El dinero empleado para la locación no tiene en cuenta expensas, impuestos y servicios y otros gastos esenciales, según detalló la última Encuesta Nacional Inquilina
Twitter Gabriel Gutiérrez @gabiigutz
Los inquilinos entre la espada y la pared a la hora de alquilar
“Incertidumbre”, “Angustia” y “Preocupación”. Con esas palabras definieron su situación los inquilinos en la última Encuesta Nacional Inquilina. El informe arroja que 5 de cada 10 encuestados utiliza el 40% de sus ingresos sólo para pagar el alquiler y uno de cada tres se tuvo que mudar por el costo de una renovación de contrato.
Además, el informe -desarrollado por Inquilinos Agrupados, organización nacional que tiene representación en Rosario- refleja que el 88% tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses.
Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), alquilar un monoambiente en Rosario tiene un precio promedio de 250 mil pesos por mes según datos de marzo. Un departamento dos ambientes ronda los 330 mil pesos de media y un inmueble de tres ambientes alcanza los 400 mil pesos.
A estos números hay que agregarle el porcentaje de expensas, que según este informe es casi un 16% del valor del alquiler.
En los resultados expresados por Inquilinos Agrupados se expone que el 66,5% de los contratos se firma con una extensión de dos años, y ya quedan atrás los acuerdos por tres temporadas (sólo el 3,7% se firmó bajo esta pauta) como lo exigía la antigua ley de alquileres.
Misma situación para las actualizaciones, ya que menos del 20% de los contratos tiene un ajuste anual, y son mayoría las frecuencias mensuales, trimestrales o cuatrimestrales.
El mecanismo de actualización, es decir el porcentaje de referencia que se toma para aumentar el alquiler, es dominado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un 64% de casos, un poco más atrás el Índice para Contratos de Locación (ICL) en un 30% de los contratos. Otras maneras minoritarias son el índice de Casa Propia o la volatilidad del dólar.
Otra de las problemáticas que afrontan los inquilinos es su relación con el trabajo y la dificultad para llevar la economía del hogar. El 35% de los encuestados afirmó que, a pesar de tener trabajo, está en búsqueda laboral activa. En esta misma línea, el casi el 67% de los 1.402 participantes planteó estar preocupado por la cantidad de horas que trabaja.
Bajo este panorama, el 64,6% tiene deudas y los principales motivos están relacionados con las tarjetas de crédito, alimentos y hasta el mismo alquiler. La mitad de este grupo está atrasado con el pago de sus deudas.
Frente a los problemas económicos, enmarcados en situaciones laborales como monotributistas, informales o sin estabilidad, el 30% de los inquilinos afirmó haberse mudado por no poder pagar el alquiler.
Según la última estadística elaborada por Cocir, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), un total de 27 mil contratos se rubricaron con un período de 2 años y actualizaciones cuatrimestrales. El 98% de la población inquilina pudo pagar a término el alquiler mensual, mientras que un 2% canceló el contrato por razones económicas.
En ese marco, sostuvo que "hubo muy pocas mediaciones" y que las mismas tuvieron lugar una vez que el gobierno nacional puso en marcha el DNU a partir de enero de 2024. "Las indexaciones realizadas desde abril 2024 hasta agosto fueron los meses más complejos, pero ni bien la inflación comenzó a desacelerarse no hubo más reclamos, al menos que Cocir tenga registro", aseguró el coordinador del Departamento de Estadísticas de Cocir, Alejandro Bassani, a La Capital.
En este sentido, agregó: "De los 25 mil contratos relevados, el 3% había resuelto o terminado el contrato por cuestiones económicas. No tenemos antecedentes inmediatos de que eso haya variado. Sí sabemos que el nivel de pago de los inquilinos es del 98%, es decir que la gente paga el alquiler".
Por último, aseguró que las estadísticas que manejan otras asociaciones de inquilinos "son totalmente diferentes a las que elabora Cocir, que la lleva a cabo con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNR, que realmente validan los registros que el colegiado pública".
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