Esta semana un hecho marcó una bisagra en el abordaje de las políticas sociales que llevan adelante provincia y municipio. El Estado logró el acompañamiento del sector privado en lo que ha considerado una "prioridad" de la gestión: la inserción laboral de jóvenes que pueblan los barrios más vulnerables de la ciudad y que engrosan las estadísticas de muertes violentas.
Se trata de doscientas historias de vida, cada una con sus particularidades, detrás de las cuales hay mucha gente trabajando para torcer un destino que se encamina, desde el inicio, a la exclusión. Doscientos pibes que habían dejado sus estudios, no trabajaban y caminaban por una delgada línea que los separaba de las redes delictivas.
A ellos se los buscó, se los acompañó en capacitaciones de oficios y ahora llegó la etapa más importante: insertarlos en el mundo laboral. De allí que es más que valioso esta actitud de las empresas privadas que les abren sus puertas por el plazo de un año, en el que evaluarán sus capacidades. Se trata del resultado de un trabajo silencioso de mucha gente que, con una paciencia samaritana, se empeña en darles una nueva oportunidad.
Precisamente así se llama el plan que se instaló en 2013 dirigido a una población de jóvenes de entre 16 y 30 años que dejaron los estudios, no trabajan y suelen estar al borde la ilegalidad. El año de inicio de este plan coincide con el que se registró el pico de homicidios en Rosario. Fueron 225 las vidas que se truncaron violentamente en 2013 en las calles de esta ciudad. Entre ellas, la de Mercedes Delgado, una militante social de barrio Ludueña que trabajaba en el comedor comunitario San Cayetano y murió tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas antagónicas.
El giro
Ese crimen impulsó un giro en el abordaje de las políticas sociales y territoriales. Siempre hay un hecho que dispara un cambio de paradigma. Así como el 25 de agosto del año pasado miles de personas en las calles obligaron a decretar la emergencia en seguridad y al municipio a involucrarse activamente en políticas que hasta un mes antes direccionaba a la provincia, la muerte de Delgado cambió el enfoque y puso en la mira a una franja etaria vulnerable y sumergida en un espiral de violencia creciente.
Ese año estaba compuesta por hombres jóvenes, de entre 19 y 24 años, que poblaban los sectores urbanos más desiguales en materia social y de infraestructura. "Hoy el segmento bajó, a los pibes hay que buscarlos cada vez más chicos, a los 15", admite un militante social con varios años de trabajo barrial sobre sus espaldas.
El Nueva Oportunidad fue de la mano de otros programas, como el Abre, que intenta saldar históricas deudas de infraestructura que también conforman entornos de violencia. Vivir en un barrio donde los taxis no ingresan por miedo, las calles se tornan intransitables cada vez que llueve y los códigos de convivencia los impone el narco con la mirada cómplice de algún uniformado, también plasma una realidad violenta que golpea a estos jóvenes desde niños.
En silencio, se construyó algo que también merece ser destacado. El Nueva Oportunidad no se quedó en la mezquindad política, sino que le abrió la puerta a instituciones barriales, organizaciones de base, sociales, movimientos políticos y religiosos de distintos cleros.
De todo ese variopinto universo de gente comprometida salen los acompañantes que trabajan junto a los jóvenes que ingresan al programa.
En cada barrio se forman grupos de 15 pibes y cada uno tiene dos acompañantes. Se trata de los referentes que los buscan en sus casas, los llevan a los sitios donde se hacen las capacitaciones en distintos oficios y con quienes abordan, una vez por semana, temáticas como violencia de género, educación, derechos humanos, sexualidad y trabajo.
En un barrio el acompañante es el pastor, en otro el sacerdote que juega con ellos al fútbol y en otro el militante de una organización social o política. El Estado provincial les paga para que acompañen a estos jóvenes, más allá de cercanía o no con el ideario político. Parece extraño que sucedan estas cosas pero es muy valorable que así sea. Sin mezquindades, con el objetivo puesto en la inserción social. Y eso, sin dudas, merece ser destacado.
Según consignan quienes están involucrados en estas políticas, la prioridad ahora está centrada en una franja de jóvenes compuesta por quienes tienen problemas con la justicia penal, los que fueron detectados por un equipo de profesionales que trabaja con los heridos de arma de fuego que llegan a los hospitales y quienes han cumplido condenas.
Esta semana se sumó a todo este proceso un actor clave: los empresarios privados. Once empresas de Rosario les darán trabajo por el lapso de un año a 200 pibes que se formaron en el Nueva Oportunidad.
La provincia se hará cargo de una parte de los salarios y las firmas solventarán los seguros, el transporte y la ropa de trabajo. Pero hay algo más importante que se impone a todo esto. Con el trabajo llegará la dignidad. Estos 200 pibes merecen una nueva oportunidad, y por primera vez las mezquindades parecen quedar a un lado detrás de un objetivo común.