El 20 de marzo, un accidente dentro de la fábrica que la empresa tiene en San Nicolás modificó por completo la vida de los vecinos del barrio Química, que se vieron directamente afectados
Foto: Greenpeace
Las muestras para determinar la contaminación por la explosión de la fábrica de Atanor se tomaron en un radio de 350 metros a la redonda.
El incendio y posterior explosión en la fábrica de agroquímicos Atanor, ocurrida el 20 de marzo, liberó sustancias contaminantes al ambiente y al agua según determinaron diversos estudios realizados tras el accidente. Sin embargo, vecinos y organizaciones de la zona denuncian hace 17 años diversas acciones por parte de la empresa que contribuyen a la degradación del ambiente.
Atanor ya había ocupado la agenda el año pasado luego de que la Justicia Penal de San Nicolás hiciera lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva. La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ante las “demoras injustificadas” del Poder Judicial bonaerense y Federal. Sin embargo, hay que situarse todavía más atrás en el tiempo para dimensionar los reclamos de los vecinos de la firma.
En 2007, delegados gremiales de la empresa denunciaron episodios de contaminación a través de accidentes como fuga de gases, derrame de líquidos y descarte de desechos sin tratamiento previo, que atentaban contra la salud de los trabajadores. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una investigación por ese accionar, pero durante tres años el expediente se “cajoneó”, según indicó el abogado Fabián Maggi, que lleva adelante una de las causas contra Atanor: “Por la presión ejercida por vecinos, el expediente apareció, aunque faltaban numerosas fojas.
"Se realizaron los primeros allanamientos para llevar adelante una serie de pericias en el lugar”, explicó el abogado a La Capital, en la edición del 25 de marzo del 2014. Un año después, la denuncia fue llevada al ámbito federal por tratarse de contaminación sobre el río Paraná. Y recién en 2023, la Justicia Penal prohibió a la firma seguir produciendo el insecticida “clorpirifos”, que causa daño neurológico en niños y niñas.
La madrugada del 20 de marzo de este año no fue una más para los vecinos de barrio Química, donde se encuentra emplazada la planta de Atanor. A las 3.30, un incendio dentro de la fábrica y sucesivas explosiones rompieron la quietud en la zona.
La empresa comunicaría, horas después, que el incidente se originó por la rotura de la tapa de un reactor destinado al proceso de síntesis química de atrazina, debido a un aumento de presión en dicho proceso. Esto derivó en un incendio en el “sector de aminación de la planta”, según indicaron. Los vecinos del barrio escucharon una serie de explosiones durante las horas siguientes. Por el hecho, un operario resultó gravemente herido.
Ese 20 de marzo, la sensación térmica superó los 40 grados y las personas que viven en los 300 metros a la redonda de la fábrica tuvieron que quedarse dentro de sus hogares, con todo cerrado por pedido de los bomberos ante el desconocimiento general de la situación.
Lo único que se sabía, hasta entonces, era lo que se podía palpar en el ambiente: un aire viciado e irrespirable por varias horas, según contaron los vecinos a La Capital, y hogares, autos, veredas y plantas impregnados con pequeñas manchas blancas.
Tras una semana, una delegación de Greenpeace llegó al lugar para tomar muestras y analizarlas.
Desde la ONG explicaron a este medio que una delegación fue a San Nicolás para llevarse muestras del agua que escurre por los caños que desagotan desde la fábrica hacia el río Paraná y de tierra de distintas partes del barrio Química.
Los resultados de los análisis sobre las muestras arrojaron presencia de atrazina en calles, veredas e inmuebles.
“Más allá de las muestras, lo llamativo es que después de la lluvia torrencial que azotó la zona y la limpieza que llevó adelante la empresa, se seguía viendo a simple vista el polvo blanco con el que se manifiesta la atrazina”, detalló entonces a La Capital el coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace, Leonel Mingo, que describió que el mismo se podía ver en paredes y calles “a unas cuantas cuadras a la redonda”.
Una semana después, según contó a este medio uno de los vecinos del barrio, seguía habiendo olor en el ambiente a pesar de que la fábrica fue clausurada, condición en la que continúa hasta estos días.
El médico Damián Verzeñassi explicó a La Capital que los múltiples daños por estar en contacto con atrazina se pueden pasar por generaciones.
En particular, explicó que la atrazina “es un disruptor endocrino que altera el normal funcionamiento de las glándulas, con impacto fundamental en las tiroides y las mamarias. Estudios hechos en ratas demostraron que genera cáncer de mama. Además, altera los ritmos de descanso del organismo, lo que aumenta el estrés oxidativo y acelera los procesos de oxidación de las células, que generan un funcionamiento dañino potenciando la formación de células anómalas”.
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce, hace más de 35 años, que toda sustancia que es disruptora endocrina es peligrosa no en exposiciones agudas sino en microdosis constantes, lo que ya es suficiente para provocar alteraciones genéticas transgeneracionales”, detalló Verzeñassi, que es director del Instituto Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Estas exposiciones, continuó el médico, hacen posible que se dañen células que generan espermatozoides en hombres y ovocitos en mujeres: “El ADN queda dañado y los hijos o nietos de personas que estuvieron expuestas a la atrazina pueden expresar ese daño en sus cuerpos. Esto fue publicado y no fue refutado”.
Y recalcó que “cuando hay una sustancia disruptora endocrina, no hay dosis seguras”.
Por su parte, el especialista sumó que “hay trabajos en nuestra región que la atrazina, asociada al arsénico, que está presente en la mayoría de las aguas de nuestra provincia, aumenta la toxicidad de uno y otro componente”.
Otras de las implicancias, según especificó, son la generación de inmunodepresión por mal desarrollo del sistema inmunológico, por lo que una persona afectada es más vulnerable a procesos infecciosos. “También se observó que altera el sistema nervioso central”, añadió.
Tras conocerse los resultados de los análisis sobre las muestras que tomó Greenpeace, Atanor publicó un comunicado para contradecir esos registros.
A través de un comunicado, la firma sostuvo que el objetivo del mismo era “evitar cualquier mala interpretación basada en información errónea".
“El mismo día del evento y el día posterior, en el marco de la inspección realizada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, se procedió a la toma de muestras de calidad de aire y suelo en diferentes sectores, tanto dentro del establecimiento de Atanor como en sus inmediaciones. Estas muestras, de las que la compañía conservó contramuestra, fueron enviadas en condiciones seguras de custodia y conservación a un laboratorio habilitado por dicho organismo de control”, explicaron desde la firma.
Y agregaron: “Los resultados de estos análisis no han detectado en aire concentraciones de ninguno de los compuestos requeridos por el Ministerio de Ambiente ni en suelo trazas de atrazina. Dicha información, respaldada por Certificados de Cadena de Custodia y Protocolos Oficiales de Informe emitidos y firmados por el laboratorio mencionado, ha sido acreditada en cada uno de los requerimientos de los organismos de control y de las actuaciones que tramitan en sede judicial”.
“Atanor desconoce tanto el origen como la veracidad de cualquier información que se publique, por no certificar la misma el respaldo científico requerido ni el cumplimiento de los recaudos normativos en vigor”, finalizaron.
Casi tres semanas después, un informe de la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense confirmó que el agua del Acuífero Puelche, con el que se abastecen San Nicolás y otras localidades bonaerenses y que sirve como punto de extracción para que la empresa desarrolle sus actividades industriales, presenta atrazina y sus derivados en todas las muestras obtenidas por el organismo en zonas lindantes a la fábrica de la firma.
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La ADA, que es la máxima autoridad en materia de agua en la provincia de Buenos Aires, llevó adelante un análisis de tres pozos de abastecimiento y cuatro de monitoreo en la zona de la planta de Atanor, en los que detectó presencia de atrazina y sus derivados.
Los resultados de los análisis de la ADA indicaron que el acuífero presenta “valores positivos de plaguicidas en todas las perforaciones ya sea de monitoreo como de abastecimiento”.
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