Pullaro aseguró que el Estado provincial quiere saber "qué pasó" con la bibliotecaria

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recibió ayer en Rosario a los familiares de la bibliotecaria fallecida días atrás en la comisaría 10ª. "Les garantizamos a la familia que todos los recursos disponibles que tenemos, que ellos necesiten del Ministerio de Seguridad, los tienen a disposición para saber qué sucedió. Nosotros tenemos tanto interés como ellos de que quede claro qué fue lo que sucedió", aseveró el funcionario.

Participaron del encuentro dirigentes de Amsafé Rosario, integrantes de la APDH y de la Cátedra de Criminología de la UNR. También el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reniero, y el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani.

"Es la primera declaración que hago sobre este caso", expresó el ministro en un intento por aclararle a los familiares que no se había pronunciado sobre el tema respaldando el accionar de los agentes policiales de la seccional bajo sospecha.

Para Pullaro, "la reunión fue sumamente importante. Le expusimos a la familia y también a las organizaciones gremiales, tanto Amsafé como la APDH, lo que desde el Ministerio de Seguridad se había hecho desde el primer instante que tomamos conocimiento de este hecho".

En ese sentido, contó que desde el vamos se pusieron "a disposición del fiscal Luis Schiappa Pietra brindándole todos los recursos materiales y humanos que él pudiese necesitar para esclarecer lo que había realmente sucedido en el lugar".

"Si hay algo que esta gestión particularmente nunca va a hacer —continuó— es cubrir algún policía que cometa algún hecho de corrupción o algún hecho de violencia institucional. Apoyamos a la policía cuando actúa correctamente porque es nuestra función, porque queremos disminuir el delito en la provincia de Santa Fe; pero somos implacables con los policías que cometen ilícitos o que se apartan de la ley o de los reglamentos, y eso que quede claro".

Al respecto, mencionó que en un año fueron exonerados más de 120 policías y pasados a disponibilidad más de 250 agentes, además de 500 sanciones administrativas.

Más adelante, el ministro de Seguridad reforzó: "Que quede claro ante la opinión pública y fundamentalmente a los familiares, desde el primer momento nos comunicamos con el fiscal del caso y el secretario de Control de la Fuerza, también con la fiscal de Violencia Institucional, (Karina) Bartocci, y se puso en total y absoluta disposición de lo que pudiese necesitar para saber qué era lo que había sucedido en esa comisaría, si hubo un mal desempeño o si hubo algún otro tipo de hecho ilícito".

Precisamente, la fiscal de Violencia Institucional dispuso citar a los agentes policiales que estaban en la seccional 10ª cuando acudió la bibliotecaria María de los Angeles Paris para que hagan su descargo sobre lo ocurrido, y analizar posibles imputaciones.

En paralelo, la jefatura de la Unidad Regional II de policía desplazó al titular de la comisaría 10ª, Silvio Cortez, para preservarlo de la investigación en curso.

En ese marco, Pullaro destacó: "Garantizamos a la familia que todos los recursos disponibles que tenemos, que ellos necesiten del Ministerio de Seguridad, los tienen a disposición para saber qué fue lo que sucedió. Nosotros tenemos tanto interés como ellos de que quede claro que pasó".