Esta importante causa investiga a trabajadores de la EPE y otros relacionados directa o indirectamente a la empresa que conforman una pata externa de la organización, por una presunta "asociación ilícita" que efectuaba hurto de energía a través de la adulteración de medidores.
De los casos constatados, se verificó que este tipo de intervenciones se realizaban sobre viviendas particulares, y también en supermercados, bares, restaurantes y otros locales comerciales. Así lo informó ayer la fiscal Haurigot en rueda de prensa.
Según la investigación, estas personas practicaban maniobras que son una "estafa" y que representan "una defraudación al erario público".
Dentro de este proceso, la fiscalía ya constató 25 de estas situaciones de conexiones clandestinas. "Se detectaron intervenciones ilegales de tres tipos: adulteración de medidores y conexiones subterráneas o aéreas clandestinas", precisó la fiscal.
Según los elementos recolectados, esta organización exigía un pago en el momento de la adulteración del medidor, y después pedía una mensualidad para "mantener el servicio irregular".
A medida de que fue avanzando la investigación judicial, se constató que este grupo "tenía gente adentro y afuera de la EPE", porque accedía a información y tenía conocimientos muy calificados, que desde afuera de la firma no se puede conseguir.
Antes de la audiencia, los imputados se encontraban en libertad, y vale recordar que fueron detenidos en el inicio de la causa y del proceso de imputación, pero luego quedaron libres ya que no se dio lugar a la solicitud de prisión preventiva que promovió la fiscalía, ya que entiende que corresponde que la situación esté enmarcada legalmente de esa manera.
La causa comenzó con una denuncia anónima, y luego la EPE, a través de sus principales directivos, impulsó su continuidad.
En la audiencia de apelación de ayer, el juez de Cámara evaluó la resolución de primera instancia, de noviembre de 2018,que ya había otorgado la libertad provisional a los imputados, y resolvió la continuidad de ese encuadre.
Solicitudes
"Desde la fiscalía pedimos que revoque esa libertad, porque consideramos que es la manera apropiada para poder avanzar en estos casos y evitar que las pruebas se destruyan. Para eso es necesario la privación de la libertad, y para estas personas imputadas sería la medida más gravosa", comentó Haurigot.
En la jornada de ayer, el juez convalidó la resolución de la jueza de primera instancia. "No hizo lugar a nuestro pedido y estas personas van a seguir sometidas a proceso en libertad, con ciertas restricciones que son obligaciones que tienen que ver con haber depositado dinero, y otras responsabilidades", precisó.
En ese sentido, la fiscal remarcó que "en este momento se pidió la revisión de cinco personas, pero los imputados en total son diez. Nosotros apelamos sólo cinco por cuestiones técnicas, ya que considerábamos que estaban más flojas las resoluciones de primera instancia. Y entre los diez hay empleados de la EPE, ex empleados y personas allegadas".
"Este grupo está desarticulado, en principio. Pero puede pasar que aparezcan episodios similares en este tiempo de investigación, que es el riesgo que queremos evitar con la prisión preventiva de los imputados que pedíamos", confió Haurigot.
Por Carlos Durhand
Por Miguel Pisano