Los mecanismos del sistema judicial que velan por el buen desempeño y evalúan la necesidad de iniciar procedimientos disciplinarios de sus integrantes se pusieron en marcha ayer ante decisiones internas de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la denuncia presentada ante ese organismo por el diputado provincial -y ex ministro de Seguridad de Santa Fe- Maximiliano Pullaro, para que se investigue el caso del policía preso y el condenado libre de Cañada de Gómez.
La lupa se posa ahora sobre el fiscal Santiago Tosco para analizar su proceder, ya que se le cuestiona la decisión de solicitar 60 días (luego el juez determinó 40) de prisión preventiva para el policía Luis Pais, quien ingresó sin permiso ni orden judicial a un estudio jurídico del centro de la ciudad con la intención de detener al sospechoso Emanuel “Pechito” Cabrera. Este último, se habría dado a la fuga cuando el policía intentó detenerlo para identificarlo al bajar de un automóvil importado de alta gama.
Fuentes del MPA indicaron que la Auditoría ya formuló cargos contra el fiscal Tosco, quien además está a la espera de un juicio disciplinario por su proceder frente a un caso de robo violento a una familia de la zona rural. En el mismo, se acordó en juicio abreviado una pena de tres años de prisión efectiva para los autores.
Sin embargo, a Cabrera, imputado por cargos similares y por el mismo caso, pero defendido por el estudio Rossini y Asociados, se lo condenó a tres años de prisión en suspenso y se lo inhabilitó por seis años para portar armas de fuego. Fue acusado por dos robos, privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego de uso civil.
El hecho de que Tosco haya acordado menos pena para el cliente del estudio Rossini originó en noviembre de 2021 un proceso disciplinario por presuntas faltas graves y ahora, tras el episodio de la semana pasada protagonizado por Cabrera y el policía Pais, lo ubica al fiscal en el ojo de la tormenta.
La otra denuncia
Este viernes, Pullaro hizo una presentación ante la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, para que revise el proceder de Tosco, quien acusó al suboficial Pais por la persecución. “El ingreso al inmueble -por parte del policía- encontraría amparo en uno de los supuestos reglados de allanamiento sin orden”, expresó Pullaro en su denuncia y menciona el articulado que habilita la excepción como situación de urgencia justificada “por la persecución de un imputado de delito que se hubiera introducido en un local o casa”.
“Sin embargo, los ocupantes del inmueble allanado se opusieron a la medida no solo verbalmente sino interponiéndose físicamente y obstaculizando el accionar policial”, aclara la denuncia y objeta luego que el fiscal Tosco “sorpresivamente no ordena detener a quienes resistieron la acción policial a todas luces legítima. En cambio, y fuera de toda lógica y proporción, ordena la detención del agente policial, a quien luego le solicita prisión preventiva”.
En su misiva, Pullaro advierte que además de determinar las responsabilidades funcionales del fiscal es necesario que el MPA dé una señal contundente en respaldo de la labor policial “cuando es desarrollada en forma correcta y dentro de los márgenes legales”.
“De lo contrario, entiendo que la Fiscalía incurrirá en algún grado de deslegitimación ciudadana derivada de su deficiente ponderación de las circunstancias del caso y de su virtual alineamiento con quienes deberían ser penalmente perseguidos”, expresó el ex ministro.
Advirtió además que si bien no constituye un delito, la “cierta proximidad” entre el fiscal Tosco y el estudio jurídico Rossini, “pudo haber influido en una errónea ponderación del caso y en la consiguiente imputación y detención del personal policial”.
Liberado
El policía Luis Pais fue liberado en horas del mediodía de este viernes, luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada en los Tribunales de Cañada de Gómez. En esa reunión se revisó la prisión preventiva, entre otras medidas cautelares, impuesta al empleado policial luego de que irrumpiera en un estudio jurídico ubicado en el centro de la cabecera del departamento Iriondo con la intención de detener a un sospechoso que desobedeció su voz de alto.
Tras el reclamo popular expresado a través de las redes sociales y de un importante grupo de ciudadanos que marcharon desde la sede de la Unidad Regional X de policía hasta la Fiscalía para exponer su descontento, se dispuso la liberación de Pais, quien había sido imputado por cometer los delitos de abuso de autoridad en calidad de autor y amenazas simples, y ahora deberá atenerse a una serie de restricciones y exigencias hasta que la Justicia resuelva el caso.
En la audiencia, solicitada por la Fiscalía representada por el fiscal, Santiago Tosco, se expuso como nueva evidencia el resultado de exámenes toxicológicos, alcoholemia y acoholuria, de pericias sobre el teléfono del imputado, la constatación de domicilio y nuevas exposiciones de testigos de lo acontecido. “Ante la nueva evidencia surgida, ya no se presenta peligrosidad de fuga por parte del imputado”, indica un comunicado emitido poco después de la audiencia por el Ministerio Público Fiscal en el que también se aclara que la Fiscalía solicitó la libertad con restricciones para el policía.
Entre ellas debe fijar domicilio, firmar todas las semanas ante la autoridad administrativa pertinente y tiene vedado el ingreso a las localidades del departamento Iriondo. Además, se le prohíbe el acercamiento y contacto por cualquier vía a los profesionales del estudio jurídico Rossini y Asociados, en el que ocurrieron los hechos.
Los defensores del policía adhirieron a los requerimientos presentados por la Fiscalía ente el juez de Primera Instancia, Alvaro Campos, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal, dispuso luego la libertad de Pais y la continuidad de la investigación sobre lo ocurrido.
Pais fue imputado el 12 de marzo cuando Tosco le atribuyó los delitos de abuso de autoridad en calidad de autor y amenazas simples. Se lo acusó de haber obrado fuera de la ley a las 9.25 del 10 de este mes, cuando intentó ingresar al estudio jurídico para concretar la detención de un sospechoso. “En calle Pagani al 100 de Cañada de Gómez el imputado, agente policial del Comando Radioeléctrico dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional X, siguió y arremetió hacia E. C., exigiéndole su identificación sin justificación alguna, intimidándolo para luego perseguirlo hasta el interior del estudio sin contar con la debida autorización para ello, abusando de su autoridad”, se leyó durante la audiencia y se agregó que “también se le imputa en las mismas circunstancia de tiempo y espacio amenazar a dos trabajadores del estudio jurídico que se encontraban en el lugar”.
