Con un alto consenso en la Cámara de Diputados, ya está en la Legislatura provincial el proyecto que propone la expropiación de la empresa de logística Expreso Júpiter, una medida por la que vienen dando batalla los 50 empleados para poder mantener los puestos de trabajo como cooperativa y evitar los despidos. La iniciativa, presentada por el socialista Joaquín Blanco y que lleva la firma de los diputados Miguel Solís, presidente de la Comisión de Trabajo, y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), aparece como la única salida a la pérdida de los puestos de trabajo, ya que la empresa se encuentran en un proceso de vaciamiento y la Justicia ordenó la liquidación.
"Lo que hacemos es acompañar el proceso de los empleados para que puedan convertirse en una cooperativa y mantener los puestos de trabajo, que vienen defendiendo desde hace diez años ante el intento de vaciamiento por parte de los administradores de la empresa", recalcó Blanco, ya que si el proyecto prospera, la Justicia deberá suspender el proceso de liquidación de los bienes que ordenó semanas atrás y pasarlos a manos de la cooperativa de trabajo que se está conformando.
La situación de Júpiter afecta 55 puestos de trabajo directos y 15 indirectos, que sostienen a unas 70 familias que ahora corren riesgo de quedarse sin su principal fuente de ingreso.
La compañía, que fue fundada en los años 60, se ocupa del traslado de productos y mercaderías en general entre Rosario y Buenos Aires, y fue durante décadas una referencia. Si bien se hace en forma tercerizada, también lleva adelante la distribución de las mercaderías en el interior de la ciudad y trabaja, centralmente, con grandes comercios y mayoristas como los ubicados en el corredor de calle San Luis.
Problemas y liquidación
La crisis para la empresa comenzó en 2009 tras la muerte del último socio fundador, Juan Manuel Fuster. A partir de ahí hubo dificultades para llegar a acuerdos de mayorías en las asambleas, por lo que nunca se pudo designar a un gerente.
Los desmanejos y el proceso de vaciamiento hicieron que los empleados tomaran de hecho durante tres semanas la administración de la compañía con el único fin de evitar la pérdida de sus puestos de trabajo y evitar la continuidad del proceso de pérdidas.
Sin embargo, la Justicia no sólo le ordenó dejar la administración, sino que además en diciembre y a pocos días del inicio de la feria judicial, se emitió el fallo que sentencia la disolución de la sociedad Empresa de Transportes Júpiter SRL y la liquidación de sus bienes. La medida dejó atados de pies y manos a los trabajadores, que ahora tienen en la Legislatura su única chance de continuidad laboral.
"Tras la sanción de la ley de empresas recuperadas, la provincia tiene las herramientas necesarias para acompañar a los trabajadores en esta difícil situación", señaló el autor del proyecto, e hizo hincapié en que "la meta es llegar a una solución lo antes posible".
El mensaje, claramente, es para los jueces que deben definir el futuro de unas 70 familias.
"La Justicia tiene que saber que hay un interés de los diputados de la provincia por frenar la liquidación y abrir la mesa de posibilidades para sostener las fuentes de laborales; más en un contexto de crisis brutal donde los puestos de trabajo deben defenderse", sentenció el legislador provincial.
Así las cosas, el futuro laboral de estas familias depende ahora de que el proyecto avance. La empresa de la que dependen se encamina al cierre definitivo y en la coyuntura que atraviesa el país, la pérdida de fuentes laborales condena a estas familias a un futuro incierto de exclusión. El paraguas legislativo aparece como clave.
