso de denuncias cuando se detecten vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. Anteriormente, aquellos docentes que visibilizaban una situación de abusos de menores, exponían su nombre en esa declaración. El cambio que se produjo en los estatutos, es lo que queremos que se materialice en la ley Vanesa, y tienen que ver con la protección de la identidad de quien denuncia, en este caso el docente”.
La conmoción generada por el femicidio de Carrillo excedió el ámbito gremial y derivó en la resolución Nª 1274 de la Cámara de Diputados provincial, dispuesta el 7 de noviembre de 2019. Un documento que establece la creación de una comisión especial que tendría por objeto la elaboración y redacción de un proyecto de ley para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos y abusos sexuales, así como también la protección de los y las agentes estatales denunciantes. Finalmente la comisión especial requerida por dicha resolución se creó el 26 de diciembre de ese mismo año, estableciéndose como miembros integrantes a las diputadas Lucila De Ponti, Agustina Donnet y Erica Hynes.
A pesar de los avances mencionados y del tiempo transcurrido, la comisión encargada de la elaboración y redacción de la Ley Vanesa, no cuenta aun con los fondos requeridos para su funcionamiento. El proyecto de ley que lleva el nombre de una docente víctima de femicidio continua en lista de espera, aun cuando constituye una herramienta indispensable para proteger a los trabajadores del Estado que acompañen a niños y niñas y detecten la vulneración de sus derechos.
“Si bien la modificación de los protocolos establecidos en el ámbito gremial ampara a los docentes en ejercicio, consideramos que no es suficiente. Con la promulgación de ley se pretende articular estrategias de cuidado a las personas que denuncian y acompañan a menores vulnerados. La ley es estrictamente necesaria para cuidar y proteger a quien denuncia, y además, porque es una herramienta que nos garantiza seguir profundizando e instalando estas temáticas de abusos y violencias”, concluyó Cerrutti.
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