En el marco del proyecto “Las trabajadoras sexuales importan” de Onusida, la agrupación de meretrices Las compañeras de Sandra Rosario encuestó a personas de distintos géneros que ejercen la actividad en la ciudad, especialmente en el espacio público. “El relevamiento nos dejó en claro que la mayoría no tiene casa propia ni acceso a la vivienda, por eso queremos profundizarlo y sentarnos a discutir con los gobiernos cómo abordamos este tema”, explicó la dirigente Claudia Lucero, enrolada en la CTA autónoma.
La iniciativa se llevó adelante a fines del año pasado con financiamiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, lo que además permitió el reparto entre las trabajadoras sexuales de bolsones de mercadería y kits preventivos (es decir preservativos, alcohol en gel y barbijos para que pudieran cuidarse no solo en relación al sida sino también al coronavirus).
Justamente por el contexto de la pandemia y para garantizar el distanciamiento, las preguntas se formularon telefónicamente. Los resultados se volcaron luego a un estudio más amplio, que incluye además de Santa Fe a las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. El objetivo era, además de asistirlos, radiografiar la calidad de vida de quienes ejercen el trabajo sexual en estos populosos distritos argentinos. En otras palabras, visibilizar si tienen acceso a la vivienda, a la salud y a la educación.
“Para nosotras fue muy importante desarrollar este proyecto, para lo cual recibimos ayuda en cuestiones tecnológicas de la organización disidente El Revuelo, de la ciudad de Rafaela”, contó Lucero, al frente de un espacio de militancia cuyo nombre remite a la dirigente asesinada Sandra Cabrera.
“Estuvimos trabajando unos tres meses en el relevamiento y nos pudimos contactar con unas 160 compañeras”, agregó. La muestra se compuso en su mayoría de mujeres cisgénero y transgénero, y en menor medida de varones cis y trans.
Datos
La mayoría de los encuestados en las tres provincias son jóvenes: el 55 por ciento tiene entre 18 y 30 años; ante la consulta confiaron que no cuentan por el momento con cobertura social (ocho de cada diez). En tanto, el 86, 72 por ciento manifestó dificultades para llenar la canasta básica alimentaria y el 3,51 reveló que convive con el VIH/sida.
Sólo el 14 por ciento tiene vivienda propia, mientras que el 47 por ciento alquila y cuatro de cada cien viven en situación de calle, el resto en una casa prestada.
En cuanto al acceso a la educación, casi la mitad de los trabajadores sexuales encuestados (el 44 por ciento) tiene la escuela primaria incompleta, y sólo el 13 por ciento terminó este nivel, mientras que el 27,50 por ciento no finalizó el secundario.
“Queremos continuar con estos relevamientos porque nos dan datos precisos para sentarnos con las autoridades a buscar soluciones específicas”, resumió Lucero, en un contexto muy difícil para el colectivo, cuyas condiciones de vida se agravaron por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, la meta de la organización que integra es precisamente el reconocimiento de los trabajadores sexuales, ya que el carácter clandestino de la actividad les impide acceder a derechos básicos.
Nuevo mural
La agrupación Las compañeras de Sandra se formó en 2019. El pasado 5 de febrero, en el marco de un nuevo aniversario del femicidio de Cabrera, que tuvo lugar en la zona de la terminal de ómnibus el 27 de enero de 2004, inauguraron un mural que la homenajea y la recuerda. La obra fue pintada por el artista plástico Freddy Sciarratta en el frente de la sede de la CTA del barrio Luis Agote (Paroissien 4274).
A Claudia Lucero le tocó suceder a la líder de Ammar inmediatamente después de su crimen, hace 17 años. Ahora, a los 55, volvió al ruedo y desde allí dice: “Negar nuestro trabajo es violencia, por eso deber haber políticas públicas que nos contemplen; queremos obra social y jubilación para nosotras, así como reconocimiento al trabajo sexual”.
