Sanatorios admiten que no pueden pagar los aumentos salariales de la paritaria 2020

De cara a un paro de 24 horas previsto por el gremio de la sanidad para este martes, los prestadores de salud pedirán al Ministerio de Trabajo de la provincia, al igual que se hizo a nivel nacional, que dicte la conciliación obligatoria en el marco del reclamo de la aplicación de la cláusula por inflación del 16% que exigen los trabajadores de clínicas y sanatorios.

Salud Federal, la entidad que nuclea a las prestadoras del interior del país, reconoce el reclamo como “justo”, pero afirma que la ecuación no cierra. En 2020 tuvieron un incremento de los costos del 48%, mientras que los aranceles de la salud privada no se movieron más que un 15% en el mejor de los casos. “El sistema está totalmente desfinanciado”, dijo Rodrigo Sánchez Almeyra, vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario.

El reclamo que sostienen los gremios es nacional, sin embargo, hacia el interior del país, tiene sus particularidades. No solo porque la financiación del sistema es “desigual” en las provincias, sino además porque en la ciudad “el 70% de los pacientes se atiende en la salud privada, algo que es diferente en otras localidades, y que hizo que en la pandemia las instituciones estuvieran muy activas y con mucha ocupación”.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa) pide que se cumpla lo pautado en la paritaria 2020, un 16% que los prestadores aseguran que no pueden pagar y que llevó el viernes a un paro de tres horas y ahora se prevé una nueva medida para el martes.

“El problema que tenemos es que el incremento es merecido y figura en la paritaria del 2020, pero lo que decimos como empresarios es que al no haber habido incrementos de aranceles a lo largo de todo el año pasado, no lo podemos pagar”, señaló Sánchez Almeyra, que además indicó que este mismo lunes se pedirá a la provincia la declaración de la conciliación obligatoria para poder abrir un canal de diálogo con las cúpulas gremiales.

El planteo de las entidades tras un año de pandemia y en un marco de incremento de los contagios, es que “la salud está en peligro en un contexto que no mejora”, como titularon el comunicado emitido.

Allí, apuntaron que desde marzo del año pasado tuvieron que hacer frente a reformas edilicias para la habilitación de sectores Covid y no Covid en las instituciones, además de aumentos de costos de los insumos en un contexto de inflación y el “licenciamiento obligatorio” a parte del personal; sufrieron la caída de los pacientes no Covid que no se acercaron por las disposiciones de aislamiento primero y distanciamiento después, y prolongados períodos donde no pudieron brindar servicios como cirugías, prácticas, internaciones programadas y otros servicios.

“Mantuvimos la totalidad de las prestaciones a pesar de la escasa ayuda estatal y las insuficientes actualizaciones de las prepagas y obras sociales, con las que no logramos cubrir los costos en los que incurrimos en el 2020”, afirman.

Sánchez Almeyra puso como ejemplo las prestaciones a Pami, cuyos aranceles no tuvieron ningún incremento, y señaló que “las prepagas subieron en apenas un 10 por ciento y algunas obras sociales sindicales lo hicieron en un 15 por ciento”, y agregó: “A eso hay que sumar el desfinanciamiento de las obras sociales, que sufrieron en muchos casos la falta de pago de los empresarios y el aumento de la desocupación, lo que hace que todo el sistema esté desfinanciado”.