El barrio que hasta 2015 fue escenario de muerte y disputa entre bandas, hoy muestra otros indicadores. Entre diciembre de 2014 y febrero de 2015, el barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de la ciudad, vivió su pico de violencia. Tiroteos y amenazas regaron de sangre muy joven las humildes calles de la barriada que se extiende a un lado de Circunvalación, entre las vías del ferrocarril y la calle Colombres. El playón de deportes que separa este vecindario del barrio La Palmera, se convirtió en un campo de batalla. Allí los pibes no iban a jugar la pelota. Se mataban a tiros. Un año y medio después, en ese mismo playón, cada fin de semana hay festivales y música. Durante las tardes, los vecinos han vuelto allí a tomar mate. Una transformación que llevó su tiempo, pero que demuestra que el trabajo conjunto de todos los estamentos del Estado puede devolver la paz que tanto declama la sociedad.
El trabajo no fue fácil. La violencia había comenzado a infectar las calles del barrio en 2010, cuando Rubén Arriola, alias Cachón, fue asesinado. El joven era el líder de una banda delictiva y un grupo de adolescentes decidió seguir su camino. Así surgieron Los Cachones, tristemente célebres en la zona por cometer todo tipo de tropelías, robar, amenazar y hasta obligar a vecinos a dejar sus casas para montar allí búnkers de drogas.
Del otro lado del playón deportivo, en tanto, otras bandas también comenzaron a crecer, y la lucha por el control del territorio no tardó en llegar. Las muertes se sucedieron impiadosas. El barrio se volvió intransitable. Las ambulancias dejaron de ingresar. El colectivo hizo lo propio. La violencia fue in crescendo.
Tras la espiral de homicidios que castigó a la ciudad (tuvo su pico en 2013 con 264 muertes), Gendarmería desembarcó por primera vez en Rosario en abril de 2014.
Ese mismo año, en Santa Lucía se registraron 6 homicidios, que treparon a ocho en 2015.
Poner freno a la violencia en esa barriada tuvo su estrategia: ganar las calles con Gendarmería, pacificar y dejarle el control a las tropas de elite de la policía provincial (PAT y TOE) y profundizar las políticas sociales. El proceso sería lento, pero debía dar frutos.
En conjunto. Según narraron fuentes de Desarrollo Social del municipio y del Ministerio de Seguridad provincial, "la clave para transformar este barrio fue trabajar en conjunto: Gendarmería dio el schock inicial, los ministerios de Seguridad y Público de la Acusación comenzaron las investigaciones tendientes a desarticular las bandas y el municipio desplegó acciones sociales dirigidas especialmente a los jóvenes más conflictivos".
En julio de 2014 la Policía de Investigaciones (PDI) desembarcó en el barrio con 70 efectivos y llevó adelante 15 allanamientos que derivaron en una decena de detenidos y secuestro de armas. Fue la culminación de una investigación que tuvo como objetivo desarticular bandas delictivas.
Mientras tanto, los trabajadores sociales intensificaron su trabajo. "Un ejemplo clave allí fue lo que sucedió con el programa Nueva Oportunidad (direccionado a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan dejado el colegio y no tengan empleo ni formación en oficios). El cruce de datos nos permitió identificar casos que no estábamos viendo. Teníamos que buscar a determinados jóvenes porque era clave que ellos comenzaran a integrarse a la sociedad", destacó un operador territorial.
En 2014, 20 chicos del barrio entraron al programa, en 2015 fueron 35, y en lo que va del año ya son 16. Paralelamente, comenzó a funcionar la mesa barrial, un espacio donde cada semana los vecinos vuelcan sus inquietudes y donde un trabajador social del Estado toma nota y actúa en consecuencia.
"Es la referencia más cercana que tienen. El operador se convierte en un referente, y prueba de los cambios es el hecho de que hoy participen de ese espacio 30 vecinos. Hace dos años eso era impensado, la gente tenía miedo de hablar", sostuvo una trabajadora social.
Radiografía. La pacificación del barrio posibilitó realizar un pormenorizado censo que se culminó hace pocos días. Es más, aún se están procesando algunos datos.
Así, se confirmó que en Santa Lucía viven 540 familias, lo que hace un total de 2.700 personas, 836 de las cuales son menores de 18 años.
La edad promedio de esa franja es de 8,5 años, y el 40% se ubica entre los 6 y los 13 años. El 75% está escolarizado y el índice de asistencia a la escuela (el barrio cuenta con nivel inicial, primaria y secundaria) es del 93%.
El censo, llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, también permitió relevar que en el 25% de los hogares no hay niños y en el 43% de las viviendas, las mujeres perciben la Asignación Universal por Hijo.
Además, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo relevó la situación laboral, lo que permitirá saber la cantidad de desempleo en el barrio (los datos se están procesando) y la cantidad de mayores de 65 años.
Todos los datos son clave para diseñar e instrumentar políticas sociales, y llegan luego de un proceso que comenzó con el shock inicial de gendarmes, el despliegue de fuerzas provinciales, allanamientos, detenciones, investigaciones y profundización de políticas sociales.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Seguridad, en el barrio hubo 6 homicidios en 2014; que treparon a 8 en 2015. Y en lo que va de este año se registraron allí 2 homicidios.
El playón deportivo ya no es un campo de batalla donde los pibes mueren justo a la edad en la que deberían empezar a vivir. Santa Lucía hoy luce distinto. Tal vez lo que sucede en ese confín del distrito oeste sea el faro a seguir en otros barrios, en tiempos donde Gendarmería vuelve a la ciudad y la sociedad demanda soluciones a la violencia. La clave parece estar en el trabajo en conjunto.
