Embargan la coparticipación al municipio de Roldán por cerca de $80 millones

Con un video en sus redes sociales, el intendente Daniel Escalante comunicó a la comunidad que este lunes empezaron a descontarle a la Municipalidad de Roldán parte de la coparticipación provincial para hacer frente al pago de la deuda generada por el juicio conocido como “Cedulón”, una demanda que data de 1996.

Según Escalante los vecinos de Roldán están obligados a pagar casi $80.000.000. Por tal motivo, cada mes el municipio se quedará sin tres millones de pesos, “un monto altísimo para este municipio literalmente quebrado”, enfatizó el intendente.

Y explicó que “semejante daño tiene sus responsables, todo se fue tapando, se mentía para que nadie sepa la realidad y la basura permaneciera bajo la alfombra”. A la vez, aseguró que su equipo técnico estuvo trabajando “para tratar de frenar la ejecución”, intento que no pudo lograrse.

Simultáneamente, informó que instruyó a los abogados “para pedir a la justicia que investigue a quien me antecedió en el cargo” y aseguró: “Me comprometí a transparentar la administración, no voy a mirar para otro lado. A Roldán lo vamos a ordenar. Va a llevar tiempo, pero vinimos para cambiar una forma de gobernar y, pese a todas las adversidades, vamos a salir adelante”.

Más allá del discurso grabado, Escalante contestó algunas inquietudes de sus seguidores de las redes. Le respondió a un vecino que preguntó "qué hizo la gestión anterior", a lo que el mandatario refutó que “hubo mala praxis o la mala fe de quienes nos antecedieron”.

Otro contribuyente pidió que debido a esta deuda no dejen de hacer obras en los barrios. A lo que Escalante se sinceró: “Inevitablemente afectará los demás subsistemas que nos componen. Esto se debe a desidia de quienes nos antecedieron", aunque se comprometió a intentar "que las condiciones de los vecinos sigan mejorando”.

El dinero retenido se descuenta directamente de la coparticipación por orden del Ministerio de Economía de la provincia. “El tema llegó a la Corte y no hay absolutamente nada para hacer, simplemente pagar”, dijo a este diario el actual secretario de Legal y Técnica, Iván Ludueña, y aclaró a este diario que "lo que se está abonando son sólo intereses de actualización del capital".

“Realmente es un despropósito jurídico lo que se ha hecho con esta demanda, semejante prolongación en el tiempo hace que hoy estemos en esta circunstancia, un verdadero disparate”, opinó el letrado y agregó: “Es la historia de nunca acabar, porque estos intereses se van actualizando permanentemente. Por eso queremos lograr un acuerdo con la parte demandante para definir un número cierto, cerrar esa cifra, y ver cómo pagarla”.

En esa línea remarcó que “ hubo una inacción total de los abogados de la Municipalidad” durante la gestión de José Pedretti “que hizo que se generen más intereses y mayores honorarios; en ese momento estaban todos contentos y conformes porque cobraban y eran felices, menos la Municipalidad, y por ende la ciudadanía”.

La demanda de la UTE Dafly SA en el caso conocido como “Cedulón” implicaba que la administración local debía hacer frente al pago de una suma cercana a los 17 millones de pesos luego de que la gestión de Roberto Miguel Di Santo anulara el contrato que había hecho con la firma para que hiciera un relevamiento tributario en 1994.

Ante la falta de pagos, a la empresa contratada por sus labores catastrales, inició el juicio que llegó a sentencia firme de la Corte Suprema. Previo a la decisión de Di Santo de no abonar por el trabajo, el relevamiento terminó siendo un escándalo y hasta hubo una pueblada.

La reacción de la gente se debió a que luego de que la empresa hizo un control aéreo de las propiedades y le entregó al municipio los datos de cada domicilio, aparecieron muchos metros cuadrados no declarados que en realidad eran piletas de natación, aleros o estructuras precarias.

Esa actualización tributaria había ocasionado que el impuesto inmobiliario aumentara de manera exorbitante y una multitud de vecinos decidió presentarse en el Concejo para reclamar. La manifestación terminó en descontrol con golpes a funcionarios, periodistas y militantes políticos. Finalmente el aumento se canceló, pero la decisión de no pagarle a la empresa derivó en este juicio millonario que sigue generando intereses y que las gestiones anteriores no lograron frenar.