Once días antes de que ocurriera la devastadora explosión en Salta 2141, la empresa Litoral Gas había pedido autorización a la Municipalidad para realizar un trabajo de carácter "urgente" en la vereda. Pero la empresa no sólo no avanzó en la tarea sino que, dos días después, rehabilitó el servicio tras un arreglo que hizo otro gasista, y no el que trabajaba el 6 de agosto, cuando se produjo el accidente que provocó 21 muertos y decenas de heridos. Para los investigadores puede resultar un dato revelador de acciones negligentes hacia adentro de la compañía.
A medida en que avanza la investigación a cargo del juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, se van conociendo aspectos que denotan una cadena de acciones u omisiones y, a través de los cuales, se busca reconocer qué factores convergieron para que ocurriera la mayor catástrofe de la historia de la ciudad.
Ahora trascendió que el 25 de julio Litoral Gas pidió autorización a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad para romper la vereda del edificio de Salta al 2100. ¿El motivo? Acceder a la red pública y colocar una válvula de corte del suministro hacia la instalación domiciliaria.
De allí surge, además, la famosa "marca amarilla" que dejó la compañía en la vereda del edificio siniestrado que, según un protocolo no oficial, supone que se debe hacer alguna intervención o adecuación en la instalación.
De hecho, una de las pruebas que se acumulan en la causa es una baldosa estampada con esa marca.
Lo llamativo es que la solicitud para romper la vereda llegó al Palacio de los Leones vía correo electrónico, lo cual se se considera un trámite de "emergencia": la empresa abre la acera, realiza el trabajo y tiene 24 horas para notificarlo.
De lo contrario, se debe iniciar un expediente que insume más tiempo (apertura programada), según lo establece la ordenanza que regula ese tipo de acciones de las empresas de servicios.
No obstante, una cuadrilla de la Municipalidad llegó al lugar para constatar el trabajo y no detectó rotura ni reparación posterior de la vereda, lo cual confirmaría que el arreglo jamás se realizó.
Se desprende, de ese modo, que si Litoral Gas inició el trámite de emergencia es porque evaluó previamente que la instalación merecía modificaciones o arreglos.
Dudas. Otro aspecto contradictorio es que el 27 de julio la compañía decidió reconectar el servicio.
Lo hizo luego de que un gasista, no el imputado Carlos García (quien trabajaba en el edificio cuando se produjo la explosión), realizara un arreglo que, en el marco de la pesquisa, es considerado muy precario.
En tanto, el mismo 25 de julio el consorcio (Calvillo Propiedades) remitió mails a los copropietarios para decirles que iban a ser "muy rigurosos" y que seguirían "la reglamentación", los protocolos de trabajo y las recomendaciones de la empresa respecto de colocar dos medidores (y no uno como tenía el edificio) para administrar la demanda de gas de las tres torres.
Aunque el 31 de julio Calvillo remitió otro correo electrónico a los vecinos, en el que aclaró que el nuevo gasista contratado (García) dijo que, para proceder al cambio del regulador, tendría que ir departamento por departamento para constatar el estado de los artefactos, advirtiendo que quien no lo hiciera no tendría habilitado el suministro.
El 2 de agosto se celebró una asamblea de propietarios. Ese día, el administrador se apartó de la recomendación inicial de Litoral Gas y confirmó frente a los presentes que se procedería a cambiar "un solo regulador".
También dejó entrever que ya no era necesario ni obligatorio hacer la inspección en cada departamento, aunque afirmó que era "conveniente".
A esa secuencia, y en los días previos al estrago, muchos de los damnificados recordaron ante el magistrado que Calvillo le dijo a un vecino que "no llamara a Litoral Gas", porque ellos se harían cargo del problema.
Hasta el momento, se les imputa el delito de estrago culposo agravado por las muertes a García y su ayudante (Pablo Miño), a Mariela Calvillo, Carlos Repupilli y Norma Bauer de Calvillo (sería indagada esta semana).
A estos últimos, por ignorar las recomendaciones y el reclamo de los consorcistas que planteaban dudas sobre el mantenimiento del edificio.
Asimismo, no se descarta en un futuro avanzar con acusaciones sobre varios inspectores y personal de Litoral Gas.
Cuenta regresiva
Las autoridades prevén para antes del fin de semana comenzar a demoler viviendas linderas del edificio de Salta al 2141. Será el paso previo al inicio del desmantelamiento de la estructura del edificio, de arriba hacia abajo. Con ese objetivo, trabajarán 30 operarios y la labor comenzará por una casa lindera y un pasillo, para luego poder llegar a los laterales de las torres. Demoler las estructuras colapsadas el 6 de agosto pasado costará nueve millones de pesos, según confirmó días atrás el gobernador Antonio Bonfatti.
