"Villa Banana es una cárcel dentro de una ciudad, al barrio hay que abrirlo de verdad". La frase de Facundo Peralta retumba en la charla que LaCapital mantuvo con referentes sociales de las organizaciones Causa, Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud; y Comunidad Rebelde. La preocupación de quienes prestan a diario contención social desde las ONGs se produce a pocos días del aberrante femicidio de una niña de 12 años que provocó una ola de detenciones. Sin embargo, los operadores sociales advierten: "Hay que desmitificar a la banda del Pandu. No darles prestigio porque otros pibes van a buscar esta identificación".
Luz, Facundo, Martín, Iván y Ana Laura integran organizaciones que prestan un servicio comunitario tanto en villa Banana como en otras barriadas de la ciudad. Muchos de ellos, hace casi 15 años que acuden a diario y hasta incluso algunos han residido en este asentamiento.
Además del diálogo con este diario —donde encendieron el alerta el espiral de violencia que se vive en el "Oeste"—, también divulgaron una carta abierta dirigida al gobernador Miguel Lifschitz. La misiva será enviada a raíz del femicidio de Guadalupe Medina, la niña de 12 años violada y estrangulada en una casilla de Banana, el pasado 25 de mayo pero va mas allá del caso judicial.
Según estos militantes sociales, la escalada de violencia profundizó el miedo. El terror se apoderó de las viviendas y los vecinos se esconden al caer el sol.
En la carta a Lifschitz estas tres organizaciones son categóricas al respecto. Además de exigir Justicia por este asesinato describen cómo se vive en uno de los asentamientos más antiguos de Rosario.
"La casilla donde fue abusada y asesinada Guadalupe se puede comparar con la celda de algún pabellón oscuro. De noche no circula nadie. La policía conoce la existencia de estos lugares donde las torturas y los abusos son frecuentes", denunciaron los militantes. "Las pequeñas bandas que intentan controlar el negocio de las drogas en los barrios, sea la banda de Pandu o cualquiera de ellas, lo hacen con la complicidad y participación de la policía", agregaron.
Como ya ocurriera en otra oportunidad, estas ONGs barriales le apuntan a la complicidad policial como el nudo de esta problemática. "Las comisarías 13 y 19, además de brindarle protección e impunidad a estas bandas, son un depósito para nuestros pibes. Allí son amenazados, humillados y torturados, como también hemos denunciado en más de una ocasión", manifiestan en la carta al mandatario santafesino.
Estos promotores, que van al territorio a desempeñar labores de reinserción laboral y escolarización señalan en forma inequívoca a los uniformados para explicar el asesinato de la niña y sus ejecutores.
"Estos pibes, fueron y son parte de un entramado que responde a la banda de crimen organizado más importante de toda la provincia: la policía santafesina. En la casa donde fue hallado el cuerpo de Guadalupe, ya había aparecido un pibe ahorcado y hay denuncias de vecinas que habían sido abusadas en la misma pieza. Esto la policía lo sabía", señalan en un párrafo.
Con el Chueco, Wititi y otro adolescente de 16 años detenidos al igual que el Pandu, los integrantes de estas organizaciones creen que se está muy lejos de resolver la violencia y el negocio del narcotráfico.
En este punto, las ONGs resaltaron que "los responsables del cruento femicidio de Guadalupe, también son pibes. Y su único vínculo con el Estado es a través de la policía, ya sea como víctimas de su violencia o como parte de su entramado delictivo. Nunca a través de la educación, la salud o la protección de sus derechos".
Por eso, lejos de pensar en una reducción de la delincuencia, se advierte que la situación puede ser aún peor. "Hay quienes ven en la persecución de los asesinos de Guadalupe, un territorio que queda libre para ser conquistado para el desarrollo de las mismas actividades delictivas. Siempre bajo el amparo de la 13ª y la 19ª", denunciaron.
Tras este duro diagnóstico la organización Causa, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y Juventud y Comunidad Rebelde solicitaron otras "armas para enfrentar a quienes intentan hacer de nuestra casa una zona guerra: abrir calles e iluminarlas; acondicionar espacios productivos y deportivos".
En forma más específica, a través de la carta se solicita la implementación "urgente" de dispositivos de salud que aborden las adicciones y políticas que fomenten el empleo "digno para los pibes, que permitan construir un proyecto de vida".
Por último y tras insistir en el desembarco de un Estado que lleve al territorio un conjunto de políticas que promuevan y protejan la vida de los pibes y las pibas del barrio, los militantes sociales concluyeron: "Sólo entonces podremos decir que se hizo justicia por Guadalupe".
